Los camaristas Gustavo Santander, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez deberán resolver las chicanas que sigue trabando la realización de la audiencia preliminar para Justo Ferreira y su hija Patricia, accionista y presidenta de la firma Imedic S.A., acusados por contrabando y otros delitos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud en el 2020.

Los integrantes del tribunal de alzada deben expedirse sobre una nueva chicana presentada por el clan, que apeló la determinación del juez Humberto Otazú, quien había fijado para semanas atrás la audiencia preliminar.

Una vez que se resuelva dicho incidente, el expediente deberá bajar al juzgado para que se fije una nueva fecha para la audiencia en la que se tendrá que definir si el presente proceso penal va a un juicio oral y público.

Igualmente, la Justicia deberá analizar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria o si se revoca el arresto domiciliario de Ferreira y su hija, y ordenar que ambos sean recluidos en una cárcel hasta tanto se realice la audiencia preliminar.

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En la presente causa también están acusados Carlos Alberto Gamarra, aduanero, y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, quienes están procesados por presunta complicidad en el hecho investigado. Asimismo, se solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.

La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud Pública.

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