El fiscal Alexis Takahashi imputó al intendente Esteban Ríos Ayala luego de ser investigado por la caída en dos oportunidades del polideportivo Remansito, Villa Hayes, obra que fue construida de forma irregular, según el informe del agente del Ministerio Público.
El intendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, cuestionado por varios hechos de corrupción, fue imputado por la supuesta comisión un hecho punible de lesión de confianza; “principalmente por la caída en dos ocasiones del polideportivo Remansito inaugurado recientemente y realizado de forma irregular”, señala el acta de imputación.
La administración de Ríos firmó en diciembre del 2019 un contrato por G. 833.970.000 con la firma “2A Constructora” para la remodelación del polideportivo, el que fue inaugurado el 15 de junio del 2020 con bombos y platillos; sin embargo, en menos de 15 días se derrumbó parte del tinglado.
El 30 de junio, sin motivo aparentemente, según la misma Fiscalía, colapsó una parte de la estructura y esta terminó desplomándose. La empresa constructora tuvo a su cargo la reparación del polideportivo, pero solo tres meses después, es decir el 30 de setiembre, nuevamente el polideportivo sufrió un derrumbe.
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“Surgen inicialmente indicios y evidencias de la perpetración del hecho punible de lesión de confianza, ya que se está afectando al patrimonio del municipio y por ende de la comunidad”, señala otra parte del documento.
Cabe destacar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió un informe en noviembre de 2020 en el que se menciona una serie de irregularidades, tanto en los pagos como en la construcción del polideportivo.
Por ejemplo, la contratante, en este caso la municipalidad, no presentó los documentos que respalden el pago del anticipo, tampoco se encontró documentación que determine si tal pago se efectuó o no, y ni siquiera se contaba con un plano ejecutivo de la obra.
Así también, no se remitieron certificaciones de la verificación de las obras y se constaron incumplimientos técnicos en la construcción del polideportivo. A su vez, la municipalidad no proveyó documentos en los que se constate la resistencia de los aceros y hormigones que fueron utilizados. Estas son solo algunas de las 32 observaciones que hizo la DNCP.
Luego del primer derrumbe, los concejales habían pedido a la Contraloría General de la República (CGR) que realice una auditoría, puesto que ni ellos estaban al tanto de los pormenores del contrato. “Tenemos prácticamente nula información, hicimos un pedido a la intendencia, al Ejecutivo, un pedido de informe sobre toda la ejecución y no tuvimos respuesta”, indicó en ese momento la concejala Diana Rojas.
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Alexis Takahashi es el agente fiscal encargado de esta investigación y en el acta de imputación solicitó medidas cautelares, que incluyen la prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a la municipalidad y establecer comunicación con funcionarios de la misma, además del embargo de bienes por G. 800 millones.