La jueza Rocío González hizo lugar a un amparo judicial a favor de un profesional del derecho A.R.D.E para que el mismo pueda recibir la vacuna contra el COVID-19. Ahora el Ministerio de Salud deberá acatar la resolución dictada por la Justicia o en su defecto apelar el presente fallo judicial.
La citada magistrada señala en su resolución que “el análisis del escrito inicial y de la prueba documental presentada por el accionante surge que el abogado es una persona que por su condición de salud diagnosticado con asma bronquial, asimismo de alergia al polvo y a los ácaros resulta encontrarse en una situación de vulnerabilidad por lo que existe un verdadero peligro de ser gravemente lesionado en sus derechos de no resolverse la cuestión de manera inmediata por lo vía del amparo”.
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Además la magistrada refiere que corresponde hacer lugar al amparo y ordenar que el accionante se registre para agendar su inmunización ante el vacunatorio que le corresponda, menciona la determinación judicial. Este es uno de los primeros casos que por orden judicial se ordena el acceso a la vacuna contra el coronavirus.
En caso que el Ministerio de Salud decida apelar el presente fallo judicial será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia o revocar la presente determinación adoptada por la jueza González.
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Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas
La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.
Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.
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Los siete imputados se encuentran acusados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.
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Por mayoría, Comisión del Senado recomienda desafuero de Mario Abdo Benítez
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores emitió en la fecha un dictamen a favor, con 5 votos, por el desafuero del senador vitalicio y expresidente Mario Abdo Benítez. En tanto, que 3 legisladores votaron en contra y otros 3 se abstuvieron.
Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Javier Zacarías Irún, explicó que tras la deliberación encontraron que se reúnen todos los criterios para otorgar el desafuero solicitado por el propio afectado.
Este martes, la comisión asesora convocó al senador vitalicio Mario Abdo, o en su efecto a sus abogados defensores para responder o explicar acerca de la acusación que pesa en su contra por el caso de las filtraciones de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) durante su mandato. Sin embargo, no convocaron a la contraparte, que es la defensa del expresidente de la República, Horacio Cartes, para que puedan brindar igualmente su versión de los hechos.
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Al término de la reunión, Zacarías Irún explicó que el artículo 17 de la Constitución es muy clara al hablar del debido proceso. “A nuestro criterio, absolutamente no se ha avasallado, ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución. Ahora el resto de lo que se cuestione, debe ser analizado por los fiscales y jueces de la República del Paraguay. Nosotros no somos los jueces, qué debemos decir si está bien o está mal, si es culpable o es inocente. Eso le compete a la Justicia resolver. Nosotros lo único que debemos analizar es si se cumple con el artículo 17 de la Constitución nacional”, insistió.
Remarcó que, en este caso, existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero; así como existieron en los casos en que los senadores activos fueron solicitados sus desafueros y fueron aprobados. “Creo que nosotros no podemos obstruir el estudio o investigación de la Justicia, cuando no se refiere a opiniones que pudiéramos haber dado como senador de la nación. Cuando se trata de delitos comunes, creo que tenemos la obligación de dar el desafuero para cualquier senador de la república”, acotó.
Desafuero con “piolita”
Por otra parte, el senador Zacarías Irún señaló que, al contar ya con los dictámenes en ambos sentidos por parte de los miembros de la comisión, el tema ya podría ser incluido y analizado en la sesión ordinaria de este miércoles de la Cámara de Senadores.
El legislador, señaló que detrás de este pedido de desafuero solicitado por el propio afectado, le da la impresión de que, hay otros intereses, ya que mientras Abdo dice en redes sociales que personalmente solicita su desafuero, a un año que la Justicia haya solicitado el mismo; mientras que sus aliados buscan por todos los medios, trabar el avance del estudio en el plenario, o bien oponiéndose a la aprobación.
“Ahora, lo que sí me llama la atención es el pedido con piolita que realiza Mario Abdo, con relación a que se otorgue su desafuero. Digo esto, porque si realmente uno quiere su desafuero y realmente buscas adherirte a los mandatos de la justicia, no tenés temor a ser investigado. Ahora, si yo digo que quiero el desafuero por una cuestión política, por una cuestión de populismo, o quiero el desafuero con piolita, mientras tanto quedarme escudado en mis fueros mientras mis amigos son juzgados; entonces hay otra cosa. Por eso, a mí me llama la atención, porque ahora sus aliados rechazan el desafuero”, acotó.
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Parque Guasu Metropolitano: jueza elevó a juicio oral proceso penal de acusado por coacción sexual
La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.
También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.
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Vínculo de Cartes con Israel expone el terrorismo de Estado en la era Abdo
“Esto tiene un gran mensaje político, se da en un momento muy importante”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la visita realizada por el expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a Israel. Agregó que el acontecimiento terminó demostrando la instalación de un esquema de terrorismo de Estado y persecución política contra su cliente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Cartes fue invitado por el estado de Israel para hablar de la lucha contra el antisemitismo, justamente cuando la sanción más grave de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos se centró sobre este punto”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las sanciones aplicadas por el país norteamericano al empresario derivaron de las acusaciones sobre los presuntos vínculos que mantiene con Hezbolá. La campaña de vincular a Cartes con el grupo terrorista, considerado como uno de los principales enemigos de Israel fue impulsado por el abdismo en confabulación con poderosos medios de comunicación y una oposición sumisa.
“Se demostró que fue una campaña de denuncias falsas, montada por el exgobierno. En marzo del año 2022 ellos enviaron un informe manipulado y falso a FINCEN en EE. UU., lo que derivó en su sanción en julio del 2022″, comentó Ovelar.
El intento de vincular a Cartes con el grupos terroristas fue desplegado con fuerza en junio del año 2022, meses antes de los comicios internos del Partido Colorado, que se desarrollaron el 18 de diciembre del mismo año. En ese entonces, el líder de Honor Colorado y el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, disputaban la titularidad de la Junta de Gobierno de la nucleación.
Llamativamente, la campaña también fue desatada en el marco de los comicios presidenciales realizados el 30 de abril del mismo año. El esquema contó con una activa participación del entonces embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de acuerdo a las denuncias realizadas por cercanos a Cartes.
Antecedentes
Uno de los puntos centrales del intento de vinculación a Cartes con terroristas fue la falsa denuncia impulsada por el entonces ministro de la Seprelad, René Fernández, quien sin fundamentos ni argumentos denunció a la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por posibles conexiones con el terrorismo, en el famoso caso conocido como el “avión iraní”.
La industria tabacalera tenía en ese entonces entre sus principales accionistas a Cartes. La acusación formulada en el gobierno de Abdo Benítez apuntaba a generar no solo un daño político, sino también moral y económico para sacarlo de la arena electoral.
Mediante discursos coordinados, el abdismo instaló con fuerte respaldo de medios aliados que la aeronave con matrícula venezolana YV3531 transportaba en su interior a tripulantes relacionados con supuestos grupos terroristas. Las 18 personas incluso fueron involucradas de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbolá de Líbano.
El avión hizo una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7.086 cajas de cigarrillo vendidas por la firma Tabasa a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba. Recientemente el Ministerio Público requirió la desestimación de la causa al no encontrarse elementos que sustenten la acusación.
“La desestimación de la causa ratifica la falsedad así como la persecución a un inocente orquestado desde el anterior gobierno. Acá hubo un presidente que en convivencia con el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, montaron todo este show mediático, político que está hoy en día absolutamente desbaratado”, sentenció.