Teniendo en cuenta el auge de turistas en la zona de Encarnación y el aumento de las ventas conforme se acerquen las fechas festivas del mes de diciembre, desde la Dirección de Policía de Itapúa lanzaron la campaña “Itapúa te quiero segura”; fue este jueves en la Cámara de Comercio de Encarnación.

El objetivo principal es prevenir casos de estafas a los turistas, hecho que aumenta exponencialmente en esta temporada y a raíz del cual siempre se da un caudal importante de denuncias y quejas por parte de extranjeros. Con este tipo de acciones, tanto la policía como los comerciantes buscan que el circuito encarnaceno sea una zona segura para todos quienes quieran realizar compras.

“En coordinación con la Dirección Policía, teniendo en cuenta que se acercan las festividades de fin de año, seguramente vamos a tener más refuerzos también en la zona, pero trabajaremos en coordinación con los compañeros de la guardia turística, el equipo de Linces y todas las comisarías que forman parte del circuito comercial”, indicó el comisario Julio Vera, jefe de Delitos Económicos.

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Durante la conferencia de prensa, también adelantó que será habilitado un QR a través del cual tanto los compradores o turistas que tengan algún tipo de denuncias respecto al área comercial podrán comunicarse de manera rápida y eficaz con la policía a través del servicio de mensajería de WhatsApp, que estará disponible todos los días las 24 horas para que puedan ser asistidos por agentes en el momento del hecho.

Destacó que con el uso de esta tecnología también se podrá conseguir una mayor trazabilidad de las denuncias y se trabajará en la respuesta rápida de las autoridades; sin contar que servirá para detectar los diferentes casos de ilícitos que se puedan estar cometiendo en la zona.

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Este lunes arrancó el operativo “antipirañitas” en Encarnación con el que las autoridades buscan reducir la cantidad de robos a turistas en el circuito comercial de la ciudad. Hasta el viernes se realizarán controles, teniendo en cuenta que en Argentina están con celebraciones y feriados por lo que sus ciudadanos visitan el país para realizar compras.

Según el comisario principal, Reinaldo Téllez, jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana en Itapúa, desde hoy lunes se tiene un gran movimiento en el circuito comercial de Encarnación. En su gran mayoría son ciudadanos argentinos que visitan la zona para realizar compras y que están expuestos a las estafas.

Explicó que para llevar a cabo el operativo antipirañitas se unieron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) que buscan desalentar y disuadir a los llamados pirañitas, personas que se dedican a atraer clientes a ciertos locales comerciales y los estafan.

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“Se trata de tareas preventivas y ponerles frenos a estos grupo criminales a quienes se los conoce como pirañitas. La idea es evitar que se comentan los atracos contra los turistas o personas que visitan por primera vez el circuito comercial”, expresó el comisario, en entrevista con la corresponsal de Nación Media.

Detalló que se trata de controles y que responderán a denuncias de las personas. A todo esto buscan identificar las personas que se dedican a este tipo de hecho punibles. “Los pirañitas son personas de las zonas y lo que queremos es detenerlas o ficharlas. Además, evitar que vuelvan a operar”, aseguró.

Agregó que estos delincuentes muchas veces son detenidos, pero al no tener denuncias en su contra vuelven a ser liberados. Estos identifican a las posibles víctimas y les ofrecen ayuda o los guían a comercios donde cuentan con mejores ofertas dentro del circuito, pero en realidad los estafan.

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Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

En la ciudad de Encarnación una mujer fue detenida luego de agredir a su expareja que estaba en su lugar de trabajo y destruir parte de la motocicleta del hombre. Al parecer, la mujer había abandonado al hombre y a su hijo, y ahora volvió con la intención de llevarse al menor, pero el hombre se negó a entregarlo.

Según el reporte policial, el hecho se registró en pleno centro de la ciudad de Encarnación, donde el hombre se desempeñaba como guardia de seguridad de un local comercial. Hasta allá llegó la mujer identificada como María Magdalena Del Puerto, de nacionalidad argentina, e inició la discusión con el trabajador.

Al no tener una respuesta favorable por parte de la víctima, la mujer comenzó a agredir verbal y físicamente, hasta que le arrojó piedras. No conforme con eso, decidió destruir la motocicleta del hombre. Todo fue grabado por amigos y conocidos del trabajador que llamaron al sistema 911 para denunciar el caso, además, entregaron los videos.

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Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de mujeres y lograron detener a la agresora, que quedó a disposición del Ministerio Público. El hombre realizó la denuncia y confirmó a las autoridades que la agresión tendría como trasfondo la disputa por la tutela de su hijo en común.

Aclaró que la mujer abandonó el hogar donde residían y que hace unos días regresó para pelear legalmente por la custodia del menor, pero al no entregar a su hijo decidió atacar físicamente al padre. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y tomar las medidas pertinentes.

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