Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, durante la exposición de los alegatos finales, solicitaron 10 años de cárcel para el exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chávez, acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público pidieron al Tribunal de Sentencia el comiso de las cuentas bancarias de OGD hasta llegar a la suma de G. 5.800 millones, mientras que para Rubén González Chávez se solicitó el comiso de G. 50 mil millones. Igualmente, se requirió que ambos acusados no puedan ejercer cargos públicos por 10 años.

Los fiscales Alcaraz y Cabrera alegaron durante más de cuatro horas explicando al tribunal colegiado que se han probado los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa para los dos procesados en el presente caso. Mencionaron que existen suficientes pruebas para sentenciar a padre e hijo.

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Otro punto que llamó la atención es la participación en el juicio oral del agregado de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos, Briant Skaret. Este hecho generó varias críticas en las redes sociales porque se tomó como una injerencia de un funcionario de un gobierno extranjero en nuestra justicia.

Estirón de oreja a fiscales

El Tribunal de Sentencia, conformado por Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, llamó la atención a los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera debido a que solicitaron el comiso de las cuentas de los dos acusados, pero los mismos no proporcionaron los datos exactos, por lo que los jueces otorgaron tiempo hasta este viernes para que los representantes del Ministerio Público acerquen todos los datos correctos.

La próxima semana va a tener que presentar sus alegatos finales el abogado Claudio Lovera, defensor de OGD y su hijo. El mismo sostiene que no se tiene ningún elemento probatorio contra padre e hijo y mencionó que hasta la propia perito del Ministerio Público explicó al Tribunal de Sentencia que no existe lavado de dinero, y se rectificó sobre los delitos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

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