La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la creación de la segunda Unidad Especializada de Antisecuestros para intervenir en los hechos denunciados en Alto Paraná y Canindeyú, la cual alternará con la Unidad 1.

Así también, resolvió designar al agente fiscal Alberto Torres Flores como titular de la Unidad Especializada de hechos punibles contra la Libertad de las Personas N° 2 de Alto Paraná y Canindeyú, con sede en la Fiscalía de Ciudad del Este, sin perjuicio de sus actuales funciones.

Asimismo, estableció la denominación de la Unidad Especializada de Lucha contra los hechos punibles de las Personas Nro. 1, de Alto Paraná y Canindeyú, con sede en la fiscalía de Ciudad del Este, para la Unidad Fiscal que actualmente se encuentra a cargo de la fiscala Zunilda Ocampos de Achar.

Estas medidas son tomadas a efectos de fortalecer el combate a este tipo de flagelos así como otros hechos como la extorsión. Igualmente, para la distribución correcta del trabajo establecido, una mejor organización interna de los recursos humanos e infraestructura disponible.

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En la fecha, Quiñónez también resolvió crear la primera Unidad Penal Especializada contra hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes en el país con atención en casos de abuso sexual, maltratos y otros hechos punibles.

Se asignó a la agente fiscal Vivian Andrea Coronel de Santander, quien cumplirá funciones como titular de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía de Ciudad del Este.

La Unidad Especializada dependerá de la Fiscalía Adjunta del Área X - Alto Paraná y Canindeyú, actualmente a cargo del fiscal adjunto Humberto Rosetti. Además, se determinó el ámbito de intervención de la Unidad Especializada, que tendrá competencia en los siguientes tipos penales, descriptos en el Código Penal y sus modificaciones: maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, abuso sexual en niños, abuso por medios tecnológicos, abuso sexual en niños bajo tutela, estupro y actos homosexuales con personas menores.

Estas medidas son tomadas a efectos de brindar una atención más especializada, sensible y con enfoque, acorde a la política institucional de acceso a la justicia para las víctimas, según se informó.

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