El abogado Ricardo Preda en representación de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), la Federación de Cooperativas del Producción Limitada (Fecoprod) y la Cámara Paraguaya de Procesadores de Exportación y Comercializadores de Cereales y Oleaginosa (Capeco) presentó una denuncian penal en sede de la Fiscalía General del Estado contra los gremios de camioneros denominados Fedecap y Fetraapy por supuestos hechos punibles de coacción, coacción grave, perturbación de la paz pública, coacción a un órgano constitucional, lesión grave y tentativa de homicidio entre otros delitos.
Refiere la denuncia que “el 24 de julio de 2021 los señores Ángel Zaracho y Roberto Almirón, quienes invocan la presidencia de los gremios de camioneros mencionados más arriba, emitieron un comunicado anunciando manifestaciones de sus agremiados, es así que el día 28 de julio se ha iniciado el cierre de rutas en diversos puntos del país, abarcando caso todos los departamentos y las principales rutas que sirven para transportar los productos elaborados así como las materias primas utilizadas en la industria”, señala parte del escrito.
Agrega que “si bien se reconoce a cualquier ciudadano la facultad de reclamar derechos que considera le corresponden, esto no lo puede hacer en detrimento de otras personas. En ese contexto se han accedido a audios e imágenes donde se advierten amenazas y actos de violencias contra choferes que no se plieguen al paro y manifestaciones anunciadas por los referidos dirigentes”, expresa.
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También se menciona que “a través de estas conductas se afecta directamente la libertad de choferes y dueños de camiones que no están interesados en participar de las protestas. Incluso se pone en peligro la vida y la integridad de las personas y las que circulan por las rutas nacionales así como los productores y otros”. La conducta de los manifestantes se ha extendido a la capital obstruyendo el paso de vehículos.
Igualmente indica la denuncia que “lanzar piedras contra vehículos en movimiento pone en riesgo tanto la vida de las personas como se podría constituir en lesión grave o incluso homicidio. Además de esas mismas conductas violentas producidas por grupos de manifestantes se podría configurar el hecho punible de perturbación de la paz pública”. Del mismo modo se podría configurar la actuación de los manifestantes como coacción y coacción grave. También se configuraría el delito de coacción a un órgano constitucional si la violencia de los manifestante va dirigido hacia el Congreso de la Nación.
En el escrito se ofrece varios documentos, videos e imágenes como prueba de lo mencionado más arriba y esperan que el Ministerio Público actúe e investigue el hecho y si existe indicios de hechos punibles se formule la imputación contra los responsables de los actos de violencia.
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