El juez penal de Garantías especializado de Delitos Económicos Humberto Otazú impugnó la separación de su colega José Delmas, quien se apartó de seguir entendiendo en el proceso penal que soporta por lesión de confianza el actual gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, luego de que el abogado Andrés Casati tome intervención en el presente proceso.
El referido magistrado se separó del caso atendiendo a que tiene causal de separación con el referido profesional del derecho. Ahora será un tribunal de apelación el que deberá decidir si corresponde que el caso de Hugo Javier sea entendido por el magistrado Otazú o Delmás Aguiar.
El gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, fue imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por las supuestas obras fantasma de la Gobernación de Central. Asimismo, se había fijado para el 10 de noviembre la audiencia de imposición de medidas cautelares.
En este caso también están imputados Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la gobernación; Tadeo Andrés Álvarez, presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP); además del tesorero de dicha fundación, Paulino de los Santos Palacios Recalde.
La lista sigue con Nicolás Eduardo Álvarez Doria, síndico de la CIAP; Lourdes Verónica Lezcano, secretaria general de la gobernación; Armando Adolfo Soler, secretario de Obras Públicas; Luis Eduardo Allende, extesorero. Además, están Édgar José Zaracho, asesor jurídico de la gobernación; el jefe del departamento de presupuesto, Guido Rolando Portillo; Modesta Valiente Escobar, exfuncionaria de Administración y Finanzas. También fueron imputados el exfiscalizador de obras Adalberto Benítez Aguilera y los contratistas Óscar Morel y Laureano Gaete Gómez.
Antecedentes
El gobierno departamental recibió G. 6.382 millones (US$ 1 millón) del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones (US$ 800.000) fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución de obras viales y de mejoramiento de espacios públicos.
Sin embargo, en la rendición de cuentas presuntamente aparecieron facturas clonadas y obras fantasma. Al respecto, se especificó que la Contraloría General de la República es la encargada de corroborar si existen o no dichas obras.
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