La jueza penal de Garantías Cinthya Lovera ordenó el sobreseimiento definitivo del expresidente de la Essap Ludovico Sarubbi y de 34 personas que estaban acusadas por lesión de confianza y donde se mencionó que existía un perjuicio patrimonial de G. 17.000 millones. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La fiscala Victoria Acuña había solicitado el sobreseimiento definitivo de todos los acusados, pero en su momento la magistrada Lovera resolvió dar trámite de oposición y la fiscala adjunta Soledad Machuca ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo.
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Acuña explicó que luego de más de un año de investigación se comprobó que todas las obras estaban hechas, según los balances de los socios, además se tuvo la provisión de los servicios, por lo que se solicitó el sobreseimiento definitivo de los mismos.
Según los antecedentes del caso, entre enero del 2015 y junio del 2016, Sarubbi habría firmado órdenes de pago y cheques para la compra de productos y servicios por medio de anticipos para rendir, pese a no existir supuestamente contraprestación. El Ministerio Público investigó y llegó a la conclusión de que no existió ningún hecho punible.
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Caso Andy: Corte había ordenado que demanda civil contra Bruno Madelaire siga su curso
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió anular los fallos de primera y segunda instancia que privaba a Andy Moreno, víctima de un terrible accidente de tránsito que casi le costo la vida, seguir con la demanda por indemnización de daños y perjuicios que se presentó contra Bruno Madelaire, autor del tremendo suceso y que hasta la fecha a pesar de que pasaron 18 años del percance, aún no da la cara y mucho menos se hizo cargo del accidente.
El abogado Eduardo González, representante de Andy Moreno, en comunicación con el programa Arriba Hoy del canal GEN, señaló que “en el año 2019 Andy se me acerca para presentarme el caso y ante eso pido el expediente judicial para analizar y ya el expediente estaba en archivo y al verificar encontré que ya se resolvió una excepción de falta de acción que presentó Madelaire, pero nunca fue notificada a las partes dicha resolución y al no notificar no corrió el plazo para la prescripción, por lo que nosotros notificamos y apelamos y el tribunal de Apelación confirmo el fallo de primera instancia por lo que recurrimos a la Corte y la sala constitucional hace lugar a la acción y anuló los fallos de primera y segunda instancia, por lo que el juicio se retrotrae al inicio de la demanda para que Madelaire conteste”, indicó el citado profesional.
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Asimismo, González se refirió sobre si Andy recibió ayuda o no de parte del autor del accidente “Andy no recibió ninguna ayuda en ningún momento y su familia fue la que siempre estuvo a lado de él”. Sostuvo que " nunca hubo una propuesta sería de parte de Madelaire”.
LE PRACTICARON 52 CIRUGÍAS
“Económicamente este señor dejó un enorme bache en mi familia porque mis padres casi vendieron la casa, pero gracias a Dios también mis amigos estuvieron con nosotros”, dijo la víctima del accidente, Andy Moreno
Sostuvo que en estos últimos años se tuvo que realizar 52 cirugías en Paraguay, Argentina y Alemania para poder tener una vida más llevadera, “pero el bache económico que me dejó este señor no tiene nombre. Hace 18 años que estoy luchando con una demanda civil para cobrar algo”, puntualizó. El joven reclama justicia.
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Corte ordenó auditar juzgados de Garantía de varias zonas por llamativo casos de abigeato
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una auditoría de gestión de los juzgados de Garantía de las circunscripciones de Paraguarí y Concepción sobre los procesos penales que tienen relación con el hecho punible de abigeato. El periodo de estudio deberá ser de los últimos cinco años, de acuerdo a la determinación adoptada por los altos magistrados.
El ministro y superintendente de la circunscripción judicial de Paraguarí, Gustavo Santander, expuso ante la ciudadanía y sus colegas que “hay una preocupación respecto al hecho punible que es endémico casi en el departamento de Paraguarí que es el abigeato y que no está recibiendo la respuesta jurisdiccional correspondiente porque hay muchas quejas de los jueces de Garantía”, indicó.
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Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez manifestó que “nuestro país es ganadero y que justamente una de nuestras estrellas es la carne paraguaya actualmente y entonces este flagelo del abigeato es verdaderamente grave”, por lo que pido también ampliar la auditoría a los juzgados de Garantía de la circunscripción judicial de Concepción.
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, también solicitó que se realice la auditoria a los magistrados de Garantía de la circunscripción judicial de Ñeembucú.
El ministro Manuel Ramírez Candia señaló que una vez iniciado el proceso penal hay un trato bastante complaciente, hay casos en los que al día siguiente ya se levanta la detención, no hay prisión.
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Juez admite imputación contra el intendente de Asunción
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación formulada contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, investigado por lesión de confianza y asociación criminal por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
El magistrado estableció para el 3 de octubre, a las 8:30, la fecha para la audiencia de imposición de medidas, informó el cronista de judiciales de canal Gen/Nación Media Aldo Insfrán. El Ministerio Público requirió algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
En la causa, impulsada por el equipo fiscal conformado por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, también están imputadas otras 21 personas, algunas ya exfuncionarias. Para la Fiscalía, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.
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Rodríguez se defendió indicando que los fiscales lo imputaron por su labor como intendente. “Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos”, expresó ayer al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El jefe comunal sostuvo que no firmó “ningún documento que no sea la única resolución” para la compra y remarcó que ”según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante del titular de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que no existe una conducta penalmente relevante cometida por su defendido en la investigación y calificó de “forzada” la imputación contra su cliente.
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Denuncia número 41 contra Miguel Prieto, esta vez por licitación para mensura de exfinca 66
Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.
“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.
“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.
Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.
Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.
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“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.
Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.
“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.
En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.
La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.