El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos José Delmás, remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, comunicando que el juzgado a su cargo se encuentra al día en los casos tramitados en la citada secretaría judicial.
Igualmente, la nota señala que “es importante destacar el papel fundamental que cumple como herramienta de control el sistema de gestión de casos, así como el expediente electrónico que permite tener a la vista en tiempo real las presentaciones realizadas por las partes, la inmediatez de las notificaciones y el control de los plazos procesales”, destaca el escrito remitido al titular de la máxima instancia judicial.
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El magistrado Delmás expresa en su informe que también ya fueron elevadas a juicio oral y público varias causas relacionadas a violación de los derechos de autor y derechos conexos, lavado de dinero, contrabando y otros.
El referido magistrado también resolvió en su momento hacer lugar a la extradición a los EEUU del libanés Nader Mohamad Farhat, quien fue requerido por el país norteamericano, donde debe enfrentar un proceso por lavado de dinero, supuestamente proveniente del narcotráfico. Farhat cuenta con dos pedidos de extradición, uno del Tribunal de Distrito Sur de Florida y otro del Tribunal del Distrito Este de Nueva York. En ambos distritos es requerido por el hecho punible de lavado de dinero.
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“La Contraloría no es un órgano jurisdiccional”, afirma Camacho
El abogado constitucionalista Emilio Camacho se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la administración del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez. El letrado sostiene que la Contraloría no es un órgano jurisdiccional, y un informe remitido por la misma puede ser perfectamente cuestionable.
“La Contraloría no es un órgano jurisdiccional, eso es importante tener en cuenta, es un órgano de control, y uno puede oponerse perfectamente a lo que diga la Contraloría”, expuso en entrevista con la 730 AM. Agregó que se trata de un órgano constitucional que también debe estar sometido a la constitución y la ley, y “no porque la Contraloría dice que está mal tiene que estar mal, porque muchas resoluciones de la Contraloría no son vinculantes”.
Mencionó que en un informe emitido no se puede establecer o dictaminar que existió algún tipo de delito, por ejemplo, en la administración de un intendente. Más bien se trata de un criterio establecido por el órgano de control.
“Yo soy intendente y compro tres tractores para limpiar un barrio y la Contraloría considera que es un mal desempeño porque compré sin licitar y eso es un criterio de la Contraloría, yo puedo ratificarme, que yo intendente compro tres tractores porque necesito para limpiar ese barrio y en ninguna parte puede considerarse delito comprar sin licitar, por ejemplo. Puede ser una falta administrativa, un objeto de debate, pero no constituye en delito”, apuntó.
UNA INTERVENCIÓN
Por otra parte, se refirió a la posibilidad de que el propio Poder Ejecutivo impulse, como un gesto político, un pedido de intervención de la Intendencia de Asunción, sobre lo que expresó que la Constitución Nacional establece claramente los mecanismos y el proceso, en su artículo 165.
“En la Constitución no dice eso, la Constitución tiene claramente establecidos los motivos, uno, solicitud de la Junta Departamental o Municipal, sea gobernación o municipio, la Constitución habla de las dos cosas a la vez. Tiene que haber una solicitud de la Junta Municipal por mayoría absoluta de votos, el quorum legal”, sentenció.
Reiteró que es una atribución de la Cámara de Diputados dar o no el acuerdo para proceder a una intervención. “Es parecido a un juicio político, dar o no dar el acuerdo, porque es eso lo que hace la Cámara de Diputados, no otra cosa. Es una decisión, una atribución discrecional de Diputados, como el juicio político, puede dar o no puede dar, de acuerdo a su criterio”, puntualizó.
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Examen de la Contraloría fue parcial y amerita un estudio completo del ejercicio, sostienen
Tras el informe publicado por la Contraloría General de la República respecto al uso de G. 500.000 millones en la Municipalidad de Asunción, el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres afirmó que no hubo malversación de fondos ni daño patrimonial, asegura que lo expuesto por el órgano contralor es una cuestión de “interpretación”.
“Lo que ellos hicieron es un informe parcial, corresponde que se examine el ejercicio de los años 2022 y 2023. Actualmente nuestra ejecución goza de presunción de validez y legalidad tal y como lo prevé la ley de procedimientos administrativos porque tiene aprobación de la Junta Municipal, así como dispone el artículo 207 de la Carta Orgánica, el siguiente paso es el examen completo del ejercicio”, aseveró.
De acuerdo a lo manifestado por el asesor de la municipalidad, si nuevamente se presentan discrepancias en un análisis completo, lo debe resolver el Tribunal de Cuentas. Torres manifestó que la situación de la comuna no es tan “dramática” como se presupone y aseguró que existen normativas que respaldan la utilización de una caja única.
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“El artículo N.° 178 de la Carta Orgánica Municipal dice claramente que en el sistema administrativo de la institución se aplica la ley de administración financiera en donde ya se prevé la utilización de la caja única y en segundo lugar, la ley que salió en el 2013 modifica o integra la ley de administración financiera, por tanto, esas normas forman parte del ordenamiento jurídico municipal”, detalló.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Torres explicó que los recursos que ingresan a la caja única, van rotando dentro de la misma, no obstante, los recursos correspondientes a bonos deben estar disponibles al momento de ejecución de la obra para la cual fueron emitidos.
“Así se concluyó Molas López, así se inició la obra en Abasto y así, una vez que se adjudique General Santos se va a proceder de la misma forma”, sentenció. Asimismo, señaló que no es la primera vez que existen desacuerdos con la Contraloría y en la ejecución de un contrato por parte de la municipalidad.
“Que exista un desacuerdo con el órgano fiscalizador puede ocurrir en cualquier momento, no porque diga la Contraloría quiere decir que tenga razón, para poner un ejemplo tenemos el caso de Parxin. La Contraloría recomendó que se rescinda el contrato, la municipalidad actuó en tal sentido y el resultado fue adverso”, recordó.
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Intendente refuta informe de Contraloría: “No salimos del marco legal”
“Yo puedo decir con absoluta responsabilidad y mucha tranquilidad de que no hemos salido del marco legal ni medio milímetro”, indicó el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, refutando el informe de auditoría de la Contraloría en el que se hace mención de un desvío en las operaciones en las que utilizó recursos de los bonos consistentes en G. 500.000 millones destinadas para el financiamiento de obras.
“Hemos recibido este informe mucho después de que hayan recibido los medios de prensa, de que hayan sacado sus conclusiones y que hayan salido algunos juzgando y actuando de fiscales. En el informe se dice que nosotros hemos presentado una información incompleta, quiero desmentirlo, nosotros hemos respondido a sus solicitudes a rajatablas”, sostuvo en el programa “Dos en la ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El principal cuestionamiento realizado por el órgano extrapoder se centra en que la normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal para realizar desembolsos.
“Algunos dicen que es un informe lapidario, pero en qué parte habla sobre una malversación, de algún daño patrimonial. Acá lo que la Contraloría cuestiona es que el municipio de Asunción no puede usar la cuenta única como utiliza el gobierno central. ¿Dónde está el principio de igualdad? ¿Por qué el gobierno central puede y el municipio no”, expresó.
Rodríguez acotó: “¿Dónde está el artículo 166 de la Constitución Nacional que habla de la autonomía y autarquía presupuestaria de los municipios, esto se encuentra establecido en la Constitución. El informe de la Contraloría menciona además que la municipalidad no tiene una cuenta única en el Banco Central del Paraguay, pero esta es una herramienta financiera económica que no precisamente te condiciona con que banco vas a operar”.
La denuncia sobre el supuesto desvío fue realizada por parte de concejales y legisladores de la oposición. Ante esta acusación Rodríguez había sostenido en varias ocasiones que se trata de una campaña política anticipada por parte de dicho sector rumbo a las municipales del 2026. El informe de la Contraloría ya fue remitido al Ministerio Público.
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El 15 de julio se realizará audiencia preliminar del senador Érico Galeano
El juez Osmar Legal fijó para el 15 de julio a las 8:00 la audiencia preliminar para el senador colorado Érico Galeano acusado por lavado de dinero y asociación criminal. En la referida diligencia judicial se definirá si el parlamentario enfrentará un juicio oral y público así como lo solicitó el Ministerio Público.
Días atrás la defensa del senador Érico Galeano recusó al juez Legal por no conceder una prórroga de 15 días planteada por los defensores de Galeano, con lo que logró finalmente evitar que la audiencia preliminar se lleve a cabo en la fecha indicada.
Días atrás, el tribunal de Apelación confirmó al juez Osmar Legal para que siga siendo el magistrado del proceso penal que enfrenta el parlamentario Erico Galeano acusado por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el caso A Ultranza.
Los fiscales Deny Pak y Silvio Corbeta presentaron acusación contra el senador Galeano y han pedido que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público. Los representantes del Ministerio Público sostienen que la vinculación de Galeano con Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” no es casualidad como se pretendió instalar.
Del mismo modo, afirman que el legislador recibió dinero y brindó logística para la planificación y el tráfico de cocaína, al poner a disposición de la banda criminal su aeronave. “Del cúmulo de documentos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal se pudo determinar la participación del señor Galeano Segovia y su vinculación con el esquema criminal liderado por Miguel Angel Insfrán Galeano y Sebastián Marset Cabrera y demás identificados en el operativo “A Ultranza PY”.
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