San Isidro, Argentina. AFP.

La leyenda del fútbol Diego Maradona “a veces se resistía” a ser atendido por médicos, dijo ayer jueves una de sus hermanas en el juicio a siete profesionales de la salud por su muerte en Argentina en noviembre de 2020. Claudia y Ana, dos de las hermanas de Maradona, que son querellantes en la causa, declararon este jueves en la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el exfutbolista.

Claudia, de 53 años y la menor de las cinco hermanas de Maradona, dijo que Diego “a veces se resistía” a ser atendido por médicos y que “era de carácter fuerte”. Ella y Ana, de 74 años, coincidieron en que su hermano “hacía lo que él quería”. Maradona falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.

Las hermanas dijeron que participaron en la decisión de hacer internación domiciliaria y Claudia señaló que los especialistas les habían dicho que “iba a haber médicos clínicos” y equipamiento para atenderlo. Otros testigos en el juicio en sus testimonios señalaron que no había ambulancias ni equipamiento médico como desfibrilador en la casa donde murió el ídolo.

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Las hermanas dijeron que Leopoldo Luque, el neurocirujano y uno de los imputados en la causa, era el médico de confianza de Maradona. Ana contó que vio por última vez a su hermano cuando estaba internado en la Clínica Olivos, semanas antes de su fallecimiento, y que cuando le consultó cómo estaba, él le respondió: “Me duele el alma”.

En la tarde del jueves se preveía que declarara otra de sus hermanas, Rita, y Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona. Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.

Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión. El abogado de las hermanas Maradona, Pablo Jurado, objetó algunas de las preguntas de otros querellantes a las testigos, que apuntaban a las relaciones contractuales entre el exfutbolista y sus hermanas.

Para Jurado, las respuestas pueden afectar los intereses de sus defendidas en otra causa, en la que los hijos de Maradona demandan a sus tías por los derechos de la “marca Maradona”. El tribunal no hizo lugar a las protestas y las hermanas tuvieron que responder al respecto. Las marcas “son algo que nos dejó a la familia”, dijo Claudia y añadió que antes de su muerte Diego Maradona solo les “daba regalos”.

Diego Maradona no tenía alcohol ni “drogas de abuso” en sangre cuando murió, a pesar de su historial de consumo, dijo el pasado martes un perito, en el juicio a siete profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista en Argentina en 2020. “Ninguno de los cuatro tubos (de muestras) dio detectable para cocaína, marihuana, MDMA, éxtasis ni anfetamina”, dijo el perito bioquímico Ezequiel Ventosi, que analizó las muestras de sangre, de orina e hisopados de Maradona tras su muerte y constató que tampoco había presencia de alcohol.

El astro futbolístico argentino, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía. Las pericias posteriores a su muerte sí detectaron cinco sustancias correspondientes a medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos, antipsicóticos y contra las náuseas.

El testimonio de Ventosi se dio en la apertura de la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el ídolo. En la audiencia del martes, se leyó el testimonio de 2021 del médico personal de Maradona entre 1978 y 2009, Alfredo Cahe, fallecido en 2024.

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Según el escrito, Cahe vio a Maradona en noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una neurocirugía en la Clínica Olivos. Todo le pareció “extraño” y Leopoldo Luque, médico del ex deportista al morir e imputado, no le contestó sus consultas sobre el estado de salud del paciente. La internación domiciliaria “era lo menos indicado” para Maradona ya que “debía estar bajo terapia intensiva con control del corazón constante y continuo”, dijo Cahe, quien opinó que hubo negligencia y apuntó la falta de control y de ingesta de medicación cardíaca.

“Con un correcto seguimiento y control (la muerte) era evitable”, aseguró en el testimonio. Además, declararon otros tres peritos, entre ellos la anatomo-patóloga Silvana de Piero, que analizó los órganos tras el deceso y detalló que el hígado mostraba signos compatibles con cirrosis, los riñones insuficiencia, los pulmones una patología crónica y el corazón signos de falta de oxígeno.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado. Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

El día lunes 7 de abril se iniciará el juicio oral y público para el exgerente periodístico de canal 9 Carlos Granada acusado por acoso sexual, coacción, coacción sexual y violación. Así resolvió el tribunal de apelación quien rechazó los incidentes presentados por la defensa del acusado.

Los camaristas que firmaron la presente resolución son Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, quienes fundamentaron el rechazó del incidente del acusado que el recurso presentado no cumplía con los requisitos básicos de la admisibilidad.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza son los que deberán juzgar a Granada por los delitos mencionados más arriba.

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De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las había acosado sexualmente.

Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.

Resaltaron que Granada se habría valido de su posición jerárquica e influencias ante sus víctimas subordinadas. El proceso contra el periodista empezó en mayo de 2022 y fue imputado por varios delitos, por lo que el juez Julián López resolvió enviarlo a prisión, donde estuvo durante varios meses hasta cumplir la pena mínima.

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La Policía Nacional denunció a opositores ante el Ministerio Público por los hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia. Esto, tras los disturbios ocasionados el pasado 31 de marzo frente al Poder Judicial. El grupo de dirigentes políticos pretendía acceder al Museo de la Justicia, violando los protocolos establecidos para el ingreso.

Fueron acusados el senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, su esposa la exsenadora Desirée Masi y los liberales, el exsenador Luis Alberto Wagner, Marlene Orué, Agustín Saguier y Efraín Alegre (hijo).

La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el comisario Mario Ovelar. Los incidentes se registraron en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

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Los dirigentes opositores pretendían realizar una representación teatral y entregar al Museo de la Justicia el expediente judicial del caso Quintana. “Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. No se puede recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todas las causas deben estar finalizadas, con sus últimas sentencias”, había indicado la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau.

En la acusación se relata que los uniformados comunicaron sobre la necesidad de contar con una autorización oficial, conforme a la acordada n.° 254, inciso 4 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agrega que esta situación terminó enfureciendo a los dirigentes políticos, motivo por el cual se decidió la conformación de un cordón de seguridad perimetral con personal de prevención y seguridad en dos líneas (femenino y masculino).

Señalan que fueron agredidos verbal y físicamente por los opositores resultando heridos, Ovelar, los suboficiales ayudantes Jesús Martínez, Pablo Cabrera, Miguel Vergara, Diego Zaracho y Fernando Fernández.

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La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.

“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.

Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.

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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.

Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.

“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.

Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.

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