Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una mujer de 41 años habría estado prostituyendo a sus hijas menores de edad, según denuncia realizada por Fono Ayuda al Ministerio de la Niñez. La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, allanó ayer la casa de la supuesta victimaria, en el marco de la investigación iniciada sobre el caso.

La intervención fue en Los Cedrales y la mujer fue trasladada hasta la sede fiscal, pero no fue aprehendida. La fiscal refirió que su intervención es porque “una madre estaría explotando sexualmente a sus hijas, las habría obligado a prostituirse”.

Explicó a La Nación/Nación Media que la investigación se centra, por ahora, en una de las hijas, de 13 años, a quien ya la asistió la sicóloga del Ministerio Público, y también fue inspeccionada por el medico forense, cuyos resultados aguarda la agente, para avanzar sobre el caso.

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La mujer se encontraba con tres de sus nueve hijos en el momento del allanamiento y la fiscalía investiga el paradero de los otros hijos, porque la madre no pudo dar la información cierta sobre el destino de los mismos, según la fiscala Coronel.

Para el allanamiento, también tomó intervención la Defensoría de la Niñez que se hizo cargo de los tres niños que estaban en la casa, la niña de 13 años y los otros dos hijos, de 9 y 7 años, quienes ya están bajo resguardo de otras personas.

La fiscal Coronel manifestó que tiene otras informaciones que podrían configurar otros hechos punibles en la causa, pero que prefiere mantener en reserva todavía, porque la investigación es incipiente.

Agregó que la mujer y sus hijos viven en extrema pobreza y se sospecha que otras hijas de la mujer, que ya no están con ella, habrían sido obligadas a lo mismo.

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El ministro del Interior Enrique Riera sostuvo que, respeta pero no comparte la visión de los legisladores de la Cámara de Diputados que han solicitado su renuncia y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras la muerte del diputado Eulalio Gomes, ocurrida ayer durante un allanamiento en su vivienda en Pedro Juan Caballero.

En comunicación con el programa Cuenta Final de radio Universo 970/Nación Media, indicó que si bien no tuvo oportunidad de escuchar los argumentos de los legisladores, ya que durante la jornada estuvo atendiendo otros asuntos urgentes, entre ellos la desaparición de un menor en Canindeyú, el conflicto con los nativos que cierran la calle Artigas, frente al INDI; considera que hubo un apresuramiento en la resolución y sin oportunidad a la defensa.

“Me pareció un poco apresurado porque las investigaciones aún estan en curso, y la información que yo manejo demuestra que los hechos sucedieron como estamos relatando. Las pruebas objetivas de la Fiscalía demostrarán en la brevedad posible, punto por punto lo que sucedió y que fue una desgracia de un allanamiento que debió de terminar de otra manera, pero que tuvo un desenlace extraño por la forma en que reaccionó el diputado y que obligó a la policía a la defensa propia”, explicó.

Remarcó que todas las pruebas serán analizadas objetivamente por la Fiscalía y en la brevedad se tendrá un informe basado en todas las evidencias que fueron tomadas.

“Hay que armarse de paciencia e intentar convencer con argumentos, con hechos objetivos, comprobados, para ir explicando lo que solicitó la Cámara de Diputados; que obviamente tienen colegas que le conocen y están dolidos porque han perdido a un miembro, a un colega. Pero curiosamente, creo que no nos dieron siquiera el derecho a la defensa y la oportunidad de explicar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó” expresó.

Asimismo, el ministro del Interior recordó que la Policía no tiene ni un margen para discutir o cuestionar ni una sola orden judicial. “La policía es obediente, jerárquica, y no deliberante. La orden judicial se cumple, no se discute”, indicó.

Mencionó que todos estos puntos señalados son argumentos generales, que luego se podrán ingresar a tallar, los puntos particulares y específicos y que no justifica el hecho que se pida la renuncia o destitución de quienes ocupan cargos circunstanciales. Más aún en el caso de la policía que son personas profesionales.

“A veces nos equivocamos y creemos que a veces cambiando cabezas se va cambiar un sistema, lo que vamos a hacer es debilitar las instituciones. Porque es probable que no haya uno solo, de los 29 mil policías que se anime a realizar ni una orden judicial y menos a tomar una decisión en donde estuvo en riesgo su propia vida, porque esto seguramente va a comprobar en la brevedad posible la investigación”, acotó.

Respecto a la filmación de la actuación policial, el ministro Riera explicó que aún está en proceso de adquisición de las famosas Body Cam (cámaras corporales) y espera que para fin de año, tanto la Policía Nacional como el Grupo Lince cuenten con este implemento para los operativos especiales.

Indicó que ni en la casa del diputado Gomes, ni en la casa de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, se registró la grabación del proceso, y si bien en las casas había cámara de seguridad, las mismas no guardan registro de las grabaciones.

No obstante, indicó que todo el procedimiento es judiciable, ya que la orden de allanamiento está firmada por un juez del crimen organizado; el operativo en sí se hace con el liderazgo y acompañamiento de los tres fiscales asignados que también son de crimen organizado de Asunción. "

“La orden de allanamiento es muy específica, no es como una orden de desalojo, o un allanamiento más simple, se solicita la colaboración de la policía. En este mandamiento, dice literalmente que se exige dos fuerzas especializadas de la Policía. Una conocida como SIU, que está entrenada por la DEA, es lo mejor de o mejor que tenemos. Mientras que la otra fuerza es la FOPE, que son las Fuerzas de Operaciones Especiales, que ingresó en Tacumbú, no son policías cualquiera, son profesionales”, mencionó.

Argumentó que por estos motivos es que cree y confía en la versión de la policía, así como en las pruebas complementarias que se podrán ver luego en el informe de la Fiscalía.

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Las denuncias por desaparición de personas son constantes ante la Policía Nacional, siendo el sector de menores de edad los casos recurrentes en mayor medida, según datos de la División de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Alto Paraná.

En el departamento se realiza un promedio de 30 denuncias por mes y en mayo se registró la cifra más baja, con 21 denuncias. De este número, el 70 % corresponde a personas menores de 13 a 17 años de edad. Es lo que informó a La Nación/Nación Media, la suboficial mayor Sonia Gauto, de la citada división policial.

El 30 % corresponde a casos de adultos, entre los cuales resaltan personas de la tercera edad con algún problema de salud y se perdieron de sus familiares. La agente policial mencionó que, en el caso de niños y adolescentes son variadas las causas, siendo una de ellos la ida de jóvenes a San Pablo, Brasil, para trabar en condición de inmigrante ilegal y no avisan a sus familiares.

“Hace poco tuvimos el caso de una adolescente de 15 años, se fue a San Paulo, para trabajar en una fábrica y no avisó a su familia, pero al cabo de unos días se comunicó con su gente porque encontró que no era lo que le prometieron, quería volver y no tenía dinero para su pasaje”, explicó la oficial Sonia Gauto.

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Otra situación que suele motivar denuncia por desaparición es la pelea de pareja, donde la mujer salió de la casa y se desconoce su paradero, por cuya causa su familia realiza la denuncia, según la policía. En el caso de los niños, los que están en situación de vulnerabilidad, son los que más desaparecen, aunque unos días después los localicen de nuevo, según la agente policial.

Esta semana, un hogar de niños denunció la desaparición de uno de ellos, pero al día siguiente se comunicó su aparición, porque el niño fue a casa de su compañero para estudiar, según el aviso posterior de los responsables del hogar infantil.

La agente Gauto indicó que en el 70 % de las denuncias el resultado es la aparición de las personas, pero la familia ya no comunica a la Policía y en el registro permanece la desaparición, lo que perjudica el trabajo. Agregó que es un problema para el diagnóstico certero de los casos porque no hay confirmación sobre la localización en números exactos.

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A la joven fallecida el domingo en el Hospital Distrital de Presidente Franco no se le hizo la prueba de alcohol en sangre, tampoco la toxicológica y medicina forense del Ministerio Púbico no pudo realizar la inspección del cuerpo.

Es lo que explicó a La Nación/Nación Media la fiscala Thais García sobre la investigación de la muerte de Luana María Ivonne Fernández Gutiérrez, de 20 años, después de haber amanecido, supuestamente, en una discoteca.

“Todo lo que existe hasta ahora son especulaciones en redes sociales, estamos aguardando los informes de las comisarías de Presidente Franco y Santa Ana, como también la evaluación del resultado del análisis de sangre realizada a la joven antes de su fallecimiento”, refirió la agente fiscal.

También fue solicitado el circuito cerrado de grabación de la discoteca Búnker, del barrio Santa Ana, donde habría estado la joven antes de sentirse mal.

Mencionó que, de acuerdo al reporte médico, solo el análisis básico de sangre se le realizó a la joven en el hospital antes de su deceso y el resultado de esa prueba recibió esta mañana que deberá ser evaluado por el médico forense.

Según indicó, se enteró por redes sociales en horas de la tarde de lo que supuestamente había pasado y se constituyó en el hospital donde la médica de guardia, Lorena Vera y Aragón, le informó lo sucedido.

De los datos recabados en el hospital, la fiscala Thais García dijo que “la médica de guardia no solicitó la prueba de alcohol en sangre y en cuanto al examen toxicológico, no pudo realizarse porque no se obtuvo la orina de la paciente hasta que se produjo su fallecimiento”.

Asimismo, el médico forense fue para hacer la inspección de la víctima, pero no fue posible porque el cuerpo ya estaba con formol, manifestó la agente fiscal.

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Se esperan informes de la comisaría sexta de Presidente Franco, en cuya jurisdicción corresponde el hospital donde falleció Luana María y de la subcomisaría de Santa Ana, en cuya zona está la discoteca Bunker, donde habría estado la joven.

De acuerdo a la información obtenida por la fiscala en el hospital, Luana María llegó alrededor de las 7:00 acompañada por terceras personas, y su deceso se produjo a las 9:17 por “intoxicación aguda alcohólica”.

“Ella fue primero a su casa, allí se sintió mal y la llevaron al hospital; ella contó que estuvo en una discoteca y bebió toda la noche, según me informó el personal médico”, expresó la representante del Ministerio Público.

Agregó: “Ella tenía fuertes dolores de cabeza, mareos, luego empezó a convulsionar, le dio paro cardiaco y falleció”, según el informe entregado por el hospital.

Con respecto a la familia, la fiscala Thais García dijo que esperará el respectivo duelo para luego solicitar la declaración de algunos de ellos y en cuanto a las sospechas de haber ingerido algo en la discoteca, que derivó en su fallecimiento, la agente señaló que todo lo que tiene hasta ahora son especulaciones.

Aseguró que recién con más evaluaciones e informes que faltan, además de la declaración de personas que llevaron a la joven al hospital, podrá tener conclusiones más certeras.

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