Una vez que se resuelva dicho incidente, el expediente deberá bajar al juzgado para que se fije una nueva fecha para la audiencia en la que se tendrá que definir si el presente proceso penal va a un juicio oral y público. Foto: Archivo.
Imedic: cámara deberá resolver chicanas del clan Ferreira
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Los camaristas Gustavo Santander, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez deberán resolver las chicanas que sigue trabando la realización de la audiencia preliminar para Justo Ferreira y su hija Patricia, accionista y presidenta de la firma Imedic S.A., acusados por contrabando y otros delitos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud en el 2020.
Los integrantes del tribunal de alzada deben expedirse sobre una nueva chicana presentada por el clan, que apeló la determinación del juez Humberto Otazú, quien había fijado para semanas atrás la audiencia preliminar.
Una vez que se resuelva dicho incidente, el expediente deberá bajar al juzgado para que se fije una nueva fecha para la audiencia en la que se tendrá que definir si el presente proceso penal va a un juicio oral y público.
Igualmente, la Justicia deberá analizar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria o si se revoca el arresto domiciliario de Ferreira y su hija, y ordenar que ambos sean recluidos en una cárcel hasta tanto se realice la audiencia preliminar.
En la presente causa también están acusados Carlos Alberto Gamarra, aduanero, y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, quienes están procesados por presunta complicidad en el hecho investigado. Asimismo, se solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.
La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud Pública.
Ratifican prisión de Elián López, quien arrojó una copa de vidrio a una joven que perdió el ojo
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El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificó la prisión preventiva Elián López Torres, imputado por el delito de lesión grave, tras arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, ocasionándole la pérdida de un ojo, en un local nocturno. De esta manera, se confirma la resolución del juez penal de Garantía Rolando Duarte, quien había decretado la prisión del imputado.
Los camaristas mencionaron que existe aún el peligro de fuga en el presente caso, así como peligro de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, por lo que corresponde ratificar la prisión del imputado, refiere la resolución judicial.
La defensa del procesado había apelado la resolución judicial tratando de que el tribunal de apelación pueda revocar la determinación del juzgado de Garantía y el imputado pueda estar en arresto domiciliario, pero tal situación no se generó y el joven seguirá privado de su libertad.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego del impacto de dicho objeto contra su rostro.
Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.
Caso Berilo: confirman al juez Penal de Garantía Miguel Palacios
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El Tribunal de Apelación ratificó la competencia del juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, para que siga siendo el magistrado que lleve adelante el proceso penal que enfrenta Reinaldo “Cucho” Cabaña, y otros acusados por delitos relacionados con el narcotráfico.
Ahora el expediente deberá bajar al juzgado Penal de Garantía para que el referido magistrado pueda fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.
Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, fue aprehendido en Ciudad del Este el 18 de septiembre de 2018 junto a otras 23 personas, en el marco del Operativo Berilo, llevado a cabo por el Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). El mismo se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
La audiencia preliminar para las personas acusadas fue suspendida en más de ocho ocasiones durante todo este proceso por lo que se espera que se pueda llevar adelante la referida diligencia judicial donde se aguarda que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
Acusación
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz fue quien presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el caso están procesadas otras 20 personas más.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
Un tribunal de apelación del fuero laboral revocó una resolución del juzgado de primera instancia y dejó en claro que los bienes de Copaco son del Estado y no se pueden embargar. Foto: Jorge Jara
Bienes de Copaco son del Estado y no podrán ser embargados, según tribunal
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El Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, integrado por los jueces Stella Maris Zárate González, Mario Ygnacio Maidana y Sandra Bazán, revocó la resolución de juzgado de Primera Instancia en lo laboral y por ende deja un precedente en cuanto a la prohibición de embargos ejecutivos sobre los bienes de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco).
La Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, en la defensa del patrimonio público, interpuso un recurso de apelación, contra la determinación adoptada en primera instancia . A su vez, solicitó el levantamiento de los embargos que fueron trabados indebidamente, en el marco del juicio, iniciado por José María Guillermo Medina González contra Copaco, sobre cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes.
La posición de la PGR se basó, entre otros puntos, en que Copaco SA, al ser la continuadora de la ex Antelco, no modificó su función esencial, que es la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la República del Paraguay y de esta con el exterior. Que el 99 % de las acciones de la empresa pertenece al Estado, cuya representación recae sobre la Procuraduría General de la República, y el 1 % restante sobre Copaco, quien igualmente pertenece al Estado y presta un servicio público imprescindible.
“Al ser inembargables los bienes del Estado, corresponde la revocatoria del fallo de primera instancia dictado en fecha 26 de junio de 2024, debiendo disponerse su inmediato levantamiento de los embargos decretados en estos autos, por las razones que se han esgrimido en el presente fallo” refiere la resolución judicial del tribunal de alzada.
El juez Humberto Otazú resolverá si eleva a juicio oral el proceso penal de dos exfiscales acusados por recibir costosa lapicera de supuesto narco. Foto: Gentileza
Juez definirá si dos exfiscales van a juicio por recibir costosas lapicera de supuesto narco
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El juez Humberto Otazú deberá resolver el día lunes si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal para los exagentes del Ministerio Público, Hugo Volpe y Armando Cantero, procesados por soborno agravado por recibir costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
En la fecha se inició la audiencia preliminar en la que las partes presentaron sus incidentes, por lo que el juez del caso deberá evaluar para luego resolver si corresponde que los exfiscales estén sentados en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante se encontraba siendo investigado.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.