El juicio oral y público para el exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez está ingresando en su etapa decisiva. Hoy concluyó la declaración de los peritos tasadores propuestos por el Ministerio Público y la defensa. Los que declararon ante el Tribunal de Sentencia son Gustavo Lovera, Pedro Talavera, Olga Fleitas, Margarita Ramírez, Ross Franco, Liliana Rojas y Christina Huerta.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, defensor de OGD y su hijo, señaló que los peritos que declararon confirmaron a los jueces que los inmuebles peritados están en su gran mayoría fuera del periodo investigativo, formando parte de sus legítimas posibilidades económicas. Asimismo, expresó que por ejemplo en el caso de OGD, en el período investigado, adquirió un solo inmueble baldío, a finales del 2008.
Agregó que respecto a los inmuebles tasados que están dentro del periodo de investigación, los valores identificados fundamentalmente se encuentran justificados y acordes con el movimiento patrimonial lícito de padre, hijo y Príncipe Di Savoia, por lo que no existe ninguna atribución de ilicitud en este aspecto.
Igualmente el abogado defensor manifestó que los peritos del Ministerio Público no pudieron explicar al Tribunal de Sentencia qué métodos usaron para realizar el trabajo pericial. Añadió que llamó la atención que uno de los peritos expresó que para tasar inmuebles recurrieron a “peluquerías y despensas en la zona”, porque a su criterio manejan “los números de la zona”, refiriéndose a los valores y precios de los inmuebles cuya tasación realizaron, pero que finalmente no arrojó ninguna irregularidad, desvirtuándose la acusación del Ministerio Público.
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Fiscalía sigue sin probar acusación
“Fueron producidas las pruebas documentales y testimoniales ofrecidas por la acusación, base de la pericia. Los elementos aportados indican la realización de actividades lícitas, inclusive desde los años ’70 como origen del patrimonio. No se produjo siquiera una sola prueba que señale un origen ilícito”, expresó el abogado Claudio Lovera, defensor del padre e hijo.
Asimismo, el profesional del derecho sostuvo que el Ministerio Público no tuvo en cuenta varios elementos de prueba que hacen desvirtuar por completo la acusación planteada. Explicó que uno de los hechos más llamativos de la Fiscalía es que ofreció 25 testigos, de los cuales ninguno declaró en sede del Ministerio Público; es decir, los fiscales no sabían lo que estos testigos iban a decir en el juicio.
Lovera también sostuvo que “la Fiscalía no se dio cuenta que de los 25 testigos que citó para declarar en juicio ya cinco fallecieron antes de que se presente la acusación, entre los que está el exsenador Martín Chiola, quien falleció en el 2010, ocho años antes de que se presente la imputación y acusación.
También otro hecho irregular que se le atribuye al Ministerio Público es el caso de Jazmín Vergara, funcionaria fiscalizadora de Tributación, llamada para declarar, pero cuando empezó, explicó que ella no fiscalizó a Óscar González Daher, sino al hermano Ramón González Daher, por lo que se retiró sin que se le hiciera pregunta alguna.
Del mismo modo, durante el debate del juicio oral se pudo constatar que en los cuadros presentados en la acusación fiscal se duplicaron los datos de las propiedades de Óscar González Daher. Esta situación deja mal parado a los fiscales del caso sin dejar de mencionar que el exfiscal y actual ministro Anticorrupción René Fernández fue quien inició la presente investigación.
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El defensor de OGD y su hijo señaló a la prensa que en la fiscalización realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación se verificó que en un periodo de cinco años, OGD tuvo una facturación, producto de los alquileres, de G. 3.000 millones. El abogado reconoce que los fiscalizadores indicaron que no se declararon los impuestos, por lo que si bien habría evasión impositiva, esto indica que las ganancias fueron lícitas, pero que el Ministerio Público no imputó ni acusó a su defendido por evasión.
Según la defensa, pese a la alta bancarización de los dos procesados, ya que utilizaban bastante el sistema bancario, la Fiscalía no investigó las documentaciones que podrían proporcionarles.