Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza de Ejecución Yolanda Morel, esposa del actual ministro Manuel Ramírez Candia, y contra el Estado paraguayo por haber estado privado ilegalmente de su libertad por 475 días, es decir 1 año, 3 meses y 20 días. Se pidió en la demanda civil la suma de G. 4.055 millones por los días que estuvo privado de su libertad de forma irregular.
El juez en lo civil y comercial Walter Mendoza salió sorteado para entender en la presente demanda y será el mismo magistrado quien deberá admitir o no la presente acción. Ahora la jueza Yolanda Morel deberá contestar la presente demanda en su contra.
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El accionante tenía varias condenas, una por homicidio en 1999, por 12 años; otra por resistencia a la autoridad, lesión y tentativa de homicidio en la estancia Cuatro Vientos, Chaco, de 12 años. Sobre estas condenas se estableció una pena unitaria de 18 años, compurgados el 16 de febrero del 2018, pero el mismo recuperó años después su libertad a pesar de que ya compurgó la totalidad de su pena.
Igualmente, se había planteado un habeas corpus ante la Sala Penal de la Corte, pero el mismo se rechazó debido a que el hombre ya abandonó su lugar de reclusión.
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A Utranza Py: el 5 de diciembre se define si el pastor José Insfrán irá a juicio oral y público
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.
En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
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Exfuncionarios municipales de CDE se encadenaron exigiendo el pago de indemnización
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Exfuncionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este se encadenaron este lunes en la sede comunal para exigir el cumplimiento de pago por indemnización y salarios caídos, según acuerdo de hace tres años, en base a órdenes judiciales que favorecieron a los exempleados comunales.
Dos trabajadores, Teófilo Almada y Reina Robles, se encadenaron por los postes en el acceso a la Dirección de Finanzas de la institución municipal, en protesta por la falta de cobro de montos adeudados por la comuna. Calificaron al intendente Miguel Prieto de populista, cobarde y soberbio, que no respeta a los trabajadores. El pago exigido está sustentado en fallos judiciales de hace muchos años.
Estas personas exigen a la administración municipal el cumplimiento del plan de pago acordado, pero que no fue cumplido hasta ahora. “Llegamos a recibir algunos pagos, pero no es continuado y no se cumple con nosotros, ya es demasiada la deuda”, dijo Almada.
Reclamaron al intendente que muestre la cara y hable con los trabajadores. Todo tipo de calificativos fue usado por los manifestantes contra el jefe comunal, desde cobarde a falta de humanidad.
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Lo acusaron de no respetar a los obreros, de acostumbrarse a despedir a la gente, pero sin pagar indemnización. También señalaron que, si los desvinculados son del equipo político del jefe comunal, a ellos se les paga todo sin que se les adeude nada.
Los manifestantes prometieron seguir encadenándose hasta que sean escuchados y recibir el dinero que les corresponde. Los encadenados estuvieron acompañados por otros trabajadores en la misma situación, ya que forman parte de diferentes grupos de personas que trabajaron en la comuna y fueron desvinculados.
Entre los que estuvieron manifestándose existen personas que tienen antigüedad de 30 años y son las que forman parte de los casos judiciales con fallos favorables a los trabajadores desde la época de la administración de Sandra Zacarías y, siguen en espera de cumplimiento.
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Triple choque en Sanber: jueza decretó prisión en la cárcel de Emboscada de Sanabria Vierci
La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.
Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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Jueza niega haber otorgado régimen de relacionamiento al padre que se tiró al río con sus hijas
La jueza Delsy Cardozo Ramos, interina del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Presidente Franco, dio a conocer un comunicado, vía Facebook de la Asociación de Magistrados del Alto Paraná y negó haber resuelto un régimen de relacionamiento para el hombre que se arrojó al río Paraná con sus hijas, días atrás.
La referida magistrada aclaró la real situación procesal del caso caratulado: Nancy Mabel Zorrilla Torres y Rafael Ortiz sobre Homologación de Acuerdo (Régimen de Relacionamiento y Asistencia Alimentaria), Exp. N° 703 Año 2024. La jueza informó que aún no dictó sentencia, en atención a que existían diligencias pendientes por realizar.
Asimismo, menciona el comunicado que “el acuerdo fue presentado por la Defensoría de la Niñez de Pdte. Franco ante el Juzgado de la Niñez, con relación a las tres hijas de la pareja Nancy Mabel Zorrilla Torres y el padre de las niñas, Rafael Ortiz. Lamentablemente, poco después de la presentación, se conoció el trágico fallecimiento del señor Rafael Ortiz y de sus pequeñas hijas”.
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En este contexto, la magistrada desea expresar su profunda consternación por la pérdida de vidas tan jóvenes y la difícil situación que enfrenta la familia. Es importante destacar que, hasta el momento, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la citada jueza, no ha dispuesto un régimen de relacionamiento, ni ha homologado el acuerdo de Rafael Ortiz y Nancy Mabel Zorrilla, desmintiendo toda información que diga lo contrario.
Cardozo Ramos reafirma “su compromiso con el bienestar de los niños y la absoluta seriedad con la que se aborda este y todos los casos que se encuentran bajo su jurisdicción y competencia”, termina diciendo la nota de la jueza.
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