La ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica se apartó de estudiar la acción de inconstitucionalidad que presentó la Itaipú Binacional contra la resolución Nº 236 de la Contraloría General de la República de fecha 30 de abril de este año, en que se dispone la realización de una auditoría financiera de los fondos destinados a los gastos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, margen derecha, lado paraguayo.

La ministra se inhibió debido a que la acción presentada por la Itaipú lleva la firma del abogado Daniel Mendonca, de quien siempre se aparta. Ahora se buscará el reemplazante de Bareiro de Módica en la Sala Civil de la máxima instancia judicial.

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Acción de inconstitucionalidad

La Itaipú sostiene que “el artículo 283, inciso 4 de la Constitución Nacional, deja claro que toda intervención del contralor general de la República respecto a las entidades multinacionales debe efectuarse en el marco de sus respectivos tratados”.

Sostiene que en el caso concreto de la Itaipú Binacional, constituida por el Tratado de Itaipú, aprobado por Ley Nº 389/73 de la República del Paraguay, “no se contempla la participación del contralor general de la República en la fiscalización y auditoría de sus cuentas”.

Alegan además que el acuerdo, con lo previsto en el Tratado de Itaipú y sus anexos correspondientes, “la fiscalización contable de la entidad la ejercen las altas partes contratantes a través de sus respectivas empresas asociadas, Eletrobras y Ande, y una auditoría externa ejerce el control contable de todos los aspectos relacionados con su desenvolvimiento económico, financiero y patrimonial”.

Además, sostienen que “tanto el tratado constitutivo como los anexos, especialmente el A, que da el manejo de la Itaipú Binacional, no establecen la fiscalización por parte de autoridades fiscalizadoras nacionales de ambos países, sino que rige por estar dentro del concepto del derecho internacional por auditorías externas”.

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