El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú será el magistrado que entenderá en el proceso penal por lesión de confianza que soporta el actual gobernador del departamento Central, Hugo Javier González. Así resolvió el tribunal de apelación integrado por Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez, que ratificó que Otazú debe ser el magistrado del presente proceso penal.
Otazú había impugnado la inhibición de su colega José Delmás, quien se había separado de entender en el proceso penal de Hugo Javier y otros 14 imputados por obras fantasmas en la Gobernación de Central.
El 8 de noviembre pasado, Delmás se había apartado de la causa del gobernador de Central por la intervención del abogado Andrés Casati, con quien tiene motivos de excusación.
Imputación
El gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, fue imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por las supuestas obras fantasmas de la Gobernación de Central. Asimismo, se había fijado para el 10 de noviembre la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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En este caso también están imputados Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la gobernación; Tadeo Andrés Álvarez, presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP); además del tesorero de dicha fundación, Paulino de los Santos Palacios Recalde.
La lista sigue con Nicolás Eduardo Álvarez Doria, síndico de la CIAP; Lourdes Verónica Lezcano, secretaria general de la gobernación; Armando Adolfo Soler, secretario de Obras Públicas; Luis Eduardo Allende, extesorero. Además, están Édgar José Zaracho, asesor jurídico de la gobernación; el jefe del departamento de presupuesto, Guido Rolando Portillo; Modesta Valiente Escobar, exfuncionaria de Administración y Finanzas. También fueron imputados el exfiscalizador de obras Adalberto Benítez Aguilera y los contratistas Óscar Morel y Laureano Gaete Gómez.
Antecedentes
El gobierno departamental recibió G. 6.382 millones (US$ 1 millón) del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones (US$ 800.000) fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución de obras viales y de mejoramiento de espacios públicos.
Sin embargo, en la rendición de cuentas presuntamente aparecieron facturas clonadas y obras fantasmas. Al respecto, se especificó que la Contraloría General de la República es la encargada de corroborar si existen o no dichas obras.
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