Patricia Ferreira, presidenta de la firma Imedic SA, está acusada por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Foto: Archivo.
Imedic: Tribunal de Apelación deberá resolver chicanas de Patricia Ferreira
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El Tribunal de Apelación deberá resolver las chicanas presentadas por la defensa de Patricia Ferreira, presidenta de la firma Imedic SA, acusada por falsificar facturas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Gustavo Ocampos deberán decidir si rechazan los incidentes planteados en el presente caso.
Una vez que se destrabe el proceso penal, se tendrá que fijar la fecha para la audiencia preliminar, donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
Ferreira está acusada por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. En el presente caso también están acusados Nidia Godoy Ojeda, directora titular de Imedic, y Néstor Domingo Ramírez Giménez, despachante de la Dirección Nacional de Aduanas.
La acusación fiscal refiere que se falsificaron diez facturas de la firma Eurofarma, que posibilitaron el ingreso a nuestro país de medicamentos de la India y China, cuya calidad se pone en duda. Asimismo, señalaron que los medicamentos ingresados a Paraguay fueron negociados y distribuidos peligrosamente al mercado nacional.
La extensa acusación dice: “Estas personas han sido protagonistas de hechos propios y diferenciados con una fenomenología fáctica que en gran medida las conecta firmemente con un común denominador, precisamente la decisión operativizada por Ferreira Pascotini, Godoy y Ramírez para unirse y perpetrar graves conductas que dieron consistencia a utilidad a la organización criminal que lograron erigir para alcanzar sus metas atentatorias contra bienes jurídicos tutelados por el Paraguay”.
El Ministerio Público apeló la leve condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A. Foto: Aldo Ynsfrán
Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
El juez Humberto Otazú resolverá si eleva a juicio oral el proceso penal de dos exfiscales acusados por recibir costosa lapicera de supuesto narco. Foto: Gentileza
Juez definirá si dos exfiscales van a juicio por recibir costosas lapicera de supuesto narco
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El juez Humberto Otazú deberá resolver el día lunes si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal para los exagentes del Ministerio Público, Hugo Volpe y Armando Cantero, procesados por soborno agravado por recibir costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
En la fecha se inició la audiencia preliminar en la que las partes presentaron sus incidentes, por lo que el juez del caso deberá evaluar para luego resolver si corresponde que los exfiscales estén sentados en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante se encontraba siendo investigado.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.
La presidenta de la firma Imedic, Patricia Ferreira, fue condenada a 4 años de cárcel al igual que la funcionaria Nidia Godoy y ambas seguirán en arresto domiciliario. Foto: Aldo Insfrán
Condenan a Patricia Ferreira a 4 años de cárcel en el caso Imedic
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Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee, condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Igualmente el colegiado resolvió absolver de culpa y pena al despachante Néstor Ramírez ante la duda existente en torno a los hechos acusados por el Ministerio Público.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
Actualmente las dos condenadas están con arresto domiciliario desde enero del 2021. Es decir, más de tres años ya están bajo la prisión domiciliaria. El Ministerio Público había solicitado la pena privativa de libertad de 7 años para Patricia Ferreira, 6 años de cárcel para Nidia Godoy y 3 años de cárcel para Néstor Ramírez.
Por su parte, los fiscales del caso, Luz Guerrero y Néstor Coronel, se mostraron conformes con la sentencia dictada en primera instancia, pero adelantaron en relación a la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas que esperarán la lectura integra del fallo para estudiar si corresponde apelar la sentencia de primera instancia.
Exhortan al Poder Judicial y a otros a proteger Ley de Seguridad Fronteriza
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La Cámara de Senadores a través de la Declaración Nro 208 (documento que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia) exhortó a los Poderes Ejecutivo y Judicial a emitir pronunciamiento e impulsar acciones pertinentes para evitar la violación de la Ley 2532/2005 que establece la zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay a los efectos de impedir que cualquier resolución o acuerdo vulnere el cumplimiento de disposiciones vinculadas con la seguridad nacional.
Asimismo, el Senado exhorto al Poder Ejecutivo vía Procuraduría General de la República a impulsar las acciones para que se respeten las normas que protegen la seguridad fronteriza de nuestro país. Misma recomendación se extiende al Ministerio de Defensa Nacional.
Semanas atrás el juez penal de Garantía Yoan Paúl López elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, acusada por prevaricato por entregar presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación de la fiscala adjunta Soledad Machuca fue contundente en vista de que describe los hechos irregulares que cometió la exmagistrada Irún.
El caso judicial está en el tribunal de apelación, donde los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez deben confirmar la resolución del juez López, quien elevó a juicio oral el proceso penal.