El juez penal de Garantías Julián López fijó para el próximo 14 de diciembre a las 08:00 la audiencia preliminar para la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados por lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica en plena pandemia del COVID-19.
En la citada diligencia judicial se tendrá que estudiar y resolver si la pareja enfrentará un juicio oral y público, así como solicitó el Ministerio Público en la acusación que se presentó en el Juzgado Penal de Garantías. Días atrás, la audiencia se pospuso para Samudio y su esposo debido a que el abogado Enrique Kronawetter renunció a seguir ejerciendo la defensa de los procesados, por lo que no se pudo llevar a cabo la diligencia judicial.
Te puede interesar: Declaran inamovibles a cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia
Acusación
La Fiscalía formuló acusación y pidió juicio oral para la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones, ocasionado tras el conocido caso de compra de agua tónica supuestamente en el marco de la “lucha” contra la pandemia.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6 consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.
Se estima que el daño patrimonial ocasionado al ente estatal durante la administración de Samudio supera los G. 360 millones por las sobrefacturaciones en supuestas licitaciones, que terminaron siendo compras directas bajo el argumento de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Podés leer: Condenan a madre de niña desaparecida en Emboscada, por desacatar orden judicial