La jueza penal de Garantías Lici Sánchez procederá este viernes a quemar 400 kilos de cocaína, que fueron incautados en un camión que transportaba cementos. La destrucción se realizará en el local de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), sede Chaco´i.
Además del megacargamento de cocaína, igualmente se procederá a la incineración de varios kilos de cocaína que fueron incautados en el aeropuerto Silvio Pettirossi. La droga se encontró en poder de una mujer que tenía como destino final España. La destrucción de la sustancia se realizará bajo la figura del anticipo jurisdiccional de prueba.
Quema de marihuana
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) meses atrás eliminó e incineró unas 9,5 toneladas de marihuana. La incautación se dio en la Reserva Natural Morombí, departamento de Canindeyú, donde se encontró un campamento de producción y acopio de marihuana, de esta forma lograron destruir el total de la droga.
“Detectamos un campamento narco y procedimos a la destrucción de unas 9,5 toneladas de marihuana. Las estructuras del narcotráfico buscan establecer sus bases de producción y acopio de drogas dentro de las extensiones boscosas protegidas”, confirmaron desde la Senad.
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Jueza admitió imputación y procesó penalmente a directivos de Montego Trading
La jueza penal de Garantía Clara Ruíz Díaz admitió la imputación y proceso penal por violar la ley de juegos de azar a Erick Fernando Martín Vásquez Loza, Carmen Carolina Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, y Ricardo Fernández Melgarejo, principales directivos de la firma Montego Trading S.A., en relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
Asimismo, la referida magistrada fijó para el próximo 22 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los imputados van a litigar en libertad o se resolverá la prisión preventiva de los mismos.
El agente fiscal Marcelo Saldívar fue quien presentó imputación por violar la ley de juegos de azar y a su vez solicitó al juzgado penal de Garantía la aplicación de medidas alternativas a la prisión y 6 meses de plazo para poder presentar su requerimiento conclusivo.
El Ministerio Público presentó la imputación contra los citados más arriba en relación a la violación del artículo 17 de la Ley N° 4716/12 “Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1016/97 “Que establece el Régimen Jurídico para la Explotación de los Juegos de Suerte o de Azar”.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de Apuestas Deportivas a través del sistema online y de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
El contacto por parte de la firma Montego Traiding S.A., en relación al registro del dominio crowncityplay.com.py, ante el Network Information Center - Paraguay, NIC.PY., sería Erick Fernando Martín Vásquez Loza.” Esta atribución fáctica cumpliría con los presupuestos del Art. 17 de la Ley N° 4716/12 “Que modifica varios artículos de la Ley.
A través de la licitación pública N° 04/2017, por resolución Conajzar Nº 60/2017, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 8535/2018, adjudicó a la firma Daruma Sam S.A., cuya marca es Apostala, la explotación de apuestas deportivas con carácter exclusivo en todo el territorio de la República del Paraguay.
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Confirman a la jueza Lici Sánchez en la causa Dakovo
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, especializado en Delitos Económicos, no hizo lugar a la recusación planteada contra la jueza Lici Sánchez en la causa del operativo Dakovo. Ahora la magistrada podrá fijar fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si varios acusados enfrentarán juicio oral y público, así como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación. En el presente caso está acusado Paulo César Fines. Otro de los procesados es el general Arturo Javier González, excomandante de la Fuerza Aérea.
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Las informaciones respecto a este caso menciona que se iniciaron las pesquisas debido a sospechas de que la empresa paraguaya llamada International Auto Supply S.A., supuestamente estaría vinculada a la importación de una importante cantidad de armas de fuego y componentes de la empresa HS Produkt, de la República de Croacia, armas de fuego que luego fueron incautadas en distintos operativos realizados en Brasil y que estarían siendo destinadas al comercio ilegal.
Por su parte, Fines Ventura es miembro de la asociación criminal liderada por Dirisio, e intervino en nuestro país en tareas tendientes a concretar el tráfico de armas de fuego con destino a Brasil, entre los años 2019 y 2021. El mismo intervino en varias ocasiones para concretar ventas a personas afincadas en Brasil y Paraguay, gestionando para el efecto supuestas ventas de armas a paraguayos, que no eran los compradores reales.
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Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas
La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.
Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.
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Los siete imputados se encuentran acusados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.
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Parque Guasu Metropolitano: jueza elevó a juicio oral proceso penal de acusado por coacción sexual
La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.
También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.
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