El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes solicitó que se amplíe la sala constitucional de la máxima instancia judicial para que se analice la consulta que realizó el juez en lo Civil y Comercial Édgar Rivas, sobre la intención de la Contraloría General de la República de auditar los fondos sociales de Itaipú.
Ahora serán los nueve miembros de la Corte los que analizarán si corresponde responder la consulta solicitada por el magistrado del fuero civil y comercial.
El magistrado Rivas necesita que la Corte se expida si corresponde o no el pedido realizado por la Contraloría, es decir, si es o no constitucional la ley N° 276/94.
El juez civil realizó la consulta a la máxima instancia judicial invocando el Código Procesal Civil en su artículo 18 inciso A, que autoriza al juez o tribunal realizar la consulta constitucional sobre la aplicabilidad o no de una disposición legal que se discute en un determinado juicio.
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En ese sentido, el ente controlador señala que la potestad de requerir al juez allanamientos de domicilios, locales, depósitos u otros recintos con auxilio de la fuerza pública en un plazo de 24 horas si correspondiere, se ampara en la ley N° 276/94 en su artículo 20, el pedido se realiza al juzgado con base en la negativa por parte la Itaipú de brindar informes sobre el uso de los fondos sociales.
Acción de inconstitucionalidad de Itaipú
La Entidad Binacional Itaipú presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que dispuso la realización de una auditoría financiera de los fondos destinados a los gastos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, margen derecha lado paraguayo, por resultar violatoria de lo dispuesto al artículo 137 de la Constitución Nacional.
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