En el marco de una investigación por supuesta pornografía infantil, la Fiscalía realizó un allanamiento e incautación de evidencias, la agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles en Niños y Adolescentes fue la encargada de la intervención. La causa involucra a un abuelo que aparentemente inducía al abuso de su nieta para grabar videos pornográficos.
Coacción
El procedimiento en cuestión se realizó en el marco de una causa sobre supuesto hecho punible contra Niños y Adolescentes (Abuso Sexual en Niños y Adolescentes y Pornografía Infantil).
El supuesto autor cuenta con orden de detención por los hechos mencionados. El hombre habría inducido a uno de sus hijos, un niño de 13 años, a que abuse de su nieta de 11 años (sobrina del niño). El menor también es víctima del hecho, pues era inducido desde los 8 años por su propio padre.
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Evidencias
Los intervinientes de la Fiscalía incautaron evidencias que guardan relación al supuesto hecho de Pornografía Infantil, no encontrando a nadie en la vivienda. Al lugar se apersonó una abogada consultando el motivo del allanamiento y diciendo que el dueño de casa se encontraba lejos y no llegaría enseguida.
La fiscal Vivian Coronel dispuso que sea forzada la puerta de acceso a los dormitorios, por lo que se procedió a la apertura e ingresaron al lugar. Una vez dentro del dormitorio se procedió a la búsqueda de evidencias mencionadas más arriba, incautándose así algunos elementos como celulares, rollos de película, equipos de audiovisual y una gran cantidad de pistolas.
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Las arañas públicas se regodean con el grado de inversión
El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.
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Caso Pecci: definieron su hoja de ruta común
Los equipos técnicos y equipos fiscales de Paraguay y Colombia realizaron ayer una reunión virtual con el objetivo de definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini. La sesión fue coordinada por el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, y su homóloga colombiana, Adriana Mercado.
Esta reunión técnica surgió como derivación de la reunión entre los fiscales generales de Paraguay y Colombia, desarrollada por medios virtuales el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambas fiscalías definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
En la reunión previa, los técnicos y los fiscales de ambas instituciones intercambiaron informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI, y acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto. Además, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional.
La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el viernes 20 de setiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI. El fiscal antimafia Marcelo Pecci fue asesinado a los 45 años, a tiros por sicarios colombianos en una playa privada de Barú (Colombia), el 10 de mayo de 2022, cuando se encontraba de vacaciones y de luna de miel.
Cabe recordar que el pasado miércoles se informó que la titular del Ministerio Público de Colombia, Luz Adriana Camargo, había designado al fiscal Juan Pablo Fajardo Lanza para dar continuidad a las investigaciones en torno al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales reemplazará a su colega Mario Burgos y cuenta con una “amplia y exitosa” trayectoria en investigación criminal.
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Caso Pecci: fiscales de Paraguay y Colombia definieron hoja de ruta
Este sábado, los equipos fiscales de Colombia y Paraguay mantuvieron una reunión virtual en todo el caso del asesinato del agente del Ministerio Público paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, específicamente en la playa de Barú.
El encuentro se realizó bajo la coordinación del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer y su homóloga de Colombia, Adriana Mercado, quienes se conversaron de forma virtual junto con los miembros de los equipos técnicos y fiscales de ambos países, según informaron desde la Fiscalía General del Estado de Paraguay.
Se trató de una reunión técnica que surgió como derivación del encuentro de ambos fiscales generales y sirvió para definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini.
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Hay que recordar que los fiscales Generales de Paraguay y Colombia, mantuvieron también un encuentro virtual el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambos Ministerios Públicos definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
La sesión de este sábado entre los técnicos y los fiscales sirvió para intercambiar informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI. Además, acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto.
Asimismo, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional. La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el próximo viernes 20 de septiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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