Por Aldo Benítez / aldo.benitez@gruponacion.com.py

Dos guardaparques de la Reserva Tapyta fueron asesinados en agosto del 2018 mientras hacían un patrullaje en plena área protegida. Este jueves 9 de setiembre se llevará a cabo el juicio oral para determinar la responsabilidad de quienes aparecen como sus asesinos. Familiares, amigos y compañeros de trabajo esperan que haya justicia.

Era una mañana calurosa del 18 de agosto del 2018 en la Reserva Tapyta, cuando los guardaparques Rumildo Toledo, Artemio Villalba y Felipe Chávez salieron para hacer su patrullaje diario. Esta área protegida, ubicada entre el Parque Nacional Caazapá y la Reserva San Rafael (Itapúa), tiene 4.736 hectáreas y es considerada un importante remanente boscoso de la región.

Una vez internados en el bosque, los guardaparques iban caminando por una de las picadas que normalmente usan para el recorrido diario, hasta que en la zona del cuadro 79 de la reserva se encontraron con dos hombres armados. Eran cazadores furtivos. Ambos huyeron hasta alcanzar el arroyo Tajay, que bordea esa parte del área protegida.

Siguieron a estos cazadores, pero del otro lado del arroyo, cerca de la comunidad Toro Blanco, cuatro personas salieron al paso de los guardaparques y empezaron a disparar contra ellos. Rumildo recibió un disparo en la cabeza y cayó muerto en ese mismo lugar. Tenía 36 años. Dejó una esposa y un hijo huérfano de seis años.

Artemio fue alcanzado por uno de los disparos en el rostro, pero supo aguantar. Chávez, el único que sobrevivió, consiguió auxilio y lograron derivar a Artemio al hospital distrital de Caazapá. Posteriormente lo trasladaron hasta el IPS Central, en Asunción. Artemio falleció después de 14 días de estar internado. Su cuerpo finalmente no resistió. Dejó una esposa y tres hijos mayores de edad.

Luis Benítez, jefe de manejo de la reserva, los recuerda como dos personas íntegras, muy dedicadas en su trabajo. “Artemio llevaba 14 años trabajando en la reserva y Rumildo 8 a 9 años, más o menos”, dice Benítez.

“Ellos tenían un gran cariño a la reserva. Trabajaban día a día. Intentaban hacer todo lo mejor siempre que podían, como todos lo que estamos acá”, agrega Benítez.

El guardaparque es consciente de los peligros que pasa en la labor diaria que significa cuidar los bosques en Paraguay. “No se puede estar solamente por el sueldo, hay que tener un amor al bosque, un amor a la naturaleza”, precisa Benítez.

Cándido Villalba tiene 29 años y es el mayor de los tres hijos de Artemio. Recuerda la pasión que su papá tenía por el trabajo que ejercía. Era algo que le daba orgullo y que también era motivo de orgullo para la familia.

“Me hizo estudiar una carrera que a él le hubiese gustado, que es ingeniería ambiental. A mí también me gustó, por todo lo que representa, porque también implica pensar en el ambiente”, asegura Cándido, en un potente guaraní.

Cándido recuerda que su papá era muy aplicado en su trabajo, que los 14 años que estuvo como guardaparques nunca falló un día y que siempre decía que hubiese estudiado más para poder hacer algo más por la naturaleza.

Éver Toledo es hermano de Rumildo. También en guaraní, lo recuerda como alguien que estaba totalmente entregado a su trabajo, porque se trataba de hacer algo por la naturaleza. “Le gustaba el cuidado de los bosques, se preocupaba siempre por los animales, era el mejor trabajo para alguien como él”, detalla.

Agrega que Rumildo decía que era importante cuidar de la naturaleza porque era un patrimonio de todos los paraguayos y paraguayas, principalmente en lo que respecta a la Reserva Tapyta y las demás áreas protegidas de la zona.

Las investigaciones por el asesinato de ambos guardaparques avanzaron lentamente y ante la presión constante de organizaciones civiles y ambientales. Un mes después de los hechos, en setiembre del 2018, el Ministerio Público imputó a los supuestos responsables: los hermanos Braulio, Robert y Ramón Alcaraz González, además de Hugo González Sosa y Daniel González Britos.

Estos cinco imputados viven en las inmediaciones de la compañía Toro Blanco, un pueblo colindante con la reserva, en donde también vive la familia de Artemio Villalba. Los hermanos Alcaraz González y González Sosa estuvieron prófugos durante dos años y medio. Daniel González Britos hasta ahora no fue localizado por los investigadores.

La fiscala que inició la investigación y que hizo estas imputaciones fue Gladys Jiménez, quien luego fue apartada del caso.

El 4 de marzo del 2020 fueron detenidos los hermanos Robert, Braulio y Arnaldo Ramón Alcaraz. Estaban en una compañía llamada 11 de Mayo, ubicada a unos 25 kilómetros de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. Supuestamente ahí residían.

Para ese entonces, el caso ya estaba a cargo de la fiscala Karina Escurra, que también terminó siendo apartada de la investigación. Meses después, el 11 de agosto del 2020, se presentó ante la Justicia González Sosa, otro de los imputados.

Luego, fueron designados los fiscales Carlos Mercado y como coadyuvante Federico Delfino. Mercado fue apartado por una recusación presentada por los abogados de las víctimas. Ahora la investigación está a cargo del agente fiscal César Martínez. Delfino sigue como coadyuvante.

Los familiares de las víctimas, los funcionarios y directivos de la Fundación Mbaracayú, que administra y controla la Reserva Tapyta, tuvieron que hacer varias manifestaciones, notas, exigencias públicas a las autoridades nacionales para que la investigación avance, para que la cuestión no quede como el caso de Bruno Chevugi, un guardaparque de la fundación que trabajaba en la Reserva Mbaracayú y que fue asesinado en el 2013. Su muerte quedó totalmente impune.

En este doble asesinato se habló bastante sobre presiones políticas locales para buscar que el caso termine en la nada o, al menos, que no haya responsables.

Luego de tres años de investigación, de manifestaciones, de pedidos de justicia, este jueves 10 de setiembre se realizará el juicio oral a los acusados, tras varias suspensiones. El tribunal es presidido por el abogado Enrique Furler e integrado por los demás miembros, abogados Carlos Antonio López y Mario César Miranda.

Para los familiares de las víctimas, es imposible pensar que esto quede impune. “Es verdad que nosotros ya no vamos a recuperar a mi papá, pero lo único que buscamos es que las personas que hicieron esto paguen por ello, porque eso tiene que haber en el país, tiene que haber justicia. Queda ese dolor que ya no se puede remediar, pero no podemos dejar de pelear porque se haga justicia, en su memoria”, acota Cándido, hijo de Artemio.

Para Éver Toledo, hermano de Rumildo, la cuestión no tendría que ser tan larga, ya que lo que se pide es que haya justicia para gente que estaba trabajando, cuidando un patrimonio natural.

Hace tres años que dos familias humildes, anónimas, lloran la ausencia de dos integrantes. Dos integrantes que murieron protegiendo los bosques de este país. Los pocos bosques que aún quedan en la Región Oriental y que representan el trabajo de tantos héroes que arriesgan su vida en la protección ambiental.

Hoy estas mismas familias esperan que haya justicia con sus héroes.