El Ministerio Público realizó varios allanamientos simultáneos, ayer martes, en el caso que investiga la desaparición de fusiles y pistolas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), dependiente de las Fuerzas Armadas.
En la ocasión, uno de los procedimientos fue en la propia sede castrense, donde fueron detenidos tres suboficiales identificados como Rodrigo Eugenio Arrúa Moreno, Octavillas Daniel Arrúa Giménez y Milciades Miranda Cáceres. Así también, otros allanamientos se llevaron a cabo en domicilios particulares en Capiatá y Lambaré, todos en el caso que investiga el delito de quebrantamiento de depósito en la institución militar.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, algunas de las armas que estaban bajo resguardo en la Dimabel fueron incautadas en un procedimiento en el 2018, cuando fueron detenidos integrantes de la facción criminal Comando Vermelho y aparecieron en poder de un presunto sicario. Esta persona fue detenida por estar involucrada en el rescate del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, alias Samura. A esto se suma que se solicitaron varias armas de otros procedimientos que resultaron adulterados, y algunas armas desaparecieron.
Al respecto, el fiscal Marcelo Pecci dijo en contacto con la 650 AM que se incautó una pistola Glock (causa Marcelo Piloto). Durante la pericia, el agente se dirigió a Dimabel para su depósito y se hizo otro procedimiento, donde se incautó la misma arma que debería estar en depósito.
“Otras del sistema eran de aire comprimido. Todos estos elementos fueron sometidos a estudios técnicos y permitieron evidenciar alertas. Llevan al Ministerio Público a realizar las investigaciones. Le entregan las 16 armas a la fiscala Alicia Sapriza en octubre, pretendieron suplantar o confundir y hacer pasar como que eran otras”, refirió.
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En cuanto a los tres militares detenidos, señaló que tuvieron el dominio del depósito fiscal de la institución. “Estos componentes bélicos llegaron a encontrarse, por ejemplo, en una persona vinculada al caso Samura. Ya realizamos imputación contra estas 3 personas, no actúan solas, hay instrucción y complacencia para realizar esto. El Ministerio Público seguirá persistiendo en la lucha contra el crimen organizado”, aseguró.
Mencionó que un fusil, en el mercado negro, está alrededor de 10 mil dólares y que en la mañana de hoy van a presentarse a la indagatoria estas tres personas. Explicó que la ley de armas obliga a la destrucción de armas que ya fenecieron en un proceso legal. “Quebrantamiento del depósito fiscal tiene una pena de 5 años, puede variar o reformularse, y la de manipulación, adulterar datos, tiene un marco penal de 5 años máximo”, apuntó.