Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Herminio Montiel, Zunilda Martínez Noguera y Alba Meza condenó a 10 años de cárcel a una pareja de abogados tras ser encontrados culpables por estafa agravada donde el perjuicio para las víctimas llegaría a G. 1.400 millones.
Se trata de Carlos Yáñez López y María Elsa Céspedes Céspedes, quienes fueron juzgados y condenados en la sede judicial de Ciudad del Este. Durante el debate, la representante del Ministerio Público demostró con pruebas documentales y testimoniales la existencia del hecho punible contra el patrimonio y la autoría de los acusados.
Las víctimas de la millonaria estafa son Rosa Isabel Carbajal Céspedes, María Elva Dávalos Araujo, Zunilda Concepción López Céspedes, Justino Céspedes Duarte, Emiliano Carbajal Céspedes, Fernando José Salas Lemos, Luz Pamela Esquivel Duarte, Sonia Colmán Sánchez, Arnaldo Bareiro Barrios, Fidelina Matos López y Ramona Céspedes de López.
Al igual que Gervacio Carbajal, Blanca Torres, Hilario Céspedes, Liz López, Silvia Carbajal, Zonia López, Blanca Céspedes, Rosana Céspedes, Lucía Godoy, Diego Maidana, Sandra Ibarra, Juan Carlos Carbajal, José Balbuena, Victoria Céspedes, Deisy Céspedes y Auda Céspedes.
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Según los antecedentes, los hoy condenados propusieron a las víctimas un negocio que denominaron inversiones en una entidad bancaria mediante depósitos de dinero que generarían intereses. Para el efecto, los interesados debían depositar dinero en la cuenta corriente de Yáñez López, en un banco de plaza y de esa forma presuntamente todos saldrían beneficiados.
Previamente, la condenada promovía reuniones con las víctimas, casi todos familiares, a quienes explicaba que el negocio supuestamente era rentable. Además, les daba cierta seguridad al hacerles saber que su marido era un jubilado de la Itaipú Binacional, por lo que contaba con solvencia económica y ciertos privilegios. Ante la confianza generada en el entorno familiar, los interesados entregaban sus ahorros, préstamos de dinero, incluso vendían sus vehículos y pedían dinero a sus familiares que trabajaban en España. De esa manera, iban entregando capital a los ahora condenados, esperanzados en que la inversión generaría un crecimiento patrimonial mediante los intereses.
Con el correr del tiempo, se incorporaron más personas, quienes entregaban dinero en efectivo a la pareja con la expectativa de recibir una ganancia mensual sobre su capital. Sin embargo, en poco tiempo se percataron que los intereses no se abonaban con la regularidad prometida y cuestionaron esta situación a María Elsa, quien en más de una ocasión argumentó que fue estafada por una persona del banco, y por dicha razón no podía cumplir con ellos. No obstante, la pareja nunca exhibió documentos sobre los depósitos realizados y los supuestos intereses generados.
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