El juez penal de Garantías Rolando Duarte decretó la prisión preventiva de Elián Fernando López Torres. El procesado debe cumplir la orden judicial en la penitenciaría de Tacumbú. La resolución se da en el marco de la audiencia de imposición de medidas que se realizó en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.

López Torres fue imputado por lesión grave tras arrojar una copa de vidrio a una joven de 20 años, según informó el periodista Aldo Ynsfrán de La Nación/Nación Media.

La víctima, Dahiana Benítez quedó con ceguera debido a que perdió el ojo tras la brutal agresión ocurrida dentro de un local nocturno. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por existir peligro de obstruir la investigación, además de peligro de fuga.

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La defensa solicitó al Juzgado el arresto domiciliario y ofreció como caución real como un inmueble y alegó el trabajo y enfermedad de la madre a fin de evitar la cárcel y permanecer en su casa. Además, anexó captura de pantalla de que realizó pagos como prueba de que estuvo asistiendo a la víctima.

Tras el estudio correspondiente, juez determinó la prisión preventiva de López Torres, quien se entregó el martes, tras viralizarse su imagen y luego de la resolución de la Fiscalía de ordenar su captura. En las próximas horas el hombre será llevado a la Penitenciaria de Tacumbú, previo paso por el Departamento Judicial de la Policía Nacional.

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El delicado estado de salud de Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, imposibilitó realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se debía resolver si el autor del terrible accidente iba a ser derivado a la cárcel de Tacumbú. Sanabria Vierci está imputado luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino, donde fallecieron varias personas entre ellas una diplomática alemana.

La jueza penal de Garantía de Caacupé se constituyó hasta el sanatorio privado donde está internado el imputado Sanabria Vierci y debido al delicado estado de salud del mismo no se pudo llevar a cabo la diligencia judicial. Se esperará que mejore su cuadro clínico para que se pueda realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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En la mañana de este martes se dio la audiencia de imposición de medidas cautelares para Alexandre Rodrigues Gomes y Óscar Daniel Cabrera Pinazo, ante el juez Osmar Legal, en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado.

La audiencia se llevó a cabo de manera telemática y en la misma el magistrado decidió aprobar el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva para el hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y del ciudadano brasileño, ambos imputados ayer por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal.

Alexandre Gomes se encuentra actualmente recluido en la Agrupación Especializada y es asistido por el abogado Óscar Tuma, en tanto que Óscar Cabrera se encuentra guardando reclusión en las instalaciones de la Interpol, mientras el Ministerio de Justicia determine a qué centro penitenciario serían trasladados.

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Según los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, quienes se encuentran al frente de la investigación, todos los imputados en esta causa contarían con fuertes nexos con una estructura criminal que se dedicaría al lavado de dinero para la organización narcotraficante liderada por Jarvis Chimenes Pavão, quien se encuentra cumpliendo una condena en el Brasil.

Teniendo en cuenta que durante el allanamiento realizado por el Ministerio Público, con participación de la Policía Nacional, resultó muerto el diputado colorado Eulalio Gomes, quien recibió dos impactos de bala, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes logró conseguir un permiso especial para asistir al velorio de su padre y poder despedirse del mismo.

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“Es muy grave la acusación considerando que esta administración se caracteriza justamente por perseguir la sustracción de energía eléctrica”, indicó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, ante la acusación realizada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien señaló que altos directivos y funcionarios de la institución solicitan una supuesta coima a las criptominerías que operan de manera ilegal.

Buzarquis dijo que facturan en promedio la suma de USD 500.000 y que Sosa no puede desconocer la situación, razón por la cual solicitó su renuncia o su interpelación. Sin embargo, el titular de la entidad en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media sostuvo que bajo su administración se logró con el Ministerio Público la apertura de 71 causas penales contra los responsables de la comisión del hecho ilícito.

“Es una difamación a la Ande, principalmente a nosotros, pero estamos muy conscientes de todo lo que estamos haciendo. Lastimosamente este señor Buzarquis tomó la bandera de que no se tiene que subir (la tarifa a criptominerías), él sabrá los motivos”, sostuvo a la 1080 AM.

Sosa consideró que la acusación sería una represalia por el reajuste del costo de la tarifa a criptominerías. “Esto surge a raíz de la decisión tomada por la Ande de actualizar las tarifas del grupo de consumo intensivo especial que realiza las actividades de criptominerías en Paraguay. La Ande fue la única institución que le abrió las puertas a esta actividad, creando una tarifa exclusivamente para la minería”, explicó.