La Cámara de Apelación conformada por los jueces Emiliano Rolón, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias rechazó las chicanas planteadas por los imputados por tráfico de influencias, Diego di Estefano y María de Barros Barreto, exsecretarios del exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.
Igualmente, en el presente caso también está imputado José Bogado, mano derecha de Villamayor. Todos los citados están investigados por pedir una coima al empresario Darío Messer.
Los procesados habían recurrido la admisión del acta de imputación, así como la determinación adoptada por el juez Delmás sobre la audiencia de imposición de medidas cautelares. Ahora el referido magistrado tiene vía libre para poder fijar la fecha para el desarrollo de la diligencia judicial.
Imputación
La imputación fiscal señala que en las diligencias del Ministerio Público surgen con claridad que los imputados se pusieron de acuerdo para solicitar la suma de US$ 2 millones a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, representantes de la defensa del señor Darío Messer.
El dinero fue solicitado para obtener respuestas favorables en el Poder Judicial y en el Ministerio del Interior para garantías del prófugo respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar estos profesionales en representación de Messer, “y tal suma de dinero solicitada sería destinada concretamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior, ante quienes invocaban tener influencias”, indica parte la imputación.
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Asimismo, menciona que el pedido de dinero fue materializado a través de reuniones personales que se realizaron entre el 23 de abril del 2019 y el 4 de mayo del mismo año, periodo en el cual también hubo comunicación telefónica y por Whatsapp entre Lorena de Barrios y la abogada Leticia Bóveda, en donde la primera de ellas era quien insistía en que se llevarán adelante tales reuniones, reza el documento fiscal.
El acta de imputación explica, además, que “de acuerdo a los elementos de sospecha, los tres imputados pidieron la suma de US$ 2 millones para ejercer sus influencias con miembros de la Corte y con el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con el fin de obtener y asegurar resultados favorables a favor de Darío Messer”
También menciona que “el dinero iba a ser distribuido en US$ 1 millón para Juan Ernesto Villamayor y el otro US$ 1 millón para los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esta atribución que realiza el Ministerio Público surge de una secuencia entre las reuniones que se mantuvieron entre los imputados y los representantes de Messer”.
Según los investigadores, el imputado Diego di Stefano se presentó ante los abogados de Messer como el supuesto nexo o vínculo con la influencia suficiente ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia como para poder obtener favores judiciales a cualquier planteamiento que sea realizado por Darío Messer y sus abogados. Incluso, hasta aseguró la obtención de un hábeas corpus favorable ante la propia Corte Suprema de Justicia como para evitar la extradición a la República Federativa del Brasil y mantenerlo en nuestro país.
Por su parte, el imputado José Bogado se presentó ante los representantes legales de Messer como el nexo del entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por ser secretario privado del mismo y, por ende, tenía toda la confianza del exsecretario de Estado. Bogado sería el que tendría que hacer llegar el dinero pactado a Villamayor, según la presente investigación fiscal.
En el presente caso declararon los abogados de Messer, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, así como el comisario Nimio Cardozo y otras personas más. Los fiscales Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron seis meses de tiempo para poder culminar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo.