El abogado penalista Federico Campos López Moreira, representante de los dueños del antiguo y conocido Bingo Guaraní, denunció una presunta asociación criminal y esquema de aprietes que involucra a jueces, oficiales de justicia y abogados, en contra de sus clientes. El propietario de la citada firma de juegos de azar, Yamil Esgaib, sufrió un millonario embargo de máquinas del casino el pasado jueves a raíz de una orden judicial emanada ante el reclamo de una deuda usuraria.

En entrevista con esta redacción, el profesional en leyes denunció que su cliente está siendo víctima de aprietes, usura con crímenes subyacentes como lavado a dinero y chantaje. Las manifestaciones fueron vertidas por el abogado tras ser consultado sobre el embargo de las 70 máquinas de juego de azar del citado casino.

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“El modus operandi es igual al de González Daher, con la diferencia de que acá lo realizan en complicidad de abogados, conocidos como “aboganster”, pues presuntamente se dedicarían a la extorsión y chantaje con documentos judicial no válidos para exigir el pago y entrega de dinero o máquinas de producción comercial”, expresó.

Asimismo, señaló que es una práctica normal realizar juicios ejecutivos basados en cuestiones de fondo y legales que no pueden ser reclamadas en el sistema legal. “No se puede usar el sistema legal para reclamar acciones, deudas y obligaciones que no estén dentro del sistema legal”, continuó.

En ese orden, Campos López Moreira mencionó que la usura está castigada en la biblia, en la Constitución Nacional, en el Código Civil Paraguayo, en los Tratados de Derechos Humanos y en el Código Penal Paraguayo, en su artículo 193, inciso segundo, que dice que la usura en su modo grave está tipificada como crimen y prevé 10 años de cárcel.

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“No pararemos hasta ver en la cárcel a los autores, autores cómplices y encubridores de este tipo de acciones que, utilizando un sistema judicial lleno de corrupción, quieren cobrar deudas usurarias fuera de la ley”, advirtió.

Por último, el abogado adjuntó el escrito de la denuncia formulada en contra de los funcionarios judiciales, oficiales de Justicia y abogados presuntamente dedicados a la asociación criminal con fines de apriete, chantaje, extorsión y a la usura.

“Dejamos como prueba de todo lo antes dicho y lo presentado al juzgado, que fue inmediatamente recusado. Se pidió también la intervención de la Corte Suprema de Justicia y se hará la denuncia penal correspondiente a todos los implicados”, culminó.