Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Especializada en Medio Ambiente de Alto Paraná, imputó al propietario de una recicladora de neumáticos por el manejo irregular de los neumáticos en el proceso de reciclado. Se trata de Ismael Galeazzi (68), de nacionalidad brasileña, representante de la empresa Fénix Global S.A., instalado en el Parque Industrial Montecarlo de Hernandarias. Vecinos se quejaron sobre la gran cantidad de neumáticos en desuso apilonados en el predio generando la proliferación de todo tipo de insectos e incluso un olor desagradable. En sus inicios, en abril del 2019, la empresa había anunciado una capacidad para triturar mil toneladas de neumáticos usados por mes.
El hecho punible investigado es el incumplimiento de la medida de mitigación dispuesto en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Según la investigación, Galeazzi, en su carácter de representante de la firma Fénix Global S.A., desarrolló un proyecto de reciclaje de neumáticos inservibles e importación de neumáticos usados como materia prima. Sin embargo, la ejecución del proyecto se realizó sin cumplirse el plan de gestión ambiental, aprobado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). El encausado habría infringido obligaciones establecidas en las leyes 716/96 y 294/93, referentes al acopio de la materia prima y al resultado del producto procesado.
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El predio fue allanado por una comitiva fiscal, en junio pasado, en virtud de un mandamiento judicial firmado por el juez Nelson Ojeda. Los intervinientes pudieron constatar que en el lugar se realizaba corte y triturado de neumáticos en desuso y separación de alambre de acero por medio de imán. Se observó una gran cantidad de cubiertas viejas amontonadas en la intemperie, en un área de dos hectáreas aproximadamente, pudiendo generar esto criaderos de insectos vectores como mosquitos y otras alimañas.
Las documentaciones para el funcionamiento del local, como ser el proyecto y la licencia ambiental fueron solicitadas por el fiscal Adolfo Santander y no fueron presentadas hasta el momento, lo que derivó en la imputación. Fue solicitado cuatro meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.
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