El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia levantó la suspensión del rematador público Atilio Estigarribia, quien sin motivo fue suspendido en su momento en el 2017. Los ministros de la máxima instancia judicial, Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y César Garay Zuccolillo firmaron la resolución donde se le vuelve a habilitar para que pueda trabajar nuevamente.
En su momento, la Superintendencia General de Justicia, institución encargada de realizar los sumarios a los profesionales y rematadores públicos, en su dictamen recomendó levantar la suspensión de Estigarribia ya que en el sumario instruido al rematador no se encontró ninguna irregularidad en la actuación del mismo.
Te puede interesar: Caso Renato: acusan y piden juicio oral para médica por homicidio culposo
Asimismo, durante el sumario administrativo se agregó un documento del Ministerio Público en el que se informa que no existe ninguna investigación fiscal contra el rematador Atilio Estigarribia.
Antecedentes
La fiscala Zulma Britos abrió una carpeta fiscal contra algunas personas, todas rematadoras de profesión, pero no así contra Atilio Estigarribia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo suspendió de forma arbitraria, pero tras una investigación interna se pudo comprobar que el rematador no realizó ninguna irregularidad, por lo que ni siquiera fue investigado.
Dejanos tu comentario
Mario Abdo y su entorno siguen evadiendo a la Justicia
Unidad de Investigación Nación Media
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
Lea más: Sector liberal busca “un nuevo Mesías” para guiar a la oposición, dice diputado
Giuzzio, el último beneficiado
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
Lea también: Raúl Cano Ricciardi fue nombrado embajador ante la ONU en Ginebra
Lo que dice la carpeta fiscal
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
Podes leer: Sector liberal busca “un nuevo Mesías” para guiar a la oposición, dice diputado
La única condenada… hasta ahora
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
Leé también: Raúl Cano Ricciardi fue nombrado embajador ante la ONU en Ginebra
Otro amigo de narcos
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
Abdo, Arregui, Fernández, Giuzzio y Espínola
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
Dejanos tu comentario
IPS evalúa convenio con universidad chilena para capacitación de recursos humanos
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez viajó a Chile a partir de una invitación realizada por la Universidad Autónoma de Chile, oportunidad donde se evaluaron diversas situaciones y posibles convenios que sean beneficiosos para ambos y que posibilitaría a los profesionales de la previsional acceder a especializaciones.
“Sobre todo en la parte formativa y educativa que ellos tienen y que pueden proporcionarnos, nosotros estaríamos muy contentos con que nuestros profesionales accedan a una formación posgrado. Es una universidad fabulosa que tienen más de 50.000 estudiantes, entre ellas las ciencias de la salud, no solo medicina sino también otros campos”, indicó en conversación con “Fuego Cruzado”, emitido por GEN/Nación Media.
En este espacio, y con presencia del consejero Carlos Pereira, se abordaron otros temas como las declaraciones del también integrante del Consejo de Administración, Aníbal de los Ríos, cuyas manifestaciones generaron disgustos en ciertos sectores por ser tomadas como discriminativas hacia los centros del interior del país.
“Lo que él estaba queriendo demostrar es que el IPS tiene hospitales de alta complejidad como el Ingavi y el Hospital Central, tiene hospitales en las cabeceras departamentales, Unidades de Salud Familiar, lo que él decía es que era muy difícil de que en el interior se puedan hacer estudios laboratoriales, de endoscopía, todo el estudio clínico integral, estaba poniendo como un ejemplo y ahí es donde ocurrió eso”, aclaró.
Deudas
Pereira manifestó que un tema común de debate es la deuda de la previsional para con diversos sectores, pero poco se habla es de quienes adeudan al IPS, entre ellos el propio Estado, las más de 40.000 empresas que deben en concepto de aporte obrero patronal y la situación de inmuebles que no generan renta para la institución.
“Aguardamos la formalización de la ley del 2,5% que llevó su tiempo, en este momento está en el Parlamento y creemos que se va a resolver en la brevedad posible, eso nos va a dar pie para instrumentar y diseñar un modelo que nos permita honrar la diferencia de lo que el IPS todavía adeuda hay que reconocer que acaba de culminar el proceso de cesión de cobros de los proveedores que ha representado USD 393 millones”, detalló Pereira.
El consejero indicó que esa amortización ha sido muy importante para poder mover la economía del IPS y cumplir con las proveedoras, quienes estaban aguardando que las deudas sean honradas y al mismo tiempo, para evitar que se suspenda la provisión de medicamentos a los asegurados. Por su parte, Britez indicó que el acuerdo al que llegaron los proveedores fue clave para evitar posteriores reclamos.
Ambas autoridades del IPS coincidieron en que se necesita una amplia reforma desde el punto de vista de la carta orgánica, pero que esta debe ser gradual, mejorando los gastos y aumentando las recaudaciones. Asimismo, recuperar los fondos de jubilación que se han perdido durante la pandemia, además de otros elementos.
“Hicimos la primera licitación de gran volumen, medicamentos, equipos biomédicos. En principio recibimos una institución con una crisis económica y tuvimos que ajustar por el camino. IPS es reparar un avión en vuelo y no es fácil, hay muchas cosas que vamos a tener que ir resolviendo por el camino pero hay que hacer y dar respuesta”, sostuvo.
Dejanos tu comentario
IPS pide a la Corte apertura de auditoría por retraso en ejecución hipotecaria
El presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, mediante la dirección de asesoría jurídica presentó otra denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se abra una auditoría sobre el caso de préstamo hipotecario que lleva varios años sin llegar a su ejecución. Además solicitan que el caso sea resuelto, teniendo en cuenta que la demanda ya data del 2002.
El 3 de octubre pasado, el ente previsional había pedido también a la CSJ que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002.
El director de la asesoría jurídica del IPS, Dr. José González, explicó en comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, que la denuncia presentada ahora tiene que ver con la demanda de una ejecución hipotecaria por valor G. 6.657.504.067 iniciada en el año 2002 contra OMSA S.A (Administración e Inversiones S.A) sobre ejecución hipotecaria y prendaria expediente N° 689 AÑO 2002, que obra en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Duodécimo Turno, Secretaria N° 23.
Le puede interesar: Líder Amarilla aseguró que trabajará por la institucionalidad del PLRA
“Esta deuda es originada de una cesión de créditos hipotecarios de varias empresas, realizada por el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) a favor del IPS, según escritura pública nº 98 de fecha 11 de Agosto de 1997, pasada ante la escribana Gladis Esquivel de Cocco, cesión que fue debidamente notificada a los deudores cedidos en cumplimiento a lo establecido por la ley. Asimismo, los deudores por nota dirigida al IPS en fecha 21 de febrero de 2000 reconocen la suma reclamada en el presente juicio”, explicó.
Mencionó que durante el juicio se presentaron una serie de excepciones, así como también incidentes de caducidad, y desde el año 2014 se encuentra firme la providencia de “autos para resolver”, pendiente de resolución de las excepciones presentadas que fueron debidamente contestadas.
Indicó que el objeto de la demanda es cobrar la suma superior a G. 6.657 millones, caso contrario ejecutar la hipoteca, que está garantizada con varios inmuebles que se encuentran en la zona del Chaco y en zona de Ypané. Aún no tiene sentencia de remate, por lo que todavía no se procedió al remate de los bienes hipotecados y embargados en juicio, ante la desidia y mora judicial.
Pedido de Auditoría
El asesor jurídico, explicó que este retraso en la ejecución hipotecaria motivó a solicitar la auditoría a la Superintendencia de la CSJ, a fin de deslindar responsabilidades, ante la eventual desidia de las anteriores autoridades del IPS, y que el resultado de esta auditoría se remita al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
“El expediente se encuentra pendiente de resolución de las excepciones de nulidad, inhabilidad de título y prescripción, planteadas por la firma OMSA S.A. desde el 22 de setiembre 2004, quedando pendiente de resolución desde el 9 de marzo de 2007, con la providencia de autos para resolver”, explicó.
Mencionó que desde entonces no se ha dictado sentencia. Sin embargo, señaló que en una verificación puntual realizada por el Departamento Judicial, notaron dos hechos relevantes que ameritan una investigación a los efectos de analizar la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e inclusive de los abogados de la Dirección Jurídica”, explicó.
Agregó que de acuerdo con la Nota N° 3004/19 de fecha 3 de junio de 2019, el director del Archivo General de los Tribunales remitió el expediente de vuelta al Juzgado, sin existir ninguna constancia o razón por la cual el expediente se remitió a archivo, y cuándo se remitió.
“Esto causó un gravamen en vista a que el expediente se encontraba en estado procesal: pendiente de resolución - de las excepciones presentadas desde el 2007, pero el expediente fue archivado por el Juzgado. No existen explicaciones legales, procesales ni administrativas para este acto de irresponsabilidad, que mantuvo en estado de suspenso los derechos de la institución. El notable retraso para la resolución del expediente es un tema, además, gravísimo y pasible de investigación, pretendiendo dilucidar quiénes son los responsables de este retraso que causa un importante perjuicio al IPS”, comentó.
Siga informado con: Peña encabezó una reunión interinstitucional sobre Plan de Acción del Gafilat
Dejanos tu comentario
IPS pide a la Corte auditoría del expediente sobre ejecución hipotecaria
El Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó a la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002″.
Este juicio, que comenzó el 26 de setiembre de 2002, se encuentra sin tener los avances correspondientes en el juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del octavo turno, y el monto de la demanda es de un monto superior a los G. 18.617 millones.
Desde la Dirección Jurídica de la previsional señalaron que el juicio cuenta con más de 10 años y que antes nadie impulsó desde el IPS para apurar el proceso y permitir la ejecución hipotecaria, considerando la sustracción de hojas del expediente.
Lea más: Unidad fiscal logró 15 condenas en casos de estafas por medios informáticos
“Ante esta situación, denunciamos ante la Superintendencia de Justicia, y pedimos una auditoría interna y externa para deslindar responsabilidades e identificar a los responsables, de todas las personas que intervinieron en el proceso por la desidia”, aseveró el director jurídico, Dr. José González.
Según la denuncia existen hechos relevantes que ameritan una investigación sobre la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e incluso de los abogados de la Dirección Jurídica de IPS, que corresponden al año 2002 en adelante.
De acuerdo con el Informe del entonces actuario, Abg. Alexis Mendoza, de fecha 8 de mayo de 2012, señala que las fojas 1 al 43 de los autos caratulados “Reconstitución del expediente : IPS C/ Espigal S.A. sobre ejecución hipotecaria”, no se encuentran glosados a autos.
La denuncia señala que los folios faltantes fueron buscados en los armarios de la secretaría de la Dirección Jurídica de IPS y no fueron encontrados.
Los documentos a los que hace alusión se tratan nada más y nada menos que del Estado de Cuenta de la demandada, la cesión de derechos al IPS y una nota en la que la empresa privada reconoce la deuda y el monto. Es decir, que la “parte extraviada” desapareció, dice parte de la denuncia presentada por la entidad previsional.
Actualmente, varios juicios son objeto de auditorías, tanto internas como externas, a los efectos de investigar y deslindar responsabilidades en el desempeño de los funcionarios, respecto al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, para con la Institución. Si el caso amerita, los antecedentes deben ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, señala la denuncia presentada.
Te puede interesar: Identificaciones no puede entregar 4.000 cédulas por falta de insumos