El Tribunal de Sentencia decidió ratificar la prohibición de salida del país al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, luego de que este solicitara un permiso para asistir a un taller especializado en Colombia. La exautoridad se encuentra a puertas de enfrentar un juicio oral y público.

El exsecretario de Estado en el gobierno de Mario Abdo Benítez es investigado por cohecho pasivo agravado debido a supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola. Las audiencias del juicio debían iniciarse el 1 de julio, pero fueron postergadas para octubre.

Giuzzio había solicitado al tribunal, presidido por la jueza Adriana Planas, asistir a un taller en la ciudad de Bogotá. El curso en el cual asistiría el acusado se debía realizar desde el 6 al 9 de agosto y consistía presuntamente en una capacitación especializada.

No obstante, el colegiado judicial argumentó que los documentos arrimados por la defensa no dan una certificación plena acerca del curso al que fue invitado el acusado. Además, remarcaron que para salvaguardar el proceso penal y de cara al juicio oral y público en octubre, se debe rechazar el pedido.

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Para las fechas 21, 22 y 23 de octubre está fijado el desarrollo del juicio oral del exsecretario de Estado. Sus presuntos vínculos con el narcotráfico se exponen luego de que se identificara cómo el brasileño Marcus Vinicius Espíndola le prestó a Giuzzio una camioneta para vacacionar.

El detenido en Brasil pretendía fungir como proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional durante la administración de Giuzzio al frente del Ministerio del Interior. Atendiendo estos detalles y las comunicaciones constantes entre Giuzzio y el capo narco, la Fiscalía considera que existe una relación muy cercana entre ambos.

“Teniendo en cuenta todo el material probatorio, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra el exministro.

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El senador colorado Antonio Barrios sostuvo que es “un refrito” tratando de tapar las barbaridades que cometió el gobierno anterior, con el expresidente Mario Abdo Benítez, en connivencia con muchos actores, incluso actores diplomáticos. El parlamentario brindó estas declaraciones respecto a la ratificación del gobierno de Estados Unidos con la sanción a la empresa paraguaya Tabacalera del Este (Tabesa).

En comunicación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970/Nación Media, señaló que estos mismos actores que están detrás de estas sanciones, son los que buscaron echar al Partido Colorado del Gobierno, pensando que la alternancia era la gran alternativa; y que el Partido Colorado, así como el pueblo paraguayo dio una fuerte respuesta con la victoria más grande de las últimas elecciones en el Paraguay.

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“Con Santiago Peña, presidente; Pedro Alliana vicepresidente; Horacio Cartes en la Junta de Gobierno; y el Partido Colorado con mayoría propia en ambas cámaras del Congreso Nacional. Esa es la respuesta política. Ellos siguen insistiendo; yo creo que acá hay un sesgo y un resto de pichadura muy grande. Además de tratar de cubrir a su gran cómplice Mario Abdo Benítez, de todas las fechorías que hoy está a disposición de la Justicia y la Fiscalía que esperan sean tenidas en cuenta e inicie la investigación”, comentó.

El legislador se refirió al informe de la Contraloría General de la República respecto al llamativo enriquecimiento de las empresas de Mario Abdo durante el periodo de la pandemia, que fue una época muy crítica para el Paraguay y para todo el mundo, ya que su empresa fue la única que ganó dinero, mientras que más de 900 mil empresas han cerrado en época de pandemia.

“Esto es un refrito más, para tapar todas las fechorías del gobierno anterior; o ya se olvidaron que en el gobierno anterior se iba la cocaína que salía de Paraguay a Europa, y probablemente parte de la cocaína que entraba a los Estados Unidos; pero con toda la libertad, porque no había ningún tipo de control. Se levantaron todos los controles, durante el narco gobierno de Mario Abdo Benítez. Esta sigue siendo una persecución política contra el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes”, enfatizó.

El parlamentario coincidió igualmente respecto al momento y las circunstancias actuales en que se da este nuevo anuncio por parte de la embajada norteamericana. Esto teniendo en cuenta que en los últimos días todos los medios locales se hicieron eco del informe de la Contraloría General, que confirma que el expresidente Abdo Benítez tenía empresas de asfalto que venía bajo presión de Obras Públicas a las empresas constructoras y que fue confirmado por empresarios del sector.

Cabe resaltar que actualmente existe una investigación en curso, ya que han saltado cuestiones graves, como por ejemplo los USD 45 millones de utilidades no declaradas en la declaración jurada de bienes del expresidente Abdo. Sumado al aspecto de la competencia comercial por parte de Tabesa y la empresa tabacalera multinacional Phillip Morris, que estuvo instalando mentiras contra la empresa paraguaya.

“Esta guerra de Tabesa con la Phillip Morris data de varias décadas y siempre han estado en ese conflicto. Pero hay que entender que la industria tabacalera en los Estados Unidos también es una industria muy importante. Una industria que financia campañas políticas, que tiene sus propios parlamentarios y que varios de esos parlamentarios formaban o forman parte del Departamento de Estado. Hay intereses creados en todos lados para tratar de destruir a una empresa paraguaya que siempre trabajó y trabajó en la legalidad”, enfatizó.

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El gerente general de impuestos internos de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT), Ever Otazú, explicó el rol de la institución en torno al caso que envuelve al expresidente Mario Abdo Benítez por presunto crecimiento exponencial de su patrimonio.

“Tuvimos una participación conforme a lo que nos permiten y obligan las leyes de transparencia. Nos solicitan los informes la Contraloría, damos esto como insumo y la Contraloría consideró que había elementos para presentar el caso a la Fiscalía”, indicó en “Fuego Cruzado” por GEN/Nación Media.

Abdo Benítez había monopolizado las licitaciones de compra de asfalto en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de sus empresas Aldia S. A. y Createc S. A., en donde es el accionista mayoritario. Así, presentó un crecimiento nunca antes obtenido previo a su presidencia.

En cuanto a la DNIT, como su interés se centra únicamente en la contingencia tributaria, para lo cual si se llega a considerar que existe algo a ser analizado, se concluye a la realización de algún control interno, fiscalización o acciones similares.

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Otazú remarcó que, atendiendo las diferentes áreas de atención de la DNIT y los impuestos existentes, el crecimiento patrimonial de Abdo Benítez podría llegar a tomarse como algo normal, dentro del impuesto a las ganancias de capital. Sin embargo, todo dependerá de análisis exhaustivos.

“Lo que podríamos ver, en un tiempo no inmediato, es cuáles son los tipos de obligaciones que podrían haberse disparado”, mencionó, pero si el crecimiento se da en meses alternados, por ejemplo, constituye algo que se debe estudiar para posteriormente realizar algún tipo de requerimiento.

Otazú remarcó que el estadio de las funciones actuales es que, conforme a los procedimientos, se comunique a la Fiscalía y esta volver a realizar una comunicación a la DNIT, luego de considerar algún tipo de contingencia. Allí, de manera formal, la institución contará con un insumo para analizar el caso.

“Si creemos que hay alguna contingencia tributaria a ser analizada, veremos si amerita algún tipo de control que sería interno o una fiscalización. Este sería el camino y el proceso, hablando en generalidades”, indicó el representante de la DNIT.

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El inicio del juicio oral y público para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, y otros acusados por integrar una estructura para el tráfico de drogas en Asunción y Central, se pospuso para el 26 de agosto. El tribunal de sentencia que debe juzgar a los acusados está integrado por Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos.

La audiencia oral se pospuso porque el acusado Rotela cambió de abogado y asumió un nuevo profesional del derecho, por lo que pidió tiempo para poder interiorizarse del caso y por ende se tuvo que suspender el juicio oral y público.

La audiencia oral se desarrollará de forma telemática desde el lugar de reclusión de cada uno de los acusados. En la causa penal están procesados Vicente Chase, Carmen Carolina Ortiz Figueredo, Fredy Pérez, Carlos Damián Fernández, Ronald Cantero, Juan Rodas y Christian Martínez Medina.

El Ministerio Público acusó a las personas citadas por los hechos punibles de detentación, posesión y comercialización de drogas peligrosas y asociación criminal.

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El Ministerio Público logró unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.

De acuerdo al informe emitido por la institución fiscal, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.

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