La auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) encontró varias irregularidades en el caso de la malversación de la Caja Bancaria en los fondos de más de G. 2 billones. Según el informe de la CGR, se encontró que en los aportes (patronal y personal) realizados por bancos y entidades financieras con los saldos informados por entidad fue por una cantidad de G. 1,8 billones.
Por otra parte, no fueron revelados en los estados contables al 31 de diciembre del 2018 las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1,5 billones. Algunos de los criterios trasgredidos se encuentra la Ley Nº 1535/99 “De Administraciones Financieras del Estado”, Art. 56, inc. A y b; 57 inc. B y C.
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La fiscala Fátima Capurro acusó y solicitó juicio oral y público el pasado 1 de diciembre para los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines, Ángel Chamorro, Xavie Hamuy, José Caballero y Miguel Oro.
La acusación del Ministerio Público señala que el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó a los responsables que el monto destinado para la ampliación y mejoras en la infraestructura de la sede social Quinta Ykua Ybumi no reunía las condiciones necesarias para su ejecución. Para la realización del mencionado proyecto fueron destinados unos G. 1,6 billones.
La acusación muestra que los gastos realizados por los acusados crecieron desde el 2016, los cuales ascendían a unos G. 59.851 millones. Al cierre del 2018, la Fiscalía estimó que los gastos crecieron a unos G. 101.432 millones. En tanto, al cierre de ese año, los gastos de la caja aumentaron del 69% al 71%.
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PLRA: en dos semanas estará la auditoría de la gestión de Efraín Alegre
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas indicó que la auditoría externa realizada a la gestión administrativa de Efraín Alegre se encuentra en su etapa final y será expuesta a las demás autoridades, afiliados, dirigentes azules y a la ciudadanía en general en menos de dos semanas.
La solicitud de fiscalización fue realizada por convencionales y miembros de la conducción nacional de la agrupación tradicional ante las numerosas irregularidades denunciadas en reiteradas ocasiones y las demandas por falta de pago de las deudas contraídas que generaron embargos y sentencias de llevar a remate locales de comités políticos del PLRA, como el de Capiatá y Ciudad del Este.
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“En esta semana está concluyendo el trabajo que hemos encargado a una consultora bastante reconocida, los trabajos de auditoría empezaron a finales del mes de noviembre y en los primeros días de diciembre del año 2023. En no más de dos semanas se estará presentando oficialmente y públicamente los resultados”, manifestó.
Fleitas dijo que de comprobarse las irregularidades denuncias, no descartan impulsar una denuncia penal contra Alegre. “Nosotros siempre hemos dicho que no apañaremos nada y tampoco vamos a inventar absolutamente nada”, indicó en una entrevista con la 730 AM.
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No obstante, Fleitas sostiene que el principal responsable del colapso financiero del Partido Liberal es Alegre, quien con la finalidad de costear su campaña política a la presidencia de la República en los comicios generales del 2018, violó la Ley del Financiamiento Político.
“Esto ha sido producto de una irresponsabilidad del expresidente Alegre que le sobre endeudó al partido para las elecciones, cuando la ley del financiamiento autorizaba a todos los partidos a gastar hasta un máximo de G. 33 mil millones ¿Qué hizo el expresidente Alegre? Gastó más de G. 56 mil millones por sobre la ley, y por sobre la decisión del directorio que le autorizó a hacer esos gastos sobre el tope máximo”, sentenció.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.
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Buscan a 12 jueces para el caso Trump
- Nueva York, Estados Unidos. AFP.
Más de ocho millones de personas viven en Nueva York, pero solo 12 podrán juzgar al hombre más controvertido del país, y no es un trabajo que todos puedan o se sientan capaces de hacer.
Trump creció en Nueva York, se hizo famoso allí y durante décadas ha formado parte del paisaje de la ciudad. Y, por supuesto, también ha sido presidente y se presenta de nuevo en las elecciones de noviembre para regresar a la Casa Blanca.
En la Gran Manzana es difícil no tener una opinión sobre el republicano, o sobre los múltiples cargos penales que pesan sobre él.
Así que será un reto enorme para el jurado que sea seleccionado pasarse las próximas semanas juzgando a Trump por supuestamente haber pagado para comprar el silencio de una exactriz del cine porno con la que habría mantenido una relación hace casi 20 años.
Los abogados de ambas partes están barajando decenas de posibles candidatos en una búsqueda de neoyorquinos que puedan ser imparciales - y físicamente capaces de asistir al maratón legal.
Los seleccionados deberán decidir por unanimidad si el candidato a la Casa Blanca, de 77 años, es culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales.