El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificó la prisión preventiva Elián López Torres, imputado por el delito de lesión grave, tras arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, ocasionándole la pérdida de un ojo, en un local nocturno. De esta manera, se confirma la resolución del juez penal de Garantía Rolando Duarte, quien había decretado la prisión del imputado.

Los camaristas mencionaron que existe aún el peligro de fuga en el presente caso, así como peligro de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, por lo que corresponde ratificar la prisión del imputado, refiere la resolución judicial.

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La defensa del procesado había apelado la resolución judicial tratando de que el tribunal de apelación pueda revocar la determinación del juzgado de Garantía y el imputado pueda estar en arresto domiciliario, pero tal situación no se generó y el joven seguirá privado de su libertad.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego del impacto de dicho objeto contra su rostro.

Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.

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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos defendió el plan de gastos 2025 elaborado íntegramente por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña ante posicionamientos que sostienen que el presupuesto refleja una inoperancia y no presenta cambios significativos en relación con los anteriores.

Fernández Valdovinos dijo que la administración de Peña apunta a tener una evolución “ordenada, constante, permanente. Nosotros nos hemos caracterizado en términos económicos y sociales de tener políticas que son sostenibles en el tiempo”.

El alto funcionario de Estado mencionó que en el plan de gastos previsto para el próximo año sí se observan cambios relevantes en las políticas que la población reclama, principalmente en las áreas de educación, salud y seguridad.

“Me parece que existe un desconocimiento total de lo que es el presupuesto. Por qué se desconoce el hecho de que a partir del año que viene el 100 % de los niños tienen garantizado el desayuno, almuerzo o merienda. Tenemos los fondos ya disponibles para un programa gigantesco que son más de USD 300 millones”, refirió en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Valdovinos señaló que otro de los puntos destacados en el área de la educación guarda relación con el aseguramiento de recursos para el salario mínimo profesional, el escalafón docente y la adquisición de kits escolares para que nuevamente lleguen a tiempo y forma.

Asimismo siguió sosteniendo que “Tampoco se puede ignorar que nosotros estamos garantizando para este año un monto récord para la ejecución para la compra de medicamentos. El Ministerio de Salud Pública tendrá USD 325 millones más. Nunca se tuvo un monto tan grande para la compra de medicamentos”.

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En materia de seguridad detalló que se encuentra totalmente asegurado el presupuesto para 5.000 nuevos efectivos policiales que ya operarán a partir del 2025. Agregó que además está garantizado el financiamiento para instruir a otros 5.000 más.

El ministro resaltó que otro de los puntos importantes que diferencia al presupuesto presentado por el gobierno de Peña de los demás planes de gastos es el hecho de “bajar el déficit de 2,6 % al 1,9 % del Producto Interno Bruto. Esto implica alrededor de USD 300 millones de gasto menos. A pesar de gastar menos, estamos distribuyendo mucho mejor”.

Detalló a la vez que el 70 % de los impuestos anteriormente estaban siendo destinado al pago de salarios. “A pesar de darle más salario al sector de la educación y a los médicos el total de impuesto destinado al salario ha caído al 52 %”, sentenció.

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La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.

En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

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La futura sede del juzgado de primera instancia de Capiatá avanza y ya se encuentra en etapa final, por lo que en meses ya podría culminar la obra. El ministro superintendente del departamento Central, Eugenio Jiménez, realizó días atrás una visita para verificar los avances en la construcción en la futura sede judicial de la mencionada ciudad.

Esta nueva sede albergará los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Civil, Laboral, y Niñez y Adolescencia, con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía y mejorar el acceso a la Justicia, en línea con los objetivos de la Corte Suprema de Justicia.

La obra culminada tendrá una superficie de 10.899 m2 y la apertura de dichos juzgados permitirá facilitar aún más el anhelado acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía de la Circunscripción Judicial de Central, con lo que se cumplirá el mayor objetivo trazado por el máximo tribunal de la República, en el marco de la política de dotar de mejor infraestructura a todo el sistema judicial.

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La Corte Suprema de Justicia tiene prevista la construcción de la nueva sede del juzgado de primera instancia de la ciudad de Fernando de la Mora. La obra cuenta con una superficie de 15.210 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles que albergarán a los Juzgados de Primera Instancia Penales, Civiles y Comerciales, Laborales, Penales Adolescentes y de Niñez y Adolescencia; cuatro tribunales de sentencias, cuatro salas de juicios orales, órganos de apoyo jurisdiccional, dependencias administrativas de seguridad y servicios.

En otro bloque independiente al principal de dos niveles funcionarán dos Juzgados de Paz y programas de apoyo como un salón múltiple para cien personas y una cafetería. Igualmente, contará con estacionamientos diferenciados. La nueva sede estará ubicada sobre la calle Jerusalén y Humaitá, de la ciudad de Fernando de la Mora.

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