El director del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, explicó que la autopsia practicada al cuerpo de Isaura Bogado arrojó como conclusión preliminar que la misma falleció a causa de asfixia. El cuerpo de la joven se encontró ayer miércoles en horas de la tarde en la ciudad de Ñemby.
Lemir manifestó que: “El cuerpo llevaba 30 días en el lugar donde se encontró, pero podrían ser más”. Agregó: “Hoy más que nunca se aplica la frase en medicina, el tiempo que pasa es la verdad que se aleja y nosotros necesitamos evidencias biológicas, pero estas se van perdiendo a lo largo del tiempo en el caso de los fallecimientos”, indicó.
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Asimismo, explicó que “hay tejidos blandos ya descompuestos y más elementos no tenemos para dar certezas” concluyó el experto. Acotó que “es escasísima la información que podemos dar porque el cuerpo ya se encontró casi en estado de esqueletización y en este caso lo máximo que podemos hacer es presumir”, dijo Lemir.
El Ministerio Público se encuentra investigando varias aristas en el presente caso. Se analizará la tarjeta de transporte público que utilizaba la joven para tener conocimiento de los colectivos que abordó antes de su desaparición. Además se analizará el cruce de llamadas de su teléfono celular para conocer sus últimas ubicaciones.
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Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Maradona “estuvo en agonía” antes de morir, dicen médicos
- San Isidro, Argentina. AFP.
Diego Maradona “estuvo en agonía” antes de morir y sus médicos debieron haber previsto su cuadro, dijeron ayer jueves dos de los médicos que hicieron su autopsia, en el juicio a profesionales de la salud acusados por el fallecimiento del exfutbolista en Argentina hace cuatro años.
Había “signos de agonía” en el corazón, afirmó Mauricio Cassinelli, médico legista que examinó el cuerpo en la casa donde murió Maradona en la ciudad de Tigre, al norte de Buenos Aires, y en una autopsia que se hizo pocas horas después en San Isidro, donde se realiza el juicio. Casinelli señaló que la agonía podría haber comenzado “por lo menos 12 horas” antes de la muerte del ídolo, que la autopsia fijó entre las 9:00 y las 12:00 locales (12:00 y 15:00 GMT) del 25 de noviembre de 2020.
Maradona venía acumulando agua en sus pulmones desde hacía “al menos 10 días” antes de su fallecimiento a causa de una insuficiencia cardíaca y una cirrosis hepática, según Casinelli, que consideró que los enfermeros y médicos deberían haber advertido los síntomas antes del desenlace. El corazón “pesaba casi el doble de lo que pesa uno normal para una persona adulta”, apuntó el médico. En la autopsia tampoco se detectó “ni alcohol ni tóxicos” en el cuerpo.
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También testificó este jueves Federico Corasaniti, otro de los médicos que participó de la autopsia, cuyo testimonio fue similar al de Cassinelli y coincidió en que “hubo agonía”. Corasaniti dijo que el cuadro no fue “ni súbito ni imprevisto” y que era fácilmente detectable: “Era simplemente apoyarle un dedo en las piernas, palparle la panza, agarrar el estetoscopio y auscultarle los pulmones, ver la coloración de los labios”, señaló.
El primer médico había indicado que también el cerebro pesaba más de lo normal, así como los pulmones, que estaban “llenos de agua”. Ambos coincidieron en que la causa de muerte fue “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada”.
Casinelli dijo además que la casa donde murió Maradona no le pareció “un lugar adecuado a una internación domiciliaria”. Los abogados defensores no hicieron muchas preguntas a los testigos y aguardan a que comparezcan otros peritos con versiones distintas a las expresadas en la sesión que concluyó cerca de las 17:00 (20:00 GMT) de este jueves.
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El juicio
Durante la audiencia que tuvo lugar en San Isidro, un suburbio de Buenos Aires, se reprodujeron fotos de la autopsia a Maradona. Una de las hijas del astro, Jana, estuvo presente tras declarar como testigo el martes, pero se retiró de la sala antes de que se proyectaran estas imágenes. El martes, otro de los testigos, el excustodio de Maradona, Julio Coria, había sido detenido acusado de falso testimonio.
Su abogado, Gastón Marano, dijo este jueves a periodistas en las puertas del tribunal que “va a hacer una declaración por escrito” entre el jueves y el viernes. Mientras tanto, Coria sigue bajo custodia policial. Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte de la malograda estrella. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.
El ídolo del argentino Boca Juniors y el italiano Nápoles falleció durante una internación domiciliaria mientras estaba bajo el cuidado de los acusados, tras una neurocirugía. Varios testigos, entre ellos los policías que entraron a la casa tras la muerte del ídolo del fútbol y los primeros médicos en llegar, destacaron la ausencia de equipos médicos en el lugar.
Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio y se espera que declaren decenas de testigos. Los acusados defienden su inocencia y arriesgan entre 8 y 25 años de prisión. La próxima audiencia será el martes y la fiscalía aún no adelantó quiénes serán los testigos.
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Muerte de Lalo: juez se opone a desestimar denuncia y fiscal general tendrá la última palabra
El juez penal de garantía de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación que solicitaron los agentes fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said en relación a la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrida en la madrugada del 19 de agosto del año pasado, en un allanamiento fiscal.
Con la presente resolución judicial, será el fiscal general del Estado quien defina si dictamina a favor de la desestimación o recomienda al juzgado penal de garantía seguir con la presente investigación fiscal.
En su resolución, el magistrado Areco sostiene que “me mantengo en mi oposición, conforme a los fundamentos del A.I. N° 218 de fecha 13 de marzo del 2025, en consecuencia y de conformidad a lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dice disponer la remisión nuevamente de las actuaciones al Ministerio Publico, para que el fiscal general del Estado peticione nuevamente o ratifique lo actuado por los fiscales inferiores, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”, según la determinación adoptada por el magistrado Areco.
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De acuerdo a los hechos, el fallecimiento del diputado se registró el pasado 19 de agosto del 2024, a las 3:00, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, acompañados por los agentes de la Policía Nacional y los asistentes fiscales.
De acuerdo al Ministerio Público se determinó que los intervinientes que estuvieron en el hecho son los agentes policiales Pablo Torales y Carlos García. Este último fue el que disparó los tiros mortales contra el legislador. Conforme con la conclusión de los fiscales, el hecho se produjo en defensa propia, ya que el diputado también había disparado contra los intervinientes, por lo que habría existido una causa de justificación.
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