A fin de crear los mecanismos para proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de acceder al sistema de Justicia en igualdad de condiciones, la Defensa Pública, representada por la defensora general, María Lorena Segovia, y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), representada por la ministra secretaria ejecutiva, Mariela Soledad Ramírez, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional.
En la oportunidad, la defensora general resaltó el compromiso de la Defensa Pública para impulsar medidas a favor de las personas con discapacidad en cumplimiento de los derechos humanos.
En este contexto, mencionó que dentro de este año se debe avanzar con las acciones conjuntas para hallar coherencia con los principios inherentes a la condición de cada persona. Igualmente, desarrollar capacitaciones a los profesionales para fortalecer conocimiento en el área.
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La Defensa Pública y la Senadis coordinarán acciones técnicas bajo una agenda consensuada para la implementación del convenio mediante la facilitación de información, recursos profesionales según disponibilidad, como así también vínculos con redes, organizaciones y todo lo necesario para el cumplimiento.
Ambas instituciones se comprometen a realizar evaluaciones de las actividades realizadas de manera conjunta en favor de las personas con discapacidad.
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Caso Odebrecht: justicia peruana dará a conocer sentencia contra el expresidente Humala
La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.
El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.
Acusación
La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Fuente: AFP
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Ante irregularidades denunciadas por víctimas, senador planteará crear un registro de pagarés
El senador de la bancada “Yo Creo”, José Oviedo, anunció que presentará un proyecto de ley que crea un registro de pagarés, a fin de buscar una solución a los problemas de las víctimas, atendiendo que la Corte Suprema de Justicia ha informado que no podrá suspender los embargos que pesan sobre ellas.
En charla con varios medios de prensa, desde la Cámara Alta, señaló que acompañó una de las audiencias públicas realizada recientemente sobre este tema de la Mafia de los pagarés, en la que tuvo la oportunidad de escuchar testimonios desgarradores que expresaban que no se está pudiendo detener esta situación. A raíz de esto, indicó que ya está trabajando en algunas propuestas legislativas.
“La Corte Suprema ha sacado un comunicado en el que decía que cada afectado se haga cargo de su problema, y eso es lo que no están pudiendo hacer, los afectados ya no pueden hacerse cargo de sus problemas. Nosotros desde el Poder Legislativo vamos a tener propuestas de leyes. Por ejemplo, vamos a plantear un Registro de Pagarés, que establezca que si el pagaré no está registrado no podrá tener efectos”, precisó.
Mencionó que en lo personal recibió denuncias sobre usos indebidos de esos pagarés, pero no pudo dimensionar todo lo que venía arrastrando por debajo; como sí lo pudo ver el abogado Rolón Luna, que fue quien descubrió y puso a conocimiento público toda esta mafia de los pagarés. “Vamos a tener propuestas legislativas, pero también debemos tener en cuenta que la Justicia no se está haciendo cargo. No están reconociendo su cuota de culpabilidad en todo este esquema”, remarcó.
Respecto a esa complicidad judicial, el legislador señaló que es necesario auditar todos los juzgados del país. “En las audiencias públicas hemos escuchado muchas quejas contra los Juzgados de Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Villa Hayes, que han sido los juzgados los que han llevado más casos vinculados a la mafia de los pagarés, pero seguramente en todos los juzgados habrá implicados, entonces se deberían auditar todos los juzgados del país”, enfatizó.
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Rediex impulsa la producción sostenible de canola
Con el objetivo de fomentar la competitividad y la sostenibilidad del sector agroindustrial a través de la producción de colza (canola), el viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Viveros, firmó un convenio de cofinanciamiento con una empresa privada del departamento de Alto Paraná.
Este convenio permitirá la realización del “Simposio Regional e Internacional de la Cadena Productiva de la Colza 2025, con Énfasis en Sostenibilidad”, un evento que busca promover la producción de canola a nivel local como alternativa rentable y sostenible, enfocándose en la exportación de aceite refinado.
El viceministro Javier Viveros destacó que esta firma representa una oportunidad única para diversificar los cultivos de invierno y fortalecer la industria local, con miras a la internacionalización y resaltó el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades agrícolas.
Este convenio tiene como objetivo principal fortalecer la cadena productiva de la canola en los departamentos de Alto Paraná e Itapúa para desarrollar la economía de estas comunidades agrícolas. Respecto al simposio, desde el MIC indican que se realizará con el fin de promover el intercambio de conocimientos, así también, consolidar a Paraguay como un actor clave en el mercado global de canola, abriendo nuevas oportunidades para el sector agroindustrial nacional.
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La empresa firmante, Copordini S. A., es un referente en la industrialización de la canola en Paraguay, con una capacidad de producción anual de 25.000 toneladas. Nacida de la fusión entre la Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal Ltda. (Copronar) y Pordini S. A.
En Paraguay aún falta mayor impulso para que cada vez más productores apuesten por esta especie de oleaginosa. En 2024, la siembra alcanzó unas 60.000 hectáreas. Según datos del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), de 2022 a 2023 creció en 13.805 hectáreas, pasando de 78.189 a 91.993 hectáreas.
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Amplían las terapias en los hospitales públicos
La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, indicó este martes en una conferencia de prensa desde Mburuvichá Roga, que se reforzó el servicio de terapias intensivas en los hospitales del servicio público. Actualmente, el 76 % de las unidades de terapia intensiva (UTI) están activas, mientras que, hace 3 semanas, el porcentaje era de 60 %.
La secretaria de Estado explicó también que se firmó un convenio con el sector privado para que cualquier persona que requiera cama en UTI, si no cuenta en el público, lo pueda hacer en un sanatorio privado adherido al acuerdo.
La ministra Barán comentó que ayer lunes se llevó adelante una reunión con todos los directores de las regiones sanitarias, además de otras autoridades de salud, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, siendo esta la primera vez que un mandatario forma parte de la discusión del fortalecimiento del sistema sanitario de esta manera.
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“La idea era que nosotros podamos hacer un trabajo un poco más directo. Hasta el momento hemos logrado habilitar 51 camas más de terapia intensiva, entonces, de las 718 camas que hoy tenemos a nivel nacional, hoy ya tenemos 471 camas operativas a nivel nacional”, comentó Barán en la conferencia de prensa.
La alta funcionaria reconoció que el trabajo de lograr que la totalidad de camas de terapia intensiva se mantengan operativas es un proceso que lleva su tiempo y que, conociendo esta realidad, la firma del convenio con centros asistenciales privados ha sido clave para precautelar la salud de aquellas personas que necesitan de manera urgente atención y que dependen del acceso a una unidad de terapia intensiva para sobrevivir.
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