La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable internacionalmente al Paraguay por violar la independencia judicial al haber destituido de forma arbitraria a los exministros de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron separados de sus cargos vía juicio político en el 2003.
La CIDH argumentó el fallo señalando que “configuró una seria afectación a la independencia judicial en tanto fueron irrespetadas las garantías de estabilidad y de protección frente a presiones externas que ampara la función de las juezas y los jueces que es deber del Estado salvaguardar”, refiere parte de la resolución del organismo internacional.
Los Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes firmaron la sentencia condenatoria contra el Paraguay, estuvo conformada por Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Eduardo Vio Grossi (Chile), Humberto Antonio Sierra (Colombia), Eduardo Ferrer (México), Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Ricardo Pérez Manrique (Uruguay).
Asimismo, la CIDH dispuso una indemnización de US$ 480 mil para Ríos Ávalos y US$ 250 mil para los familiares de Fernández Gadea. En total el Estado deberá abonar la suma de US$ 780 mil para los dos exministros de la máxima instancia judicial.
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Antecedentes del caso
La denuncia ante la Corte IDH fue elevada el 3 de octubre del 2019, pasando todos los procesos establecidos hasta la notificación de la resolución de convocatoria a audiencia que se concretó el pasado 14 de diciembre del 2020.
El 7 de octubre del 2019 la Corte Suprema de Justicia envió una notificación al Congreso ordenando la reposición del doctor Bonifacio Ríos Ávalos en su cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, lo que no fue acatado por el Congreso Nacional bajo el alegato de que se trataba de una cuestión política y no jurídica.
Sin embargo, ya en el 2003, Ríos Ávalos junto con Carlos Fernández Gadea (fallecido en junio del 2010), ambos destituidos vía juicio político, recurrieron a la Corte Interamericana pero recién en el 2009 la Sala Constitucional resolvió que el exministro debía ser restituido en el cargo.