Los primeros días de noviembre de este año, tres agentes de la Policía Nacional enfrentarán juicio oral y público por el robo de 42 fusiles de la armería del Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional, ubicada en Capiatá, hecho detectado en setiembre del 2018. La acusación fue presentada por el fiscal Federico Delfino y el juicio se desarrollará en la sede judicial de Fernando de la Mora.

Los acusados son: la subcomisario Emilce Soledad Morel Barboza, el oficial Luis María Barúa y el suboficial primero Federico Miguel González Villordo. Sin embargo, la defensa de los procesados reclama el llamativo sobreseimiento definitivo del que fue beneficiado el que fuera jefe de dicho departamento y responsable del depósito, el actual director de Logística y Abastecimiento, comisario principal José Benjamín Segovia Cáceres, quien había firmado en su oportunidad el inventario correspondiente de que efectivamente las armas se encontraban en el lugar.

El mencionado departamento de Armas y Municiones estará a cargo nuevamente de Segovia Cáceres. Entre los meses de mayo y junio del 2018, Segovia Cáceres realizó un inventario cuyo resultado fue “que todo estaba en orden” “sin novedad” y enviado al superior.

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Según la defensa de los actuales acusados, ese informe fue avalado por Segovia, caso contrario hubiese hecho la denuncia en los citados meses, es decir, no pudo alegar desconocer lo que ocurría en su dependencia así como tampoco que había delegado el trabajo sin ningún control de su parte.

El 21 de agosto del 2018 se realizó otro inventario en el mismo depósito con policías y militares, pero en esa oportunidad por orden de la Comandancia y duró 3 días. El día 23 ya se detectaron 44 armas largas fusil tipo fal, que no correspondían a armas de fuego, sino serían de aire comprimido.

En fecha 27 de agosto, Segovia denunció ante el Ministerio Público supuestos hechos punibles en infracción a la ley 4036/2010, mediante nota de fecha 24 de agosto de la Dirección y Logística, Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional.

En su momento, los agentes fiscales Federico Delfino, Alicia Sapriza y Hugo Volpe, sindicaron a Emilce Morel Barboza por hurto especialmente grave, asociación criminal, y quebrantamiento de depósito, además de Luis María Barúa y Miguel González Villordo.

El juez penal de garantías hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo de Benjamín Segovia. En su momento tras confirmarse la desaparición de las armas, Segovia Cáceres fue cambiado de dicho departamento.

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