La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, ratificó la condena de 10 años de cárcel para Rubén Darío Quesnel, expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), por lesión de confianza y apropiación. Esto, tras el desvío de G. 3.127 millones que debían ser destinados a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa, ubicadas en Presidente Hayes, Chaco. Los ministros declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por el condenado.
Asimismo, se ratificó la pena para Ever Ramón Otazo, condenado a 3 años y seis meses de cárcel, y para Óscar Enrique Viera, a dos años y seis meses de prisión.
Condena
El tribunal de sentencia conformado por los magistrados Víctor Alfieri, Daniel Ferro y María Luz Martínez, había condenado a los acusados. El tribunal de apelación también confirmó la sentencia condenatoria.
Según la condena, los G. 3.127 millones debieron ser destinados a comunidades indígenas como pago de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras ser violentamente sacadas de sus tierras y restituidas posteriormente. Sin embargo, en un primer desembolso Otazo retiró G. 1.000 millones, luego Quesnel, en compañía de los otros funcionarios, el propio Otazo y Mendoza, retiraron G. 2.127 millones de un banco de plaza.
Óscar Enrique Viera, exrepresentante de la ONG Reforest Par, organización que daba asistencia a las mencionadas comunidades, había firmado el recibo de transferencia de la millonaria suma; sin embargo, éste había dicho que nunca recibió la plata.
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