La fiscal María Isabel Arnold sostuvo la acusación en el juicio oral por proxenetismo y abuso sexual en niños, obteniendo una alta condena contra tres de los acusados y sentando así un precedente sumamente importante para la justicia paraguaya en casos relacionados con el abuso sexual y explotación contra niños en situación de calle, afectando gravemente la vulnerabilidad de la víctima.

En este caso fueron condenados: Jorge Manuel Simberli por el hecho punible de abuso sexual en niños, a 22 años de pena privativa de libertad, y la señora Ninfa Ramona Servín Valdez por los hechos punibles de abuso sexual en niños y el hecho punible de proxenetismo, a 13 años de pena privativa de libertad.

Por la violación del deber de cuidado o educación, la madre del niño C. A. S. V. fue condenada a 3 años de pena privativa de libertad, según el marco normativo vigente, atendiendo a que sabía de que su hijo se encontraba en situación de riesgo, pero no hizo nada para denunciar, ni para protegerlo.

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Según el informe fiscal, la víctima es un niño de 12 años, que vendía golosinas en la calle, quien manifestó que la ahora condenada Ninfa Servín abusaba sexualmente de él, al tomarle imágenes de contenido pornográfico, y que, además, ofrecía al menor a los choferes de larga distancia para mantener relaciones sexuales. Tanto Ninfa como el menor de edad eran ofrecidos, entre otros hechos registrados.

La fiscalía tomó conocimiento de esta situación de vulnerabilidad, y en el momento de la intervención se constató que realmente el niño estaba en situación de calle y estaba siendo explotado tanto por la mujer de nombre Ninfa, identificada por la Fiscalía como también por Jorge Simberli.

El niño manifestó que Jorge Simberli en una ocasión llevó a la víctima a la plaza Uruguaya, donde abusó sexualmente de él y a la vez cuatro personas adultas observaron el abuso del niño, estos hechos de abuso fueron filmados por el procesado Simberli.

Con la investigación y la inspección física médica del niño se constataron los hechos relatados, y los informes coinciden plenamente en todos los relatos realizados por el menor de edad, también la declaración en cámara Gesell realizada fueron demostradas en el juicio oral.

Debido a las características de la situación y la gravedad de los hechos, las penas máximas en este caso significan en gran medida la única manera de actuar que corresponde, ya que la víctima deberá de afrontar un largo camino para su recuperación tras lo acontecido.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes policiales de la Subcomisaría 46 del barrio San Juan, de Ciudad del Este, aprehendieron anoche a un hombre de 48 años, por el supuesto abuso sexual de su propia hija adolescente. El hecho fue denunciado por un joven (23), hermano de la supuesta víctima, una menor de 13 años.

El hombre habría sido encontrado en flagrancia del hecho, según la denuncia del hermano de la niña. El mismo contó que ayer llegó a la casa y encontró a su padre apretando y manoseando a su hermana menor, quien se resistía al hecho.

Después de evitar que prosiga el acto violento, la adolescente le contó a su hermano que desde hacía bastante tiempo que viene siendo manoseada por su padre de distintas maneras, según lo expuesto en la denuncia en sede policial.

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El joven también mencionó que su hermana no contó lo que su papá le estaba haciendo, porque la amenazaba que mataría a su madre y a sus hermanos, si contaba a alguien lo que pasaba.

Ante este relato, el personal policial fue hasta la casa y realizó la aprehensión del hombre, siendo llevado a la comisaría y luego a la Dirección de Policía. El caso fue comunicado a la fiscal Diana Raquel Gómez, quien está interinando la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes.

La agente informó a La Nación/Nación Media que la joven ya tuvo una contención psicológica con una profesional del Ministerio Público, pero la revisión médica todavía esperará unos días. La adolescente ratificó que su padre la venía tocando y manoseando desde hace tiempo.

El hombre sería imputado por abuso sexual en niños, según la fiscala Diana Gómez, quien aclaró que los manoseos son hechos de abuso.

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La Justicia actuó con celeridad en el caso del crimen del agente Dario Alberto Delgado Ortiz (51) de la Patrulla Caminera, ocurrido el sábado último en Hernandarias, Alto Paraná. El sospechoso identificado como Nelson Amarilla (36) fue imputado por el Ministerio Público por el hecho de homicidio doloso, en tanto sigue la búsqueda de su cómplice.

Según los antecedentes del caso, el ataque al puesto de control de la Patrulla Caminera se dio como represalia a una multa que había pagado Amarilla tras haber dado positivo a la prueba de alcotest durante una inspección en la citada unidad ubicada sobre la ruta PY07 (antigua supercarretera).

Molesto por la actuación de los inspectores, el hombre habría regresado en motocicleta a esta oficina de guardia y con un arma de fuego efectuó 16 disparos, de los cuales dos alcanzaron a Delgado Ortiz, quien fue auxiliado por su compañero hasta el hospital local, donde posteriormente se confirmó su deceso. El médico forense del Ministerio Público certificó como causa de muerte un “shock hipovolémico por disparos de arma de fuego”.

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Tras la balacera, Amarilla abordó rápidamente su biciclo y huyó del lugar. Pero mediante los rastrillajes efectuados por la Policía fue localizado el domingo. En el allanamiento de su vivienda ubicada en la ciudad de Presidente Franco se encontraron armas de fuego y estupefacientes, según los intervinientes. Las evidencias colectadas obran en poder del Ministerio Público.

Luego del apresamiento del sujeto, la fiscal Natalia Montanía requirió al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención del imputado, quien será investigado por el hecho de homicidio doloso. En tanto continúa la búsqueda del hombre que lo acompañó en la motocicleta, quien le habría rescatado tras cometer el crimen.

El hecho causó consternación en la Patrulla Caminera y nuevamente se instaló el debate sobre la necesidad de que los controles del consumo de alcohol se recrudezcan como medida preventiva precisamente de estos episodios luctuosos.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

En juicio oral que concluyó hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, condenaron a un hombre a 15 años de prisión, por abuso sexual sistemático de un niño. El condenado tiene 57 años y es el padrino del menor violentado, de acuerdo a la creencia religiosa de la familia.

La fiscal Julia González fue quien defendió en juicio la acusación pidiendo los 15 años de prisión y que fueron otorgados, según el fallo judicial. La condena fue dada por el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Diego Duarte e integrado por las magistradas Margarita Martínez y Gloria Vera.

El hecho fue denunciado por la madre del adolescente, el 28 de febrero de 2024. Los abusos ocurrieron de manera sistemática durante tres años, aproximadamente, desde que la víctima tenía 12 años hasta los 15 años.

El hoy condenado, como padrino del afectado, gozaba de la completa confianza de la madre del niño. Aprovechándose de esta confianza, el hombre pidió a la mamá que autorizara a su hijo a trabajar con él en la venta de ajos, para ayudarlo con sus gastos escolares.

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El comerciante solía buscar al menor de su vivienda por las mañanas e iniciaban su recorrido. Durante el trayecto, desviaba su camino y se adentraba en zonas boscosas donde cometía los abusos, según los datos expuestos en juicio.

El acusado también sobornaba al menor de edad con dinero para que no revelara lo sucedido. En otras ocasiones, lo llevaba a moteles o lugares abandonados, con el mismo propósito. Estos hechos se repitieron de manera casi diaria durante tres años.

Las pruebas presentadas por la fiscalía demostraron que el hoy adolescente sufrió daños psicológicos como consecuencia de las agresiones, las cuales, según la profesional del Ministerio Público, licenciada Maximina Vázquez, tendrán efectos a largo plazo. El médico forense del Ministerio Público, Hugo Céspedes, detalló que hubo daños físicos.

La identidad del condenado no está mencionada porque la Ley 1680/Código de la Niñez y Adolescencia, así lo establece en su artículo 29. Al ser el autor una persona del entorno familiar de la víctima, la divulgación de su nombre permitiría que se conociera quién fue la víctima.

“Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”, refiere el artículo citado.

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