Bombas molotov: rechazan chicanas de Stiben Patrón
Compartir en redes
Los camaristas Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos ratificaron a las juezas de sentencia Inés Galarza y Olga Ruiz para que sigan formando parte del Tribunal de Sentencia que juzgará al acusado Stiben Patrón y otros procesados por la fabricación de bombas molotov dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
De esta manera, se rechazó la recusación planteada al solo efecto de dilatar el presente proceso penal que soportan Patrón y otros procesados. Ahora ya se tiene vía libre para poder fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
Es importante mencionar que en el presente proceso penal están acusados y deben enfrentar un juicio oral Luis Osvaldo Sánchez González, Stiben Patrón, Brian Esteban Martínez Jara y Rubén Moisés Galeano Cáceres, acusados por el fiscal de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas, Eugenio Ocampos, por la comisión del hecho punible de fabricación ilícita y hechos conexos, establecidos en la Ley 4.036/10 de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines.
Para la Fiscalía, los imputados supuestamente fabricaron bombas molotov en la sede del directorio del PLRA el 31 de marzo del 2017, los artefactos aparentemente se utilizaron para incendiar el Congreso Nacional.
Según refiere la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían ingresado a la sede del PLRA con varias botellas que contenían líquidos inflamables de color rosado (querosén o alcohol), en algunos casos con mechas, en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del 2017. Las bombas caseras habrían sido distribuidas en el interior de la sede partidaria, de acuerdo a las imágenes a las que accedió la Policía Nacional.
El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral el proceso penal de los exfiscales Armando Cantero y Hugo Volpe quienes habrían recibido regalo de un supuesto narco. Foto: Gentileza
Dos exfiscales enfrentarán juicio oral por recibir regalo de supuesto narco
Compartir en redes
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan los exfiscales Hugo Volpe y Armando Cantero, acusados de recibir presuntamente costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los dos acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante era objeto de investigación.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.
El juez Humberto Otazú resolverá si eleva a juicio oral el proceso penal de dos exfiscales acusados por recibir costosa lapicera de supuesto narco. Foto: Gentileza
Juez definirá si dos exfiscales van a juicio por recibir costosas lapicera de supuesto narco
Compartir en redes
El juez Humberto Otazú deberá resolver el día lunes si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal para los exagentes del Ministerio Público, Hugo Volpe y Armando Cantero, procesados por soborno agravado por recibir costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
En la fecha se inició la audiencia preliminar en la que las partes presentaron sus incidentes, por lo que el juez del caso deberá evaluar para luego resolver si corresponde que los exfiscales estén sentados en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante se encontraba siendo investigado.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.
El ex ministro del Interior Walter Bower, y otros dos acusado por tortura recusaron al tribunal de sentencia y lograron suspender el juicio oral y público. Foto: Archivo
Juicio a Bower: nueva recusación a tribunal de sentencia paralizó juicio oral
Compartir en redes
Una vez más se suspendió el juicio oral y público para el exministro del Interior, Walter Bower, y los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera, acusados por presunta tortura. La audiencia oral se suspendió porque los tres acusados recusaron a los jueces de sentencia, Fabián Weinsensee, Laura Ocampos y Cándida Fleitas.
La nueva recusación se genero luego de que se filtrara un supuesto audio en el que se escucha a quien, supuestamente, sería la magistrada Laura Ocampo, integrante del tribunal de sentencia, dialogando con quien sería uno de los abogados querellantes. Ante la nueva recusación se suspendió la prosecución del juicio oral y público, en el que ya se debía imponer las condenas respectivas para cada uno de los condenados.
Para los jueces de sentencia quedó probado que Palacios y Vera participaron de hechos de maltrato físico hacia Jorge Luis López Sosa y otras personas, tanto en la comisaría así como también en la Marina. Respecto a Bower, quedó acreditada la participación en los hechos que se dieron en este último lugar. Aún está pendiente el pedido de pena que deben realizar las partes y el posterior veredicto del colegiado.
El exministro del Interior Walter Bower fue acusado con los expolicías Osvaldo Vera y Merardo Palacios por supuestos hechos de tortura contra dos uniformados en mayo del año 2000 en la Marina, porque supuestamente los mismos participaron del frustrado golpe de Estado contra el entonces presidente, Luis Ángel González Macchi.
Itapúa: presuntos invasores suspenden desalojo con recusación del fiscal
Compartir en redes
Un procedimiento de desalojo de un inmueble ubicado en la colonia Naranjito, en el distrito de San Rafael del Paraná (Itapúa) estaba previsto para este martes por la mañana, pero debió suspenderse luego de que se comunicara, esta misma mañana, del ingreso del pedido de recusación del fiscal Luis Albertini, a cargo del operativo de constatación de la superficie ocupada por el asentamiento San Francisco.
En conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, el fiscal Albertini comentó que recibieron la noticia de que el representante legal de los ocupantes del inmueble en litigio presentaron el pedido de recusación ya cuando la comitiva fiscal y policial se encontraba en el lugar ultimando detalles para ingresar al sitio.
“El objetivo era realizar el procedimiento de constatación del inmueble con el ingeniero del Ministerio Público, es a los efectos de tomar los planos georeferenciales para contrastar con los títulos presentados tanto por el titular del inmueble, como con los del registro público y los de catastro. En ese sentido, esa tarea no la vamos a poder realizar porque se presentó la recusación” indicó el interviniente.
Albertini precisó que, tras esta verificación, se debía de proceder también al desalojo de las 40 familias apostadas en el lugar con un total de 33 casas, precisando que estarían habitando unas 80 personas, entre adultos y niños, pero que ninguno de los ocupantes ha presentado título de propiedad o trámite ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que les habilite permanecer en el sitio.
Para el mencionado procedimiento se convocó a un total de 150 efectivos policiales, entre ellos de las divisiones tácticas antidisturbios, linces y montada, provenientes de los departamentos de Caazapá, Alto Paraná e Itapúa.