El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

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Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.

Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.

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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.

En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.

En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.

No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.

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Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.

Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.

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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.

Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.

También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.

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Lourdes Torres

Nelson Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, abrió las puertas de su despacho a La Nación / Nación Media para hablar sobre los principales proyectos y desafíos de la comuna que está a cargo del intendente Óscar Rodríguez.

Mora citó la revitalización del Centro de Asunción, la mejora de la movilidad con buses de última generación, la reactivación del tren y del histórico circuito del tranvía entre las prioridades de la actual gestión. Aseguró que con el desarrollo de todos los proyectos para finales de este 2025 Asunción comenzará a tener otra cara.

Explicó que la dirección del Gabinete se encarga de la organización diaria de los proyectos de todo el municipio, trabajando sobre la visión micro y macro del intendente, enfocándose en que todos los ciudadanos tengan el mejor servicio posible de limpieza, seguridad vial, medioambiente y otros.

Estamos ejecutando proyectos que el intendente considera importantes, como la revitalización del Centro de Asunción. Para él es fundamental y lo toma como una bandera. Lo primero que se concretó es el proyecto de resiliencia urbana en la Franja Costera de Asunción junto con el Banco Mundial. Éste estuvo 4 años parado en la administración porque no existía esa simbiosis de trabajo con las diferentes instancias del Estado. El ejecutante es el MOPC y el MUVH, pero el principal beneficiario es la municipalidad.

También tenemos la formulación de proyectos macros que pueden cambiar la dinámica de Asunción. Ahora trabajamos en un proyecto de Ordenanza Turística, que existe en las mejores ciudades del mundo. Tiene formulaciones que facilitan las intervenciones públicas urbanísticas, sin necesidad de tanta burocracia. Estamos terminando de redactar esa ordenanza y creemos que en el próximo mes ya podríamos tratar en la Junta Municipal. Son puntos no menores, que cambiarán la dinámica del trabajo para no enfocarnos en los problemas, sino en buscar soluciones.

Para nosotros la movilidad es uno de los proyectos más grandes y desafiantes que tenemos, que se traduce en el Plan Maestro del Transporte Público. Estamos terminando todo lo referente a la nueva flota de buses que vamos a tener en Asunción, con el sistema de troncales y alimentadores, como las mejores ciudades del mundo.

También ya estamos trabajando en el proyecto de tren ligero y de tranvía para el centro de Asunción. Intentando modelar un poco lo que ya teníamos hace 35 años, que fue el tranvía histórico. Este es el objetivo mayor de esta administración, la reactivación del tren y del tranvía.

Estamos muy avanzados en nuestro pliego de bases, queremos concecionar y generar un valor para que empresas privadas puedan venir a explotar y que el ciudadano pueda contar con ese beneficio.

Este es un tema particular porque depende del volumen del tránsito vehicular. Asunción está preparada para recibir 600.000 vehículos, que son los que residen en la capital. Pero, recibe 750.000 vehículos más de afuera, lo que evidentemente genera un daño en la capa asfáltica.

A esto se suma el problema de los caños de la Essap, que si bien va mejorando en la medida que van cambiando, persiste porque hay caños de más de 50 años de uso, que son los que se rompen y generan los baches. El agua es el peor enemigo que tiene el asfalto, por ser corrosivo. Por eso, la dinámica está pasando por una recomposición de abajo hacia arriba. Ahora trabajamos en armonía con la Essap.

Cuando asumió el intendente Rodríguez había 13 % de desagüe pluvial; hoy, con 4 años de gestión, ya está alcanzando el 36 % con la cuenca de Molas López, Isabel La Católica, Kanonnikoff, ahora Abasto y el Ytay. Si todo va bien, cuando esta administración termine estará rondando el 49 %, porque ya están aprobados la cuenca de General Santos, Manorá y Las Lomas.

En 4 años, se está haciendo más de lo que se hizo en 30 años de administración. Lo que demuestra que esta es la administración que más obras hizo.

Antes que nada, hay que recordar que las casas y edificios históricos de Asunción no son del municipio, sino que son privados y la mayoría de ellos está en posesión de 8 o 9 familias propietarias. Entonces, el incentivo que a veces se genera no es suficiente, porque dicen por qué arreglar una casa si no hay valor agregado en el centro.

Entonces, lo primero que estamos haciendo es revitalizar el centro y para ello trabajamos en recuperar la seguridad, sacar a personas que no deberían estar en el centro, los delincuentes. Este es un trabajo arduo que hacemos con la Policía Nacional. Ya tenemos Palma Segura, con 24 cámaras de seguridad conectadas al 911, son cámaras municipales. A estas se sumarán otras 230 cámaras interconectadas con el 911 y la fibra óptica municipal. Una vez que tengamos esto vamos a poder garantizar la seguridad en el centro.

Con el centro seguro vamos a poder atraer con incentivos a los empresarios para que vuelvan a invertir e instalar sus negocios, porque hubo una fuga, un abandono, en los últimos 10 años.

Estamos trabajando muy de cerca con el Gobierno ante la inminente llegada de importantes eventos mundiales. Lo que nos tocará a nosotros es adecuarnos a los trabajos, ya que habrá una inversión importante por parte del Estado paraguayo acompañado por la municipalidad. Lo que ya tenemos en puerta son los Panamericanos, que serán en agosto.

En eventos recientes, los visitantes se han dado cuenta que Asunción tiene mucho por dar y nosotros debemos seguir trabajando sobre esto. Tenemos nuestra ordenanza turística, tenemos el plan de intervención en el Centro Histórico de Asunción, tenemos nuestras veredas nuevas inclusivas, aprovechando el cableado subterráneo que está avanzando.

Somos parte del Comité Asunción 500 años, donde la municipalidad está siendo muy partícipe. Estamos yendo paso a paso, la idea es llegar con la recuperación completa del Centro Histórico para esa fecha, de manera a colocar a Asunción como una ciudad modelo.

Este es un trabajo que se está haciendo con la Secretaría de Cultura, la Municipalidad y el gobierno Central. Tenemos un camino que ya está bien trazado, con planes bien estructurados. Como sabemos, en políticas públicas, para que algo salga muy bien, tenemos que trabajar por plazos y tiempos.

En este primer semestre se hará el llamado grande con la primera reconstrucción del Centro, y a finales de este año se hará un segundo llamado por parte del MOPC, ahí vamos a comenzar a ver una dinámica diferente en la capital y para finales de este 2025 Asunción va a tener otra cara.

• Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción
• Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo
• Fue director General de Gabinete del Ministerio de Justicia
• Fue relator fiscal del Ministerio Público
• Máster en Justicia Criminal y DD.HH.
• Abogado