Este jueves se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para los exsecretarios de Juan Ernesto Villamayor, quienes están acusados de supuestamente haber solicitado una millonaria coima al empresario brasileño Darío Messer.

La diligencia judicial se pospuso debido a que el imputado José Bogado cuestionó la fijación de la diligencia judicial que se debía desarrollar el día hoy. Mientras que para los demás procesados se pospuso porque los imputados no asistieron para la audiencia. Ahora el Juzgado Penal de Garantías deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia para la imposición de medidas cautelares.

Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz imputaron por tráfico de influencias a José Ramón Bogado, María Lorena de Barros Barreto y Diego Di Stefano Mónaco, exsecretarios del exministro del Interior y del Gabinete Civil de la Presidencia Juan Ernesto Villamayor. Los imputados solicitaron la suma de US$ 2 millones a los abogados de Darío Messer para obtener fallos favorables en la justicia.

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La imputación fiscal señala que en las diligencias del Ministerio Público surgen con claridad que los imputados se pusieron de acuerdo para solicitar la suma de US$ 2 millones a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, representantes de la defensa del señor Darío Messer. El dinero fue solicitado para obtener respuestas favorables en el Poder Judicial y en el Ministerio del Interior para garantías del prófugo respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar estos profesionales en representación de Messer “y tal suma de dinero solicitada sería destinada concretamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior ante quienes invocaban tener influencias”, indica parte de la imputación.

Asimismo, mencionan que el pedido de dinero fue materializado a través de reuniones personales que se realizaron entre el 23 de abril del 2019 y el 4 de mayo del mismo año, periodo en el cual también hubo comunicación telefónica y por WhatsApp entre Lorena de Barrios y la abogada Leticia Bóveda, en donde la primera de ellas era quien insistía en que se llevara adelante tales reuniones, reza parte de la imputación fiscal.

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