Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.

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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.

Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.

Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.

Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.

Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).

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La agente fiscal interina de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual y contra el Contrabando de Villa Hayes, Norma Paredes, realizo está mañana una intervención en Puerto Seco Boreal de Falcón, en el marco de una investigación iniciada por la supuesta infracción a las leyes que protegen la propiedad marcaría.

La comitiva interinstitucional integrada por la Dirección General de Vigilancia Aduanera (GGA) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección General de Observancia de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), coordinados por la representante del Ministerio Público realizaron una inspección a un contenedor que tenia un total de 222 bultos que contenían una gran cantidad de camperas, presumiblemente de marcas falsificadas.

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Cada bulto contenían entre 60 a 70 prendas, totalizando 13.000. Los 222 bultos son camperas genéricas, sin marca, por lo que no fueron incautadas. El lote de mercadería incautada quedará en resguardo de la administración aduanera a la espera del mandamiento judicial correspondiente.

Igualmente, la representante del Ministerio Público una vez recabado todos los datos deberá estudiar si corresponde presentar imputación contra los responsables del contenedor.

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San Isidro, Argentina. AFP.

La leyenda del fútbol Diego Maradona “a veces se resistía” a ser atendido por médicos, dijo ayer jueves una de sus hermanas en el juicio a siete profesionales de la salud por su muerte en Argentina en noviembre de 2020. Claudia y Ana, dos de las hermanas de Maradona, que son querellantes en la causa, declararon este jueves en la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el exfutbolista.

Claudia, de 53 años y la menor de las cinco hermanas de Maradona, dijo que Diego “a veces se resistía” a ser atendido por médicos y que “era de carácter fuerte”. Ella y Ana, de 74 años, coincidieron en que su hermano “hacía lo que él quería”. Maradona falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.

Las hermanas dijeron que participaron en la decisión de hacer internación domiciliaria y Claudia señaló que los especialistas les habían dicho que “iba a haber médicos clínicos” y equipamiento para atenderlo. Otros testigos en el juicio en sus testimonios señalaron que no había ambulancias ni equipamiento médico como desfibrilador en la casa donde murió el ídolo.

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Las hermanas dijeron que Leopoldo Luque, el neurocirujano y uno de los imputados en la causa, era el médico de confianza de Maradona. Ana contó que vio por última vez a su hermano cuando estaba internado en la Clínica Olivos, semanas antes de su fallecimiento, y que cuando le consultó cómo estaba, él le respondió: “Me duele el alma”.

En la tarde del jueves se preveía que declarara otra de sus hermanas, Rita, y Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona. Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.

Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión. El abogado de las hermanas Maradona, Pablo Jurado, objetó algunas de las preguntas de otros querellantes a las testigos, que apuntaban a las relaciones contractuales entre el exfutbolista y sus hermanas.

Para Jurado, las respuestas pueden afectar los intereses de sus defendidas en otra causa, en la que los hijos de Maradona demandan a sus tías por los derechos de la “marca Maradona”. El tribunal no hizo lugar a las protestas y las hermanas tuvieron que responder al respecto. Las marcas “son algo que nos dejó a la familia”, dijo Claudia y añadió que antes de su muerte Diego Maradona solo les “daba regalos”.

Diego Maradona no tenía alcohol ni “drogas de abuso” en sangre cuando murió, a pesar de su historial de consumo, dijo el pasado martes un perito, en el juicio a siete profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista en Argentina en 2020. “Ninguno de los cuatro tubos (de muestras) dio detectable para cocaína, marihuana, MDMA, éxtasis ni anfetamina”, dijo el perito bioquímico Ezequiel Ventosi, que analizó las muestras de sangre, de orina e hisopados de Maradona tras su muerte y constató que tampoco había presencia de alcohol.

El astro futbolístico argentino, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía. Las pericias posteriores a su muerte sí detectaron cinco sustancias correspondientes a medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos, antipsicóticos y contra las náuseas.

El testimonio de Ventosi se dio en la apertura de la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el ídolo. En la audiencia del martes, se leyó el testimonio de 2021 del médico personal de Maradona entre 1978 y 2009, Alfredo Cahe, fallecido en 2024.

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Según el escrito, Cahe vio a Maradona en noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una neurocirugía en la Clínica Olivos. Todo le pareció “extraño” y Leopoldo Luque, médico del ex deportista al morir e imputado, no le contestó sus consultas sobre el estado de salud del paciente. La internación domiciliaria “era lo menos indicado” para Maradona ya que “debía estar bajo terapia intensiva con control del corazón constante y continuo”, dijo Cahe, quien opinó que hubo negligencia y apuntó la falta de control y de ingesta de medicación cardíaca.

“Con un correcto seguimiento y control (la muerte) era evitable”, aseguró en el testimonio. Además, declararon otros tres peritos, entre ellos la anatomo-patóloga Silvana de Piero, que analizó los órganos tras el deceso y detalló que el hígado mostraba signos compatibles con cirrosis, los riñones insuficiencia, los pulmones una patología crónica y el corazón signos de falta de oxígeno.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado. Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.

El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.

“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.

El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.

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Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.

“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.

El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.

“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.

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