La jueza Rosarito Montanía fijó para el 16 de junio a las 9:30 la audiencia de imposición de medidas cautelares para los exsecretarios de Juan Ernesto Villamayor, exjefe de Gabinete Civil de la Presidencia, imputados por tráfico de influencia tras haber solicitado la suma de US$ 2 millones a los abogados del empresario brasileño Darío Messer, para brindarle garantía y resoluciones judiciales a favor.
Los que deberán comparecer ante la justicia el próximo 16 de junio son María Lorena de Barros Barreto y Diego Di Stefano Mónaco, en tanto que el imputado José Ramón Bogado planteó varios incidentes al inicio del proceso penal por lo que se tendrá que estudiar primero el planteamiento hecho por la defensa del imputado para luego fijar la fecha para que el mismo se pueda someter a la justicia.
Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz imputaron por tráfico de influencia a los exsecretarios del exministro del Interior y exjefe de Gabinete Civil de la Presidencia Juan Ernesto Villamayor. Los imputados solicitaron la suma de US$ 2 millones a los abogados de Darío Messer para obtener fallos favorables en la justicia.
Te puede interesar: Fiscal confirma que dio con paradero de dos jóvenes que estaban desaparecidas
La imputación fiscal señala que “en las diligencias llevadas a cabo por parte del Ministerio Público surge con claridad que los imputados María Lorena de Barros Barreto, Diego Di Stefano y José Ramón Bogado Cardozo se pusieron de acuerdo para poder solicitar la suma de US$ 2 millones a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, representantes de la defensa del señor Darío Messer por obtener respuestas favorables en el Poder Judicial y en el Ministerio del Interior para garantías del prófugo respecto de la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar estos profesionales del derecho en representación de Messer y tal suma de dinero solicitada sería destinada concretamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior, ante quienes invocaban tener influencias”.
Asimismo, en el documento se menciona que “el pedido de dinero fue materializado a través de reuniones personales que se llevaron a cabo entre el 23 de abril del 2019 y el 04 de mayo del mismo año, periodo en el cual también hubo comunicación telefónica y por Whatsapp entre Lorena de Barros y la abogada Leticia Bóveda en donde la primera de ellas era quien insistía en que se llevara adelante tales reuniones”.
También dice el acta de imputación que “de acuerdo a los elementos de sospecha los tres imputados pidieron la suma de US$ 2 millones para ejercer sus influencias con miembros de la Corte y con el entonces ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor con el fin de obtener y asegurar resultados favorables a favor de Darío Messer. El dinero iba a ser distribuido en US$ 1 millón para Juan Ernesto Villamayor y el otro US$ 1 millón para los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Está atribución que realiza el Ministerio Público surge de una secuencia entre las reuniones que se mantuvo entre los imputados y los representantes de Messer”, menciona el escrito del Ministerio Público.
Según los investigadores el imputado Diego Di Stefano se presentó ante los abogados de Messer como el supuesto nexo o vínculo con la influencia suficiente ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia como para poder obtener favores judiciales a cualquier planteamiento que sea realizado por Darío Messer y sus abogados. Incluso hasta aseguró la obtención de un hábeas favorable ante la propia Corte Suprema de Justicia como para evitar la extradición a la República Federativa del Brasil y mantenerlo en el país.
El imputado José Bogado se presentó ante los representantes legales de Messer como el nexo del entonces ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor por ser secretario privado del mismo y por ende tenía toda la confianza del exsecretario de Estado. Bogado sería el que tendría que hacer llegar el dinero pactado a Villamayor, según investigación fiscal.
En el caso declararon los abogados de Messer, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano así como el comisario Nimio Cardozo y otras personas más. Los fiscales Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron seis meses de tiempo para poder culminar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo.