Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza de Ejecución Yolanda Morel y contra el Estado paraguayo por haber estado privado ilegalmente de su libertad por 475 días. Foto: Gentileza.
Demandan civilmente a jueza y piden multimillonaria indemnización
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Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza de Ejecución Yolanda Morel, esposa del actual ministro Manuel Ramírez Candia, y contra el Estado paraguayo por haber estado privado ilegalmente de su libertad por 475 días, es decir 1 año, 3 meses y 20 días. Se pidió en la demanda civil la suma de G. 4.055 millones por los días que estuvo privado de su libertad de forma irregular.
El juez en lo civil y comercial Walter Mendoza salió sorteado para entender en la presente demanda y será el mismo magistrado quien deberá admitir o no la presente acción. Ahora la jueza Yolanda Morel deberá contestar la presente demanda en su contra.
El accionante tenía varias condenas, una por homicidio en 1999, por 12 años; otra por resistencia a la autoridad, lesión y tentativa de homicidio en la estancia Cuatro Vientos, Chaco, de 12 años. Sobre estas condenas se estableció una pena unitaria de 18 años, compurgados el 16 de febrero del 2018, pero el mismo recuperó años después su libertad a pesar de que ya compurgó la totalidad de su pena.
Igualmente, se había planteado un habeas corpusante la Sala Penal de la Corte, pero el mismo se rechazó debido a que el hombre ya abandonó su lugar de reclusión.
La jueza penal de Lambaré dispuso que el hermano de una fiscala, imputado por abuso sexual, sea recluido en la cárcel militar de Viñas Cué atendiendo a que supuestamente recibió amenaza. Foto: Archivo.
Hermano de fiscala imputado por abuso sexual trasladado a la cárcel militar de Viñas Cué
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La jueza penal de garantía de Lambaré, Isabel Bracho, vía revisión de medidas, ordenó que el imputado por abuso sexual en niños y hermano de una fiscala guarde reclusión en la cárcel militar de Viñas Cué. Inicialmente, el procesado debía estar privado de su libertad en la comisaría de Villa Elisa y luego debía ser derivado al penal de Tacumbú.
La defensa del imputado alego que recibió amenaza debido a que la hermana del procesado es agente fiscal de una unidad especial, por lo que corre peligro la vida del imputado. Ante este hecho, la jueza Bracho cambio el lugar de reclusión y ordenó que sea derivado al penal militar de Viñas Cué. Del mismo modo, la referida magistrada podría haber ordenado que se resguarde la integridad del imputado en el lugar donde tenga que estar privado de libertad como se hace en otros casos similares.
La magistrada sostuvo en su resolución que “del análisis de los antecedentes, pruebas documentales y normativas aplicables, este juzgado considera acreditado el riesgo inminente que enfrenta el imputado en caso de guardar reclusión en alguna penitenciaria nacional. Por lo que para esta judicatura corresponde hacer lugar a lo peticionado por la defensa, en consecuencia, deberá disponer su inmediato traslado al penal militar de Viñas Cue”.
Días atrás, el Ministerio Público presentó el acta de imputación contra un hombre por el hecho punible de abuso sexual en niños, cuya víctima tiene tan solo 6 años de edad. La fiscalía pidió 6 meses de tiempo para poder presentar su requerimiento conclusivo donde se deberá presentar la acusación y el pedido de que el caso se eleve a un juicio oral u otra salida procesal.
Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas
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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.
Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.
Los siete imputados se encuentran acusados por lossupuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.
Parque Guasu Metropolitano: jueza elevó a juicio oral proceso penal de acusado por coacción sexual
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La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.
También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.
Gianina García Troche fue detenida en España y la justicia de dicho país confirmó que debe ser extraditada a Paraguay donde enfrenta un proceso penal por delitos relacionados al narcotráfico en el caso A Ultranza Py. FOTO: GENTILEZA
Justicia española ratificó extradición a nuestro país de esposa de Sebastián Marset
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La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fue informada por la Justicia de España que quedó firme la extradición de Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset, actualmente prófugo.
De acuerdo a la información, las autoridades del país europeo a través de la resolución firmada el 4 de marzo de 2025, se declaró la firmeza del Auto de fecha 23/01/2025 y se acordó declarar procedente en fase jurisdiccional la extradición de la ciudadana uruguaya, confirmado por Auto de fecha 28/02/2025 dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal, resolviendo recurso de súplica.
Con la presente resolución solo se espera la determinación del Gobierno de España para que se pueda materializar la extradición de la pareja del presunto narco Sebastián Marset quien es requerida en nuestro país por el caso A Ultranza Py.
Gianina García fue detenida en el aeropuerto de Madrid, España, el 7 de julio del 2024, tras bajar de un vuelo proveniente de Dubái. Igualmente la Justicia de Bolivia solicitó la extradición de la mujer por delitos relacionados a lavado de dinero.
La imputación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Deny Yoon Pak determinó que García Troche constituyó una sociedad para asegurar las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y además abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.