El juez José Delmas concedió medidas alternativas a la prisión a José Bogado y Diego di Stefano, exsecretarios del exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor imputados por tráfico de influencias por solicitar la suma de US$ 2 millones a los abogados de Darío Messer para obtener fallos favorables en la justicia.

Delmas dispuso que el imputado Bogado Cardozo no pueda cambiar de domicilio, deberá comparecer de forma mensual ante la secretaría del juzgado para la firma del acta judicial, la obligación de darse por notificado para las audiencias o citaciones que se realicen en el presente caso, la prohibición de salida del país, la caución real de un inmueble valuado en G. 338 millones y la fianza personal de la abogada Ana Carolina Cardozo por la suma de G. 262 millones. Igualmente, se trabó embargo por el inmueble ofrecido como fianza.

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Con relación al procesado Di Stefano Monaco, el mismo cuenta con la prohibición de cambiar de domicilio, la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial, la obligación de darse por notificado para las audiencias o citaciones que se realicen en el presente caso, prohibición de salida del país, una caución real del inmueble valuado en G. 600 millones y a su vez trabar embargo preventivo por el mismo monto. Solo la imputada María Lorena de Barros Barreto Pérez falta someterse al presente proceso penal.

La imputación fiscal señala que en las diligencias del Ministerio Público surgen con claridad que los imputados se pusieron de acuerdo para solicitar la suma de US$ 2 millones a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, representantes de la defensa del señor Darío Messer. El dinero fue solicitado para obtener respuestas favorables en el Poder Judicial y en el Ministerio del Interior para garantías del prófugo respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar estos profesionales en representación de Messer, “y tal suma de dinero solicitada sería destinada concretamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior ante quienes invocaban tener influencias”, indica parte la imputación.

Asimismo, mencionan que el pedido de dinero fue materializado a través de reuniones personales que se realizaron entre el 23 de abril del 2019 y el 4 de mayo del mismo año, periodo en el cual también hubo comunicación telefónica y por WhatsApp entre Lorena de Barrios y la abogada Leticia Bóveda, en donde la primera de ellas era quien insistía en que se llevara adelante tales reuniones, reza parte de la imputación fiscal.

El acta de imputación explica que “de acuerdo a los elementos de sospecha, los tres imputados pidieron la suma de US$ 2 millones para ejercer sus influencias con miembros de la Corte y con el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con el fin de obtener y asegurar resultados favorables a favor de Darío Messer. El dinero iba a ser distribuido en US$ 1 millón para Juan Ernesto Villamayor y el otro US$ 1 millón para los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esta atribución que realiza el Ministerio Público surge de una secuencia entre las reuniones que se mantuvieron entre los imputados y los representantes de Messer”, menciona el escrito del Ministerio Público.

Según los investigadores, el imputado Diego di Stefano se presentó ante los abogados de Messer como el supuesto nexo o vínculo con la influencia suficiente ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia como para poder obtener favores judiciales a cualquier planteamiento que sea realizado por Darío Messer y sus abogados. Incluso, hasta aseguró la obtención de un habeas favorable ante la propia Corte Suprema de Justicia como para evitar la extradición a la República Federativa del Brasil y mantenerlo en nuestro país.

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El imputado José Bogado se presentó ante los representantes legales de Messer como el nexo del entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por ser secretario privado del mismo, y, por ende, tenía toda la confianza del exsecretario de Estado. Bogado sería el que tendría que hacer llegar el dinero pactado a Villamayor, según la presente investigación fiscal.

En el presente caso declararon los abogados de Messer, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, así como el comisario Nimio Cardozo y otras personas más. Los fiscales Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron seis meses de tiempo para poder culminar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo.