El actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico Efraín Alegre y exintegrantes del Directorio presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por no estar de acuerdo con la resolución de la jueza civil y comercial Alejandra Magalí Zavala, quien en su momento había ordenado el embargo de los salarios de los demandados hasta cubrir la suma de G. 1.124.502.582.
El abogado Wilson Villalba, en representación del PLRA, presentó la acción de inconstitucionalidad que ahora deberá ser analizada por los ministros César Diesel, Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera. Primero se deberá analizar si la mencionada acción reúne todos los requisitos para que se pueda admitir. En caso en que no se admita los demandados deberán pagar la multimillonaria suma reclamada por la firma Meridan SA.
Los demandados en el presente caso son el exdiputado Juan Félix Bogado Tatter, la diputada Esmerita Sánchez, los senadores Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez, Víctor Ríos (actual candidato a ocupar justamente la sala constitucional de la Corte) y Blas Lanzoni.
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Embargo de salarios
En su momento el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, a cargo de la jueza Alejandra Magalí Zavala, procedió a notificar sobre el embargo de ingresos a varios integrantes y exmiembros del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). La orden de embargo incluye igualmente al propio titular del Partido Liberal Efraín Alegre, por deudas contraídas en el marco de la campaña electoral del 2018 que no fueron saldadas.
El documento judicial hace referencia al juicio denominado: Meridian SA c/ Partido Liberal Radical Auténtico y otros sobre Acción Ejecutiva. Conforme al documento, el embargo se realiza sobre la cuarta parte del salario, comisión o cualquier otro ingreso que perciba la parte demandada, que son los parlamentarios y otras autoridades del PLRA; hasta cubrir la suma de G. 1.124.502.582, que es la suma que se reclama en el juicio, más la suma de G. 112.400.000, que se fija como gasto de justicia.