Imputan a un hombre por violación del deber de cuidado, abandono e insalubridad de sus tres hijas
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El fiscal Guillermo Sanabria presentó imputación contra un hombre por los hechos punibles de violación y deber del cuidado, omisión de auxilio y violencia familiar, tras ser denunciado por la situación de insalubridad en la que se encontraba una niña de 2 años y 6 meses, hija del imputado y a cuyo cargo estaba la víctima.
La niña fue atendida en un centro asistencial donde se le detectó pediculosis, escabiosis y miasis. Así también se le extrajo 250 unidades de larvas de gusanos. El procedimiento quirúrgico debió ser realizado bajo sedación y ahora la víctima se encuentra en observación. Otras dos niñas también fueron rescatadas, que también presentaban cuadros médicos, así como pediculosis, escabiosis y escoriaciones.
Funcionarios de la unidad fiscal a cargo del agente fiscal Sanabria se constituyeron en la vivienda donde se pudo verificar el estado de abandono en el que vivían las niñas.
Ahora será un juzgado penal de garantías el que tendrá que convocar al imputado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el padre de las niñas será remitido a una penitenciaría o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
Incautan componentes de armas de fuego en el Aeropuerto Silvio Pettirossi
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El agente fiscal José Martín Morínigo, se constituyó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, luego del hallazgo de componentes de armas de fuego en el interior de una caja fisurada proveniente de Miami, a través de una empresa de courrier.
A raíz de la comunicación, se convocó a personal de la Dimabel, de Crimen Organizado de la Policía Nacional y demás funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para la verificación correspondiente del depósito Ticket de la Dinac, consistente en 6 cajones de armas de fuego correspondiente a fusil HK, modelo G3, además de accesorios controlados de armas de fuego como cargadores para fusil HK, calibre 7,62 X 51 mm y conjunto de conversores del mismo calibre.
También fueron incautados guardamanos, puntas de tubo cañón con soporte de punto de mira, cajones de mecanismo superior prensado, componentes de armas de fuego y otros materiales, todos para rifles o fusiles semiautomático o automático de la marca HK, modelo G3 A3 que corresponden a armas de fuego de uso privativo de las fuerzas públicas.
Las evidencias incautadas quedaron a cargo de la Dimabel para la realización de los informes técnicos correspondientes. Por disposición del fiscal prosiguen las investigaciones en el marco de la causa iniciada con dicho hallazgo.
El fiscal Gabriel Segovia presentó imputación por lesión de confianza contra Wisam Osmar, presidente de la firma Macedonia, quien habría desviado sumas millonarias de la referida firma. El Ministerio Público pidió seis meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo.
De acuerdo al acta de imputación, el 17 de abril del 2024 la Fiscalía recepcionó una denuncia sobre varios delitos presentado por Kassem Ali Osman, de nacionalidad libanesa, quien denuncio a Wisam Osman, quien ejercía la presidencia y control administrativo de la firma Macedonia.
Al parecer, el denunciado siempre declaraba nula ganancia, lo que dejaba al denunciante sin recibir ninguna parte de los beneficios de la empresa a pesar de su participación y contribución, lo que motivó a la denuncia.
Posteriormente, el denunciante se percató que el negocio tenía un registro paralelo de ventas y la firma en verdad generaba más ganancia que la declarada, hecho que coincidió con la oficina habilitada por Wisam en la que operaban Lisa Ibarrola y Sarah Kassen, bajo los registros de ventas reales ocultando ingresos y declarando pérdidas o empate, es decir, en el piso superior en una habitación herméticamente cerrada se contaba el subregistro con los que justificaban todos los años una suerte de empate o ganancias mínimas.
El Ministerio Público realizó varias diligencias entre ellas declararon varias personas en la presente investigación. Asimismo, se realizó un allanamiento al estudio contable que realiza trabajos para Macedonia, de donde se incautaron documentos que comprobarían la responsabilidad del imputado en el delito.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró como juez penal de sentencia de Alto Paraguay al exfiscal Guillermo Sanabria, quien tiene vínculo con los abogados del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. El referido exrepresentante de Ministerio Público había renunciado 24 horas antes de que el mismo deba presentar su requerimiento conclusivo contra los exministros de Abdo acusados por varios delitos en el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad.
El ministro y superintendente de la Circunscripción judicial de Alto Paraguay, Alberto Martínez Simón, fue quien propuso a Sanabria, quien tuvo la adhesión de la mayoría de los integrantes de la Corte. Tras presentar su renuncia como agente fiscal, el batallón de abogados que defiende los intereses del abdismo, cabalgando casi al unísono sobre un argumento ya montado, acusaron al oficialismo de ejercer presión sobre la causa, buscando enturbiar y embarrar la causa.
Sanabria argumentó que su renuncia era obligada atendiendo a cuestiones familiares y desde ese entonces surge la pregunta si podrá cumplir con su nueva función de magistrado atendiendo a los inconvenientes familiares que le obligaron a dejar carrera fiscal de 25 años. En caso de que persista dicho problema el nombrado debe renunciar al cargo de juez de sentencia de la lejana zona de Alto Paraguay.
En un trabajo periodístico presentado días atrás por el periodista Jorge Torres, durante el programa “Tarde de perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, reveló vínculos llamativos entre algunos de los abogados que defienden principalmente al expresidente Mario Abdo Benítez y lo representan en la causa y el buffet de abogados al que pertenecen.
Fiscalía imputa a 11 docentes por presentar título falso
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La fiscal Teresa Sosa imputó a 11 docentes que habrían falsificado sus títulos de grado para acceder a recategorizaciones en concursos realizados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Los delitos imputados son estafa y producción de documentos no auténticos. La causa cayó en el juzgado de garantías N° 11 de Capital a cargo del magistrado Yoan Paúl López quien tendrá que admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Los imputados son Alba Mariela Caballero Paiva, Alcides Arce Fernández, Adilio Javier Aranda Cáceres, Alcides Ditrich Cabrera, Alicia Lorena Caballero Ríos, Alicia Silva Medina, Ana Gabriela Leguizamón Villagra, Analía Beatriz Escobar, Anastacio Ramón Florentín, Alva Anais Martínez Rojas y Ana Claudia Cañete Rolón.
De acuerdo al relato del Ministerio Público, el director de Asuntos Jurídicos Externos del MEC denunció ante la Fiscalía que en el transcurso del año 2023, el MEC realizó un concurso de oposición para elegir a los docentes para el programa denominado “Jornada Escolar Extendida”. A raíz de ello, se recepcionó llamadas telefónicas de varias personas, quienes informaron que varios docentes, entre ellos los hoy imputados a la mencionada convocatoria, habrían presentado certificados de cursos que serían falsos.
En todos los casos, se detectó que los hoy imputados habrían usado documentos, específicamente, el título de grado de Licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Escolar Básica y su Certificado de Estudios correspondiente, supuestamente expedidos por una Universidad privada, que contendrían declaraciones no auténticas, porque no son de la institución privada mencionada.