El expresidente de la Ande Carlos Heisele soporta proceso penal por lesión de confianza por el sobrecosto multimillonario en el pago a los dueños de propiedades que fueron afectados por la construcción de la línea 500 KV. Foto: Archivo.
Este miércoles definen si extitular de la Ande Carlos Heisele enfrentará un juicio oral
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Este miércoles la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo definirá si el expresidente de la Ande Carlos Heisele enfrentará un juicio oral y público, quien soporta proceso penal hace varios años por lesión de confianza por el sobrecosto multimillonario en el pago a los dueños de propiedades que fueron afectados por la construcción de la línea 500 kV.
Para el 3 de noviembre está fijada la audiencia preliminar en la que la magistrada Alicia Pedrozo resolverá si el extitular de la Ande estará sentado en el banquillo de los acusados.
El presente caso de corrupción ya lleva varios años sin poder avanzar y es así que la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar se fijó tras ser destrabado el presente proceso penal en la Corte Suprema de Justicia. La defensa del extitular de la Ande había planteado varias chicanas para seguir dilatando el proceso.
Además de Heisele, fueron acusados Jacinto Rodríguez, funcionario de la dirección de gabinete de la institución mencionada; Mónica Rodríguez, de la dirección jurídica, y René Aranda, junto con Ángel Galeano, abogados de los dueños de los inmuebles.
El proceso penal se inició tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto millonario en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV. Asimismo, de acuerdo a la acusación, se otorgaron indemnizaciones irregulares a 17 propietarios de inmuebles ubicados en la franja de dominio de la línea de 500 kV que une Itaipú y Presidente Hayes.
El fiscal Leonardi Guerrero indicó que la Ande pagó a los 17 dueños de inmuebles montos superiores a lo establecido por el dictamen de la Dirección de Topografía, que estableció el costo estimando de G. 3.000 millones. Se estima que el daño ocasionado oscila los G. 9.451.000.000.
Levantan embargo de salario de víctima de la mafia de los pagarés
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La jueza de Paz, Susana Granado, resolvió levantar embargo de salario de Carmen Pamela Ocampos Cáceres, quien fue demandada por Sist y Gestiones SA. La resolución judicial se genera tras el pedido de medida cautelar de suspensión de sueldo presentado por el abogado Israel Aaron Mora, representante legal de Ocampos Cáceres.
El levantamiento del embargo, vía resolución judicial, sería el primero en resolverse a través de un incidente procesal y ya tuvo que haberse remitido el oficio judicial al Ministerio de Justicia para el cese del descuento de Ocampos Cáceres. La misma sufría un descuento en su salario de la suma de G. 900.000. Con esta determinación judicial la misma queda sin efecto y la mujer podría percibir la totalidad de su salario a fin de mes.
El abogado Mora, representante legal de Ocampos Cáceres, en fecha 1 de abril de este año presentó un incidente de nulidad de actuaciones sobre las cédulas de notificación de fecha 7 de diciembre del 2023, de la resolución N° 35.297 de fecha 6 de diciembre del 2023, así también se pidió la nulidad de la cédula de notificación de fecha 7 de agosto del 2023, la notificación de fecha 16 de junio del 2023, la nulidad del informe del oficial de justicia de fecha 4 de julio del 2023 y la notificación de fecha 4 de mayo de 2023.
El referido profesional del derecho argumentó el pedido de nulidad de actuaciones de las notificaciones, así como de las resoluciones señalando que “las actuaciones precedentes indicadas han privado de presentarse mi clienta a la audiencia del acto de reconocimiento de la firma que se le atribuye y así poder defenderse en forma efectiva”. Igualmente agrega que “se ha privado de presentar una defensa por inhabilidad de título contra el documento base de la presente acción” señala el escrito del abogado, quien solicitó el levantamiento del embargo por indefensión de su representada en el presente juicio civil donde se pretendía cobrar una millonaria suma de dinero sin motivo alguno.
La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral el proceso penal de Rodrigo Emilio Montalva Agüero, acusado de formar parte del esquema de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico. Foto: SENAD.
A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
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La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.
Durante la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia, el juez Osmar Legal elevó a juicio oral el proceso penal de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato: Foto: Gentileza
Exjueza civil Tania Irún enfrentará juicio oral por prevaricato
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La exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, enfrentará un juicio oral y público por el delito de prevaricato por haber entregado de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas presuntamente de maletín. Así lo resolvió el juez Osmar Legal, luego de realizarse la audiencia preliminar en Palacio de Justicia. Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo realizar el juicio oral a Irún.
Legal, luego del estudio pertinente, rechazó el incidente de la defensa de Irún, quien pretendía obtener el sobreseimiento definitivo y admitió la acusación del Ministerio Público, elevando el presente caso a un juicio oral y público.
La exjueza está acusada por prevaricato y fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de comprobarse mal desempeño de sus funciones con los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
En julio del año pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil, Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la ex magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación también señala que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Ante el juez Osmar Legal, quien interina a su colega Humberto Otazú, se realizará la audiencia preliminar de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato. Foto: Archivo
Definirán si exjueza civil Tania Irún enfrentará juicio oral por prevaricato
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Este lunes 14 de abril se definirá si la exjueza Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas presuntamente de maletín, enfrentará un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público en su acusación.
La diligencia judicial se realizará ante el juez Osmar Legal, quien interina a su colega Humberto Otazú. La fiscala del caso es Silvia González, quien defenderá acusación presentada por la propia fiscalía general del Estado vía fiscala adjunta, Soledad Machuca.
En un llamativo fallo judicial y con los votos de los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, se anuló de forma sorpresiva la elevación a juicio oral de Irún y se ordenó que se realice una nueva audiencia preliminar para estudiar la acusación. Los dos citados camaristas ya fueron acusados por mal desempeño en sus funciones en el JEM.
La exjueza está acusada por prevaricato y destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de comprobarse mal desempeño de sus funciones con los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
Acusación fiscal
En julio del año pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil, Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la ex magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación también señala que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.