Los agentes fiscales Teresita Torres y Luis Said representan al Ministerio Público en el juicio oral iniciado con relación al exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, acusado por lesión de confianza. La Fiscalía sostiene que el acusado originó considerable daño al patrimonio de la citada municipalidad.

El agente fiscal Luis Said comentó que “la Fiscalía concurrió ante el tribunal de sentencia a sostener la acusación contra el exintendente, entendiendo que la conducta del mismo se halla subsumida en el tipo penal de lesión de confianza, siendo ofrecidos y admitidos los medios probatorios para su producción en el desarrollo del juicio”.

La acusación fiscal desarrolla situaciones que derivaron en causar grave perjuicio al patrimonio de la Municipalidad de Lambaré, entendiendo en consecuencia que la calificación se corresponde con la del tipo agravado del Art. 192 del Código Penal. Los agentes fiscales intervinientes entienden que el perjuicio patrimonial es importante.

“Se avanzó en estas primeras audiencias con los planteamientos incidentales, medios incidentales y, ya en el día de la fecha, con la producción de testificales. Con el transcurrir de los días y el desarrollo de este juicio se irán produciendo los demás medios periciales y documentales”, mencionó Said.

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Son seis testigos los admitidos en el acto de apertura a juicio oral y público. La investigación se focalizó y tiene como base los trabajos periciales en el área contable. Por otro lado, hace más de dos meses se dio inicio al juicio oral relacionado a la acusación fiscal sobre aquellos hechos que tuvieron como derivación la caída de la estructura de algunas aulas del Colegio Nacional de Lambaré.

Por su parte, la fiscal Teresita Torres explicó exhaustivamente las irregularidades constatadas con relación a las transferencias de los fondos de royalties y otros, por más de G. 8.000 millones, recursos que debían ser destinados en obras a favor de la ciudadanía.

Detalló que el Licenciado Walter Belotto, quien fue auditor interno de la Municipalidad de Lambaré cuando asumió el cargo el siguiente intendente de esa ciudad, Armando Gómez; detectó las mencionadas irregularidades a través de la realización de una auditoría interna.

“Fue a raíz de esos hallazgos que se realizó la denuncia, porque él detectó varias transferencias realizadas de las cuentas de royalties y pavimentación por más de G. 8.000 millones, y muchas otras irregularidades que corresponden a otras causas”, dijo la representante del Ministerio público.

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“Justamente ellos enfatizaron eso desde el inicio de la investigación. El auditor interno de ese momento también dijo que la cuenta institucional, que se compone de fondos corrientes, se encontraba constantemente en déficit temporal de caja, incluso, hay planillas que serán producidas en el transcurso del juicio, donde se constan que existen entre 400 a 500 días de atrasos en los ingresos percibidos que no fueron depositados en la cuenta institucional”, comentó la agente fiscal.

Agregó que todos esos comportamientos desencadenaron el déficit de caja. También que la contadora explicó que se hacían préstamos para cubrir los salarios.

“Nos preguntamos cómo es que, si hacían préstamos para cubrir los salarios, no depositaban el dinero recaudado. Todo esto obviamente se produjo de manera deliberada, por las acciones de los administradores y el déficit de caja. Nos preguntamos qué sucedió con todo ese dinero, de los ingresos corrientes y de los préstamos que debían ser destinados a salarios y gastos corrientes”, cuestionó la investigadora.