Un tribunal de sentencia condenó a 18 y 15 años de cárcel a dos personas luego de ser encontradas culpables por el delito de robo con resultado de muerte. Los condenados son Juan Manuel Hermosilla, en calidad de autor, y José Mercedes Benítez, en calidad de coautor.

El colegiado sostuvo que se pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado. El fiscal del caso y quien pudo demostrar la culpabilidad de los dos acusados fue Augusto Ledesma.

Ahora la defensa de los condenados tienen la posibilidad de apelar el fallo judicial y será un tribunal de apelación el que deberá decidir si corresponde confirmar la resolución de primera instancia.

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En fecha 14 de julio de 2021, siendo las 01:00, el episodio se produjo en el interior de la vivienda de la ciudad de Areguá, perteneciente a la Familia Goiburú Soto. Los ahora condenados ingresaron con violencia y arma de fuego en mano, exigieron dinero y la entrega del mismo. El suceso derivó en la muerte de un adolescente, quien recibió un impacto de bala a la altura del pecho.

En el episodio también resultaron heridos sus hermanos, quienes recibieron impactos de bala. Asimismo, despojaron de su aparato celular a una de las víctimas. Los condenados y sus cómplices huyeron a bordo de dos motocicletas.

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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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“Todos los estudios que lleven a un mejoramiento de la calidad de producción deben adaptarse a la realidad paraguaya”, sostuvo el senador Natalicio Chase tras expresar su rechazo al proyecto de ley que plantea reducir el horario laboral en el sector privado. Agregó que esta iniciativa podría poner en riesgo las inversiones internacionales instaladas en nuestro país.

“No es tan sencillo bajar el horario laboral del país sin tener en cuenta todos los factores. El 98 % de la mano de obra que se utiliza en el Paraguay son las pequeñas y medianas empresas, entonces hay que consultar con todos los sectores para tomar una medida así y no una medida alegre que busca figuración”, comentó a los medios de comunicación.

El proyecto que establece las 40 horas laborales sema­nales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.

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“El senador no se reunió con las industrias, con la fuerza trabajadora del país, es un proyecto de ley que busca un resultado mediático, no se puede tomar medidas unilaterales. Él es un senador, representa a una pequeña porción de los paraguayos. Esta medida afectará al 100 % de todos los ciudadanos, a veces las iniciativas que son irresponsables pueden hasta ocasionar desventajas en el sector industrial y poner en riesgo las inversiones internacionales en nuestro país”, indicó Chase.

Asimismo el parlamentario acotó: “No se puede traer estudios extranjeros no aclimatados a nuestro país. Yo creo que es inapropiado, no tiene análisis. En Paraguay no se tiene las 8 horas de trabajo como está previsto en la ley, porque siempre hay hora de almuerzo. La propuesta puede analizarse, pero sí tiene un estudio más acabado”.

El proyecto de ley ahora deberá ser girado previamente a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta para sus correspondientes dictámenes, ya sea a favor o en contra para luego ser analizado en la plenaria.

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Un tribunal de sentencia condenó a 4 años de cárcel al supuesto líder narco Miguel Ángel Servín, alías “Celular”, luego de ser responsable de haber falsificado su título de abogado para obtener su matrícula en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Yolanda Portillo dictó la sentencia condenatoria contra el procesado.

Los jueces de sentencia concluyeron que sí se probó el hecho con documentos y por sobre todo los testigos que declararon durante el desarrollo de la audiencia oral.

La acusación fiscal fue presentada por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. De acuerdo a la investigación, en diciembre del año 2017 Miguel Ángel Servín y su presunto testaferro Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos títulos de contenido falso.

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Los títulos fueron expedidos supuestamente por la Universidad de San Lorenzo (UNISAL) y la Universidad Católica (UCA), pero los mismos eran apócrifos, puesto que los acusados ni siquiera fueron alumnos de las instituciones.

La fiscal Nathalia Silva refirió que el día de la fecha se presentó la directora de la UNISAL y también los firmantes del título, quienes desconocieron totalmente que ellos hayan emitido un título a favor del señor Miguel Servín, así como que el mismo ni siquiera se matriculó en dicha institución. Afirmó estar conforme con la decisión, teniendo en cuenta que la pena máxima es de cinco años.

Miguel Ángel Servín, alias Celular, está procesado igualmente por liderar un esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero, en el cual sería pieza clave Hugo Meza Huespe, alias MH, quien manejaba los negocios de la banda a través de diversas actividades.

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